Muestran interés por la deuda del gobierno

Mientras el equipo de mediación sugirió a la jueza Laura Taylor Swain que dé paso a los litigios de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para invalidar parte la deuda pública, el organismo fiscal y el gobierno podrían encarar otro flanco de problemas: una firma de inversiones dispuesta a comprar la deuda que el gobierno mantiene con sus suplidores.
Desde hace aproximadamente una semana, la firma de inversiones Silver Point Capital ha enviado una carta a ciertos suplidores y acreedores del gobierno, expresando interés en comprar la deuda que estos no han logrado cobrar al gobierno y que se recortaría como parte del plan de ajuste. El Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) también habría recibido una comunicación a esos efectos.
Según la carta a la que tuvo acceso El Nuevo Día, la firma especializada en bancarrota y en situaciones especiales ofrece a los suplidores y acreedores similares del gobierno puertorriqueño más de dos veces la cantidad que la JSF propuso en el plan de ajuste radicado en septiembre pasado.
"Al presente, Silver Point está pagando 6% (es decir, seis centavos de dólar) por reclamaciones. Nuestro precio descansa en el hecho de que la declaración informativa del deudor (es decir, de la JSF y el gobierno) estima una recuperación en las reclamaciones (no aseguradas) de 1.8%", reza la carta firmada por Brian A. Jarmain.
En octubre pasado, El Nuevo Día reveló que el plan de ajuste propuesto por la JSF propone, como máximo, pagar a miles de suplidores, contratistas y personas con sentencias a su favor, apenas 1.8 centavos de dólar por lo adeudado antes de que el gobierno se acogiera al Título III de Promesa en mayo pasado. En esa clase de acreedores no asegurados, identificada con el número 27, la JSF estimó que el gobierno adeuda unos $5,566 millones.
La propuesta de la JSF apunta a que, en el mejor de los casos, los acreedores de esa clase recibirían en total unos $100 millones y ese dinero saldría de las acciones de recobro que la JSF ha radicado, si prevalece en corte. Entre tanto, oferta de Silver Point, supondría unos $334 millones.
Según el exjuez de Quiebras, Gerardo Carlo Altieri, desde hace unos años, se ha vuelto práctica común que fondos con capital y capacidad para litigar en casos de bancarrota, ofrezcan comprar las acreencias de los deudores.
Práctica común la compra de reclamaciones
"Hay gente que se dedica a comprar reclamaciones. Hay una industria de eso. Lo que ha pasado es que de un tiempo para acá, hay unos ‘hedge funds’ que especulan con estos casos grandes de bancarrota y luego, son muy agresivos en los litigios", explicó Carlo Altieri.
De acuerdo con el jurista, si el fondo está dispuesto a pagar una suma superior a la que propone el deudor es porque cree o apuesta que cobrará mucho más cuando el caso se decida.
"Estos grupos son muy feroces en su acercamiento a los litigios y consiguen duplicar, triplicar y mucho más a veces los beneficios. El caso típico es Argentina donde el beneficio fue de más de 1,000%", recordó Carlo Altieri.
"Ellos le hacen la vida imposible a los demás acreedores y al deudor y a la larga consiguen una transacción o llegan hasta el último de los foros en el tribunal", agregó Carlo Altieri al indicar que Puerto Rico ya ha tenido un sabor de esas prácticas con la impugnación de Aurelius y otros fondos a la constitucionalidad de la JSF.
"Lo que no es muy común es que se compre deuda de suplidores o acreedores no asegurados porque estamos hablando de cientos de miles de reclamaciones en estos casos", dijo Carlo Altieri.
En esencia, la propuesta de Silver Point es convertir en liquidez lo que ahora un contratista del gobierno tiene como una cuenta sin cobrar en sus libros.
En la misiva de Silver Point, se destaca que la firma ha gestionado unos $12,000 millones en reclamaciones y que por tratarse de uno de los 100 fondos de inversión privada más grandes del mundo es elegible para clasificarse como un inversionista institucional. Se indica además que la firma comenzó a operar en 2002; que sus fundadores -Edward A. Mulé y Robert J. O’Shea- son expertos en la disciplina y que antes se desempeñaron como ejecutivos para Goldman Sachs.
La firma habría comprado acreencias en sonados casos de bancarrota como: Enron, WorldCom, Adelphia, Lehman Brothers y Kmart, entre otros.
De acuerdo con Carlo Altieri, en este tipo de situación, cada acreedor debe considerar lo más conveniente para sí.
"Ese acreedor tiene que analizar si puede esperar a que se resuelva el caso y si tiene los recursos para litigar", explicó.
Según el exjuez, el reto principal en estos grandes casos, es que los acreedores individuales tienen poca profundidad financiera o pericia para disputar su acreencia en el tribunal y en la mayoría de los casos, son los comités de acreedores, el vehículo para recuperar lo que no ha cobrado. Además en el caso del plan de ajuste de Puerto Rico, la cifra de recuperación estimada es de 1.8%, una cifra que podría reducirse o aumentar, una vez se modifique el documento con que se reestructurarán las obligaciones del gobierno.
"El UCC ha dado una pelea tremenda en este caso, pero no ha logrado mucho", indicó Carlo Altieri al agregar que cuando se lidia con baterías de abogados tan especializados y con recursos casi ilimitados como los que tiene la JSF y los otros grupos de bonistas, es poco probable que un individuo pueda prevalecer.