Cuando el crimen desafía a los Estados

Por primera vez en la Argentina, una organización criminal, como es la banda de Los Monos, en alianza con sectores de la policía santafesina, desafía al propio Estado con el uso de una violencia extrema capaz de generar una conmoción social, que deja al descubierto la precariedad e ineficiencia de muchos funcionarios para enfrentar al narcotráfico.
"Terrorismo urbano", fue la calificación que usó el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, para catalogar el ataque a balazos que se produjo el sábado 11 de enero contra el casino de Rosario, donde una bala que le atravesó el cráneo asesinó a Enrique Encino, gerente del Banco Nación de la ciudad de Las Parejas.
El ministro Sain proviene del mundo académico, como la actual titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. Con este tipo de crisis de seguridad, ambos se enfrentan a un mundo crudo y real que se encuentra muy lejos de las aulas. La amplia mayoría de estos funcionarios formados en el laboratorio fracasan en el campo de acción, donde precisamente las teorías se rompen en cuestión de segundos.
La situación límite que vive Rosario obligó a ambos a usar como bálsamo para contrarrestar la profunda crisis política y de seguridad -que eclosionó con 20 homicidios registrados en 20 días- a gendarmes y fuerzas federales para intentar controlar la zona, una estrategia que ya no admite parches ni experimentos. Convocar a las fuerzas federales ha sido una constante desde 2014 en la provincia, sin que se hayan registrado avances en la lucha contra este extendido flagelo del crimen organizado.
El Estado provincial no muestra reacción y tampoco parece preparado para enfrentar estos nuevos desafíos que impone la criminalidad asociada con el narcotráfico en este tipo de trama urbana.
Rosario, que es el epicentro de la violencia derivada del tráfico de drogas desde 2013, lo muestra de manera descarnada. Desde que estalló la denominada "guerra narco" en esa ciudad, los índices de homicidio se mantuvieron de manera estable por encima del doble de la media nacional. En 2019, cuando se produjo una baja en los crímenes, la tasa de asesinatos llegó a 13,1 cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional se ubicaba en 5,1 casos.
El Estado fue un observador pasivo desde el plano político y cómplice con sectores corrompidos de la policía para que estos índices de violencia llegaran a una espiral difícil de detener. La violencia narco es generadora de las principales crisis en Santa Fe. Las pistolas 9 milímetros que usan los narcos lideran una práctica nefasta: la de quienes creen que tienen el poder de decidir quiénes viven y quiénes no en una sociedad carcomida por el delito. Resulta inexplicable que un arma tenga más poder que una política gubernamental. Quienes las empuñan las usan desafiando abiertamente al Estado.
En 2015, estuvo a punto de cerrarse un esquema de juicio abreviado que otorgaba beneficios significativos a los principales referentes de la banda Los Monos. Eso hubiese significado que, a partir de este año, Ariel "Guille" Cantero, líder de esa violenta facción delictiva, empezara a gozar de salidas transitorias.
Algunos medios de comunicación, entre ellos la nacion, pusieron en evidencia aquel pacto, que terminó por caer tras la derrota del candidato del socialismo Miguel Lifschitz en las elecciones primarias de 2015.
La llegada de Omar Perotti al gobierno provincial, y, con ella, la vuelta del peronismo al poder santafesino, se debe en gran medida al fracaso de las políticas de seguridad aplicadas durante 12 años sucesivos de gobiernos socialistas, que tercerizaron en sectores impunes de las fuerzas de seguridad el anhelo de control de los territorios calientes. Se jactaron de detener a los líderes narcos, pero la complejidad del problema anula esos apotegmas que indican que las bandas están desarticuladas "porque los jefes narcos están tras las rejas".
Perotti carga con la presión de aportar rápidas soluciones de fondo a este gravísimo problema que atraviesa la vida de Santa Fe desde 2013. No hubo en todos estos años un período de calma. El inicio de su gestión pretende lo contrario. Se han realizado cambios drásticos en la policía, con el relevo de 30 jefes, pero se sabe que con eso no basta. El ministro Sain, de alta exposición pública, deduce que el estallido de este nuevo capítulo de asesinatos se debe a una reacción de parte de las cúpulas corruptas de las fuerzas de seguridad. Nuevamente, la política prefiere las justificaciones del problema a trabajar para erradicarlo de una buena vez.
La causa de Los Monos y la del clan Alvarado -un narco que actuó durante mucho tiempo sin ser perseguido por la Justicia ni por la policía, a parte de la cual "donó" propiedades que había conseguido como fruto de la venta millonaria de droga- muestran con claridad indiscutible la sociedad existente entre las bandas narco con sectores oscuros de la fuerza de seguridad, cuya pirámide de mando se ha venido estructurando y sosteniendo en torno a la connivencia con la mafia del tráfico de drogas.
Cantero carga con cuatro condenas que suman 53 años de prisión, por delitos de homicidio, asociación ilícita y narcotráfico. Estuvo alojado en seis cárceles: dos de Santa Fe y cuatro federales, en Resistencia, Rawson, Ezeiza y Marcos Paz.
En todas las prisiones, Cantero consiguió conservar el liderazgo y seguir manejando los hilos de esta organización criminal, que surgió a fines de los años 90 en la más extrema pobreza de la periferia de Rosario.
El fracaso del Estado frente al narcotráfico se resume en que Cantero cometió más delitos dentro de la cárcel que en libertad.
Cuando el líder de Los Monos se entregó a las autoridades, en junio de 2013, lo hizo por la conveniencia de que dentro de la cárcel iba a estar protegido por el Estado para seguir con el control y el manejo de la organización criminal. Esta lamentable profecía se cumplió. Cantero no fue un delincuente preso: fue amo y señor del delito aun estando entre rejas.
Este siniestro personaje tiene en vilo a todo el engranaje del Estado, que se muestra impotente respecto de qué hacer con él. Y no es por su habilidad y capacidad de gestión al frente de una banda narco, sino por el déficit de un sistema penitenciario y judicial que está colapsado y que, en muchos casos, sigue actuando en complicidad con los delincuentes.
Pero hay un dato todavía más preocupante en esta situación de descalabro institucional y reinado de la violencia extrema: la propia sociedad comenzó a naturalizar esta alarmante situación luego de que se agitara como pretendido anticuerpo y blindaje de Rosario la idea de que es una ciudad "estigmatizada". Esta consideración es peligrosísima por muchas razones, entre ellas, y quizás una de las más importantes, porque anula una discusión en profundidad con vistas a intentar revertir uno de los problemas más acuciantes e impostergables de la Argentina de hoy.