Otra vez las barras bravas

Ciertamente no podrían calificarse como sorpresivos los incidentes ocurridos este domingo en el estadio Monumental, que obligaron a suspender casi veinte minutos antes del final el partido en el que Universidad Católica se imponía a Colo Colo. Se trataba, en efecto, de la primera vez que este último equipo jugaba en su estadio luego de que, a fines de enero, la muerte de uno de los integrantes de la Garra Blanca -atropellado por un camión de Carabineros usado para el transporte equino- desatara la peor ola de violencia vivida por el país en lo que va del año. Dicha barra brava difundió entonces, vía redes sociales, un amenazante comunicado, advirtiendo que "no vuelve más el fútbol hasta que paguen los asesinos del pueblo". Efectivamente, en los días siguientes, además de ataques a comisarías y saqueos en diversos lugares del país, se registraron graves hechos de violencia en distintos estadios o su entorno. Resultaba predecible, pues, que un partido como el del domingo iba a ser ocasión para que los mismos grupos intentaran desplegar su poder destructivo, tal como lograron hacerlo. Precisamente por eso es que resulta difícil entender las falencias de seguridad evidenciadas, particularmente en los controles de entrada, lo que permitió que barristas ingresaran al recinto material pirotécnico que luego lanzarían a la cancha en distintos momentos, arriesgando la integridad de los jugadores, uno de los cuales resultó herido. Dichas fallas fueron reconocidas por la propia concesionaria Blanco y Negro, cuyo vicepresidente admitió que no estuvieron "a la altura".
Lo ocurrido ha llevado a algunos técnicos y jugadores a poner en duda la existencia de condiciones para la continuidad del torneo nacional, aprensión que los directivos del fútbol han descartado por ahora. Sería, indiscutiblemente, el peor de los escenarios que se repitiera lo ocurrido el año pasado, cuando el campeonato no pudo llegar a término. La reiteración de un fracaso así no solo generaría justificada frustración entre los más directamente involucrados en esa actividad, sino que constituiría una compleja señal respecto de la capacidad del país para ponerle freno al chantaje de quienes usan la violencia para amedrentar al resto de la sociedad.
Este fenómeno, en sus más diversas manifestaciones -desde el vandalismo contra la propiedad pública y privada hasta las funas-, ha sido uno de los aspectos más oscuros de la crisis desatada a partir del 18 de octubre, así como la principal amenaza contra los esfuerzos por darle un cauce institucional, a través del proceso constituyente. En ello, el protagonismo de las barras bravas ha sido cada vez más evidente, ya no solo en los estadios, sino en las distintas "zonas cero" del conflicto a lo largo de Chile, como ha quedado claro en las últimas semanas. Así, la amenaza que aquellas representan desborda hoy con creces lo meramente deportivo o lo sectorial, y amerita, por lo mismo, la atención de la autoridad política. Esta debe ir más allá de simplemente demandar el cumplimiento de un listado de medidas de seguridad por parte de los clubes, puesto que debe apuntar a la desarticulación de las estructuras que permiten el actuar violentista, en el entendido de que aquí se juega parte del problema de seguridad pública al que se halla enfrentado el país.
En ese sentido, el ínfimo número de detenidos y formalizados por los últimos hechos de violencia en los estadios, así como el descaro con que estas barras se jactan de sus acciones en las redes sociales han instalado una sensación de impunidad inaceptable. A ello contribuye, además, la actitud de una parte de la oposición que, obviando el nefasto historial que arrastran estos grupos, ha llegado a celebrar su participación en las protestas como supuesto símbolo de unidad. El fin de la ambigüedad que han demandado en estos días dirigentes de centroizquierda debiera tener aquí una manifestación explícita.