Legitimidad y resquebrajamiento de las confianzas

Es paradójica la inseguridad respecto de su propia legitimidad que parecen trasuntar algunas actuaciones de los actuales congresistas. Se trata de parlamentarios que fueron elegidos dentro de un marco regulatorio fruto de reformas que perseguían mejorar la representatividad del Poder Legislativo, así como la transparencia de las campañas y la separación entre el dinero y la política. Pero, más que esa evidente fuente de legitimidad, parece pesar en muchos la bajísima aprobación que registran en las encuestas y el intento por conectar con lo que se estima popular en cada momento, o con lo que demandan ciertos grupos de presión específicos y con alta visibilidad. El fenómeno no es nuevo: ya se evidenció a propósito de la votación del TPP11 en la Cámara, un tratado impulsado por la expresidenta Bachelet, pero que buena parte de la ex Nueva Mayoría votó en contra. Luego del 18 de octubre, sin embargo, todo ello se ha agudizado, con decisiones apresuradas y en algunos casos abiertamente inconstitucionales, además de situaciones inéditas, como las de los líderes del Frente Amplio declarando su arrepentimiento un día después de haber aprobado la ley antisaqueos.
La propia votación de la dudosa acusación constitucional contra el exministro Chadwick parece haberse definido en esa misma línea, a juzgar por los discursos de senadores señalando que la aprobaban no por un cuestionamiento particular a Chadwick, sino para sancionar al Gobierno. Por lo mismo, también la justificada declaración de inadmisibilidad del libelo contra el Presidente de la República en la Cámara deja abiertas preguntas: se trataba, debido a los quorum involucrados en el Senado, de una iniciativa sin destino, pero aun así la mayor parte de la oposición quiso aparecer avalándola. Mientras, tanto en las tribunas como en las redes sociales, la izquierda más dura se manifestaba demonizando a los seis parlamentarios opositores que no le dieron su apoyo.
Es una responsabilidad de toda la clase política no dilapidar el resultado de esfuerzos de décadas por reconstruir la convivencia.
No puede obviarse la gravedad de que un recital masivo se haya efectuado en la principal avenida de Chile sin el permiso ni el acuerdo de la autoridad, con nula consideración de las externalidades sobre terceros, y mientras violentistas aprovechaban de desarrollar actos vandálicos.
Amistad cívica, un patrimonio frágilEsas escenas -junto con mostrar a una centroizquierda cuyos sectores moderados parecen mayoritariamente renunciar a su liderazgo para evitar el cuestionamiento de los grupos radicalizados- dieron también cuenta de otra arista, cual es el grave debilitamiento de ciertos niveles mínimos de amistad cívica. Expresión extrema fueron las imágenes de asesores de congresistas PC agrediendo verbalmente a otros diputados, pero el problema es más profundo. La historia de la transición que permitió a Chile recuperar la democracia fue también la historia de la reconstrucción de confianzas y de la capacidad de trabajar en conjunto entre sectores opuestos. Ello parece hoy resquebrajado, en los precisos momentos en que el país vive su más severa crisis en 30 años. Sintomático es que el acuerdo constitucional del 15 de noviembre, cuando pareció que renacía ese sentido republicano, hoy aparezca debilitado.
Tal pérdida de las confianzas no es algo banal. Un ensayo sobre el difícil pasado reciente del país hablaba de "Una nación de enemigos". Tal vez esa expresión no sería justa para describir el Chile actual, pero es responsabilidad de toda la clase política no dilapidar el resultado de esfuerzos de décadas por reconstruir la convivencia.
La Plaza Italia y el Estado de DerechoUn informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU ha constatado un conjunto de situaciones que constituirían gravísimas violaciones de los derechos humanos por efectivos uniformados. El Gobierno ha acogido el documento y sus recomendaciones, no sin señalar que algunas -como una impropia referencia al proceso constituyente- se apartan de la función de ese organismo. Se ha confirmado, en todo caso, la necesidad de una reforma en los procedimientos policiales, esfuerzo en que el Ejecutivo trabaja desde 2018. Finalmente, el documento pone en evidencia la importancia de la tarea del Ministerio Público y del Poder Judicial, en cuanto a investigar y sancionar los abusos.
Por cierto, este último punto releva, en definitiva, el valor del Estado de Derecho, pues es solo cuando este impera que las instituciones pueden cumplir su labor y garantizar los derechos de las personas. Ha tendido a perderse de vista aquello en la actual coyuntura, llegando a normalizarse situaciones tan inaceptables como que pueda instalarse un campamento frente al Palacio de los Tribunales o que el control del corazón de Santiago, la Plaza Italia, sea asumido por grupos al margen de la ley. Al respecto, más allá del carácter festivo que pudo tener, por ejemplo, el recital efectuado el viernes en esa plaza, no puede obviarse la gravedad de que este se haya efectuado sin el permiso ni el acuerdo de la autoridad, con nula consideración de las externalidades que pudiera ocasionar sobre terceros. Tampoco cabe ignorar el hecho de que, mientras ello ocurría, un grupo de violentistas saqueaba una galería comercial y sembraba destrucción y miedo en una de las calles aledañas, en una demostración elocuente de lo que el desconocimiento del Estado de Derecho trae por fruto.