Exministros de Samper, testigos claves en millonaria demanda de Claro y Telefónica contra Estado

José Fernando Bautista, ministro de Comunicaciones del gobierno de Ernesto Samper, entró a la lista de testigos con los que América Móvil (AMX o Claro, dueños de la antigua Comcel) pretende que el Estado colombiano le pague 1.208 millones de dólares, más intereses, alegando violaciones del tratado de libre comercio con México. Ese es el valor que pide la compañía del magnate Carlos Slim en una demanda contra Colombia, tras perder en 2017 un laudo en un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. La decisión fue en el mismo sentido de una sentencia del 2013 de la Corte Constitucional, lo que obligó a las empresas con las que se inició la telefonía celular en el país (Comcel, hoy Claro, y Celumóvil, hoy Telefónica) a cumplir la obligación de revertirle al Estado el valor de la infraestructura utilizada. Eso fue lo que se pactó en 1994 y lo que, según los demandantes, fue modificado por leyes y acciones del mismo Estado durante las décadas posteriores. Bautista estuvo, entre el 17 y el 22 de noviembre del año pasado, en la audiencia convocada en Washington por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, uno de los ‘grandes estadios’ de los arbitrajes económicos en el mundo. Como testigo convocado por la multinacional mexicana, el también exembajador en Venezuela y expresidente y vocero de Asomóvil, gremio de las empresas celulares, expuso su interpretación sobre los alcances de la modificación de la reversión y reforzó la posición de los demandantes. El exministro es el segundo miembro del gobierno Samper al que acuden las multinacionales en esta pelea. El propio expresidente fue llamado como testigo por la española Telefónica, que reclama 380 millones de dólares más intereses por la supuesta violación de sus derechos ocasionada por la reversión, argumentando una presunta violación del Tratado de Inversión Bilateral entre Colombia y España. Ese caso no ha tenido audiencia pero ya se conformó el tribunal de arbitramento, que preside el brasileño José Emilio Nunes. Consultado por EL TIEMPO sobre su actuación en el caso de Telefónica, Samper respondió: "A mí me solicitaron, en el proceso de uno de los operadores, que diera un testimonio sobre cómo había sido la prórroga del uso del espectro en los contratos de telefonía, la cual se otorgó en mi Gobierno a cambio de unos compromisos de los operadores y tras el pago por parte de ellos de 170 millones de dólares". Bautista, a su vez, le dijo a este diario que como experto en el tema se limitó a dar sus opiniones ante el tribunal de arbitramento. El alegato La estrategia de las multinacionales apuntaría a demostrar que, incluso, los altos funcionarios que en los 90 estuvieron directamente relacionados con las concesiones de telefonía celular entendían que el compromiso de revertir la infraestructura, como se inició el negocio en 1994, se había eliminado por un artículo de la Ley 422 de 1998. Este señalaba que la reversión cubría las frecuencias de banda, pero no los equipos utilizados. Esa ley fue tramitada en la administración de Samper Pizano. Sin embargo, en el arsenal jurídico que llevó la defensa de Colombia hay un testigo clave: el primer ministro de Comunicaciones de Samper, Saulo Arboleda, quien también estuvo en la audiencia pero como testigo de la Nación. Otros dos exjefes de esa cartera, de otros gobiernos, también fueron convocados por la Agencia de Defensa Jurídica a Washington. El concepto de Saulo Arboleda puede ser decisivo, porque fue su ministerio el que inició el trámite del proyecto de ley en el que el Congreso incluyó un artículo que modificaba la cláusula de reversión. También, porque él firmó, en enero de 1997, las prórrogas de los contratos de telefonía celular, inicialmente previstos para 10 años (de 1994 a 2004), pero que por solicitud de las empresas se ampliaron a 20 años (hasta el 2014). Ante los tres jueces del tribunal de arbitramento, el exministro Arboleda sostuvo que consideraba que la obligación que las multinacionales tenían de revertir la infraestructura nunca había estado en entredicho por la ley de 1998. Explicó que se sobreentendía que el cambio operaría sobre los contratos firmados con posterioridad a la existencia de esa norma, y que los de las desaparecidas Comcel y Celumóvil se habían firmado y prorrogado en 1994 y 1997, respectivamente. Sobre la prórroga, afirmó que en ese documento de 1997 se conservó la cláusula 33, que establecía expresamente la obligación de reversar los equipos y que estaba en los contratos originales. También remarcó que nunca las empresas buscaron eliminar o renegociar esa cláusula. El exministro ha dicho, además, que dado que el asunto estaba sentado desde el inicio de la operación de la telefonía celular en Colombia, era lógico pensar que las empresas hubieran tomado previsiones para cubrir el valor de la reversión -incluidos costos aplicados a las tarifas a los usuarios-, por lo que difícilmente podrían sostener que sus intereses económicos resultaron afectados cuando las decisiones judiciales los obligaron a pagar lo pactado. Al final, esa suma ascendió a 4,7 billones de pesos, que fueron recibidos por el Estado en 2017. Es la plata que ahora, con intereses, están reclamando las dos multinacionales. Consultado por EL TIEMPO, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, se abstuvo de pronunciarse, por las cláusulas de confidencialidad establecidas por el Ciadi. En marzo próximo, tanto Colombia como América Móvil deben presentar sus alegatos de conclusión, y antes de final de año se sabría cómo termina el primero de los dos millonarios partidos que el país se está jugando frente a dos de los gigantes mundiales de la telefonía y las comunicaciones.