Compras públicas de emergencia tramitadas ante Contraloría ascienden a ¢19.742 millones

Las compras de emergencia gestionadas ante la Contraloría General de la República (CGR) para la atención de la crisis por el nuevo coronavirus ascendían este jueves a ¢19.742 millones.

Esos fueron los recursos autorizados en nueve de once solicitudes tramitadas; dos más fueron rechazadas, informó el órgano contralor.

Del gasto aprobado, hay ¢10.000 millones para el Ministerio de Educación Pública (MEP) destinados a comprar alimentos a proveedores privados para los paquetes que se distribuyen a los alumnos que son beneficiarios de comedores escolares.

Se optó por la distribución, con el fin de evitar aglomeraciones en los comedores, lo que exponía al contagio del nuevo virus respiratorio a los estudiantes y a los funcionarios.

Aunque inicialmente la labor fue encargada al Consejo Nacional de Producción (CNP) para completar el paquete de frutas, verduras y abarrotes, la entidad no logró cumplir.

De ahí que, se decidiera permitir a las escuelas adquirir los paquetes a proveedores locales.

Con ese fin es que CGR aprobó el uso de los recursos para alimentos de estudiantes de 2.000 centros educativos. El MEP gestionó inicialmente la compra el 20 de marzo, pero ese trámite se rechazó. Luego lo presentó de nuevo el 25 de marzo, cuando finalmente fue avalado.

La compra de alimentos del MEP representa 51% del gasto total en compras públicas de emergencia por el coronavirus.

El restante 49% se centra en equipos y suministros médicos para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que lleva cuatro gestiones aprobadas entre el 17 y 28 de marzo. A la CCSS la Contraloría si le rechazó el 26 de marzo una solicitud ligada a recetas médicas electrónicas.

En total, la CGR ha permitido a la CCSS compras directas a la fecha por ¢9.564 millones.

Este monto comprende la compra de 11 equipos de rayos X transportables, dos videolaringoscopios, dos monitores de signos vitales de transportes, una cámara de refrigeración de 1400 litros para nutrición y 27 humidificadores, entre otros suministros de emergencia.

Otros equipos autorizados incluyen 88 ventiladores pulmonares, ocho kits de diagnóstico, 88 aspiradores de secreciones, 88 carritos de transporte para material radioactivo o biológico peligroso y 22 termómetros infrarrojos.

La CGR también aprobó al Poder Judicial el 31 de marzo una compra de emergencia de alcohol en gel y dispensadores para este por ¢100 millones.

El ente contralor también autorizó el 25 de marzo una compra de alcohol en gel al Registro Nacional por ¢27,8 millones y otra por ¢20 millones en suministros médicos para el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, aprobada el 23 de marzo.

Finalmente, el mismo 23 de marzo, dio visto bueno al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) para gastar ¢29 millones en servicios residenciales y profesionales en enfermería y medicina.

Rendición de cuentas

El dato de compras gestionadas lo divulgó la CGR como parte de su esfuerzo por brindar acceso a información pública, rendición de cuentas y transparencia en la toma de decisiones ligadas a dineros públicos.

En virtud de lo anterior, la CGR lanzó un portal especial en línea sobre el tema del coronavirus que brinde acceso a la información disponible en la CGR relativa a la atención del impacto de la emergencia por parte de otras entidades tanto por los gastos derivados como decisiones tomadas.

"Se busca ofrecer un medio de acceso sencillo y actualizado que permita conocer los datos y análisis que faciliten el control ciudadano y la profundización del ejercicio de la rendición de cuentas en tiempo real", explicó la CGR en un comunicado.

En el sitio web https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19 se actualizrá permanentemente la información institucional relacionada con contratación administrativa, criterios de la CGR sobre proyectos de ley, artículos de análisis, y gestiones relevantes vinculadas de forma directa con la atención del covid-19, "con el propósito de que se puedan valorar oportunamente los eventuales impactos y riesgos de las decisiones públicas para la atención de la emergencia sanitaria", agregó la entidad.