Viernes, 29 de Marzo de 2024

Gobierno traza la raya en el tribunal

Puerto RicoEl Nuevo Dia, Puerto Rico 20 de febrero de 2020

La gobernadora Wanda Vázquez Garced le pidió ayer a la jueza Laura Taylor Swain que deniegue la petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para discutir el reciente acuerdo con ciertos bonistas constitucionales, al entender que el proceso será una pérdida de tiempo y dinero porque su administración y la Legislatura no apoyan el pacto

La gobernadora Wanda Vázquez Garced le pidió ayer a la jueza Laura Taylor Swain que deniegue la petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para discutir el reciente acuerdo con ciertos bonistas constitucionales, al entender que el proceso será una pérdida de tiempo y dinero porque su administración y la Legislatura no apoyan el pacto.
"Los remedios solicitados en las mociones y la agenda de confirmación contemplada en el informe enmendado darían comienzo a un proceso de confirmación para un plan enmendado (POA, en inglés) que todavía no existe y que no será viable sin el respaldo del gobierno", reza una moción radicada ayer por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
La moción de la Aafaf fue la respuesta del gobierno al llamado que hace una semana hizo la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, para que la mandataria y la Legislatura "entendieran el valor" del nuevo pacto y la importancia de sacar a Puerto Rico de la bancarrota.
Lo pactado
El pasado 9 de febrero, la JSF, la Coalición de Deuda Legítima (CDL) y otros bonistas acordaron modificar unos $18,000 millones en bonos de Obligación General (GOs, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), aceptando, en términos generales, un recorte aproximado de unos 25 centavos.
El acuerdo, que daría pie a un POA enmendado, reduce a 20 años el vencimiento de la deuda pagadera del Fondo General y mantiene ese pago en $1,500 millones pago. Esa cifra se acordó inicialmente con la CDL, cuando la JSF radicó el primer plan de ajuste en septiembre pasado, pero excluye el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Universidad de Puerto Rico, entre otros.
Ahora, el nuevo acuerdo redistribuye entre los bonistas el recorte pactado y estos recibirán en intercambio unos $3,800 millones en efectivo (unos $900 millones más que en el pacto inicial), así como bonos GOs y bonos subordinados de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). El pacto también reconoce la deuda que la JSF alegó antes que era nula y les reconoce prioridad de cobro a esos acreederores.
El plan de la JSF, de acuerdo con el informe de mediación enmendado que radicó por la jueza Barbara Houser, es que la jueza Swain discuta el acuerdo en la audiencia general del próximo 4 de marzo y que se comience el proceso de confirmación del plan hasta su discusión en corte en octubre próximo.
Objeción del gobierno
Pero, según la administración de Vázquez Garced, ese acuerdo no obra "en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico" y mejora las condiciones de los bonistas sin aliviar la situación de los pensionados. En ese lado de la ecuación, la JSF mantiene el acuerdo con el Comité Oficial de Retirados (COR) para recortar las pensiones públicas mayores de $1,200 al mes.
"La (JSF) ahora busca prematuramente comenzar un proceso de confirmación (del plan) costoso y que consume tiempo en un POA que simplemente no es factible sin el respaldo del gobierno", se expone en la moción de la Aafaf, suscrita por John J. Rapisardi y Peter Friedman, integrantes de O’Melveny Myers y principales abogados de la Aafaf en el proceso de reestructuración.
De acuerdo con la Aafaf, el acuerdo propuesto por la JSF, a primera vista, no podrá ser confirmado porque la sección 314 de la ley federal Promesa requiere que la corte se asegure de que se haya obtenido "cualquier aprobación legislativa, regulatoria o electoral que sea necesaria bajo las leyes aplicables en aras de que se lleve a cabo cualquier provisión del plan".
"Dado que la JSF no tiene el apoyo del gobierno para aprobar nueva legislación contemplada en el PSA, la JSF no puede demostrar y por ende, la corte no puede encontrar, que ese requisito de confirmación será satisfecho. El análisis debe detener ahí", se indica en la moción de la Aafaf.
El pacto entre la JSF -que asume el rol del gobierno como deudor en los casos de Título III- y que el gobierno objeta fue gestado durante el proceso de mediación que ordenó la jueza Swain el año pasado. La JSF debe radicar el POA en o antes del próximo 29 de febrero.
Al igual que Vázquez Garced rechaza formalmente el pacto con la CDL, las aseguradoras municipales que responden a los bonistas en caso de impago también se oponen al plan.
El Comité de Acreedores no Asegurados (UCC) -que, por su parte, objeta que la JSF desista de los litigios para invalidar parte de la deuda pública- también procura frenar el proceso que impulsa la JSF.

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