Alcaldes temen se afecten los servicios

La designación de "alto riesgo" en la que el Departamento de la Vivienda federal (HUD, en inglés) colocó al gobierno de Puerto Rico por el manejo del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) añade un peso adicional sobre las ya maltrechas finanzas de los municipios, que dependen de ese dinero para ofrecer servicios directos a la gente, coincidieron ayer varios alcaldes.
"Ahora, los municipios vamos a ser los más afectados", advirtió el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz.
Los fondos bajo el programa CDBG, que no tiene que ver con los trabajos de reconstrucción, son remitidos por el Estado a los municipios con una población de 50,000 habitantes o menos. El dinero es usado para pavimentación de vías, rehabilitación de viviendas, servicios de ama de llaves y programas de ayuda directa al ciudadano.
En diciembre, HUD comunicó al Departamento de la Vivienda, que administra esos fondos, que colocó el programa en la categoría de "alto riesgo" por incumplir con las leyes y regulaciones aplicables, y tener mal desempeño.
"Eso va a ser un problema para los municipios, que no vamos a poder hacer obras y atender a nuestra gente", sostuvo el alcalde de Aibonito, William Alicea.
El alcalde de Villalba, entretanto, dijo que el año pasado acudieron a Washington D.C. y se quejaron del mal funcionamiento del programa, particularmente su paralización. Ante ese escenario, hubo alcaldes que dejaron de ofrecer los servicios y otros asumieron los costos.
La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, resaltó que su municipio recibió pagos en diciembre correspondientes a contratos del 2018. "Todavía se trabajan pagos por reprogramación de fondos del 2015", precisó.
"Estos fondos, aunque son regulares, son literalmente el ejemplo que utiliza HUD para desembolsar los de CDBG-DR (para la recuperación de desastres), que ahora mismo no han llegado", agregó.
Atribuyó el mal funcionamiento del programa y su disloque al cambio que hizo la administración de Ricardo Rosselló Nevares en el 2017. Para ese entonces, el gobernante aprobó legislación para eliminar la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y dispuso que el programa CDBG estuviese administrado por la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC).
"Eso provocó una inestabilidad grandísima en cuanto al otorgamiento de fondos y a la firma de contratos", sostuvo la alcaldesa.
El director de la ODESEC, Jesús Vélez, dijo ayer que no comentaría sobre la auditoría porque no ha tenido acceso a la misma.
Mientras, la secretaria auxiliar de Planificación Estratégica de Vivienda, Karen D. Ortiz Tirado, dijo por escrito que, el 17 de enero, enviaron la primera comunicación a HUD en respuesta a la auditoría y solicitaron días adicionales para atender uno de los señalamientos, que no precisó.
La alcaldesa de Gurabo aseguró, al igual que sus homólogos entrevistados, que comunicaron a la administración de Rosselló Nevares su malestar con la situación y la necesidad de revertir el cambio en la estructura administrativa de los fondos CDBG. "Pero nada pasó", puntualizó.