González presenta su plan

WASHINGTON.- La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, presentó su proyecto de ley que impulsa créditos contributivos federales para la inversión farmacéutica en zonas económicamente afligidas, como Puerto Rico.
La legislación -que fue sometida en la Cámara baja federal el pasado viernes y lleva el número 6433- otorgaría créditos por salarios, inversiones de capital, compras a proveedores locales y de grupos minoritarios en zonas que han tenido por lo menos cinco años consecutivos un 35% de la población por debajo del nivel de pobreza.
La medida propone un crédito federal de 50% por salarios, inversiones y compras realizadas por las empresas que están ahora fuera de Estados Unidos y mudan la manufactura de productos que son parte de la reserva nacional estratégica de salud a una zona de un estado o territorio económicamente afligida.
En el caso de las manufactureras que producen otros productos, recibirían créditos de 40% por salarios e inversiones, 40% por las compras a negocios minoritarios y 30% por las compras locales.
Las zonas que estarían enmarcadas en la ley deben tener una pobreza "generalizada", alto desempleo, baja participación en la fuerza laboral, "un período prolongado de depresión económica" y presentar un plan de desarrollo económico.
La legislación otorga hasta 10 años para poder determinar que una zona está afligida económicamente, una definición que tendrá una vigencia de 15 años.
"La pandemia del coronavirus ha demostrado claramente cómo la dependencia de los Estados Unidos en las jurisdicciones extranjeras de materias primas y productos necesarios para los medicamentos y la seguridad de la nación pueden ponernos en riesgo. Esta legislación evitaría la escasez de suministros para eventos futuros, mientras que al mismo tiempo contribuiría al desarrollo económico de las jurisdicciones estadounidenses más necesitadas", indicó González.
La comisionada sostuvo que su proyecto de ley toma en cuenta que el Congreso ordenó al secretario de Salud de EE.UU. presentar un informe sobre cómo disminuir la dependencia de productos farmacéuticos que se manufacturan fuera de Estados Unidos.
La medida tiene el coauspicio de los demócratas Donna Shalala, elegida por Florida y exsecretaria de Salud de Estados Unidos; el boricua Darren Soto (Florida); y Rubén Gallego (Arizona). También la respaldan los republicanos Rob Bishop (Utah) y Peter King (Nueva York).
"La legislación… es crucial para las áreas de nuestra nación que luchan por poner fin al ciclo de la inmensa pobreza simplemente por la dificultad de atraer empresas", sostuvo Soto.
Shalala, por su parte, señaló que la medida permite asistir a las zonas "económicamente desatendidas" y que Puerto Rico cuenta con la experiencia "en la fabricación de dispositivos médicos y farmacéuticos".
El proyecto permite que jurisdicciones con un nivel de pobreza entre 30% y 35% también soliciten ser designadas como "zonas afligidas económicamente".
La legislación se presenta en momentos en que publicaciones estadounidenses como New York Post y Forbes han abogado por nuevos incentivos para la inversión manufacturera en Puerto Rico, haciendo alusión a la antigua sección 936 del Código de Rentas Internas federal, para reducir -en los tiempos del coronavirus- la dependencia de productos farmacéuticos que se elaboran en China.
El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá -candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionado residente en Washington- ha sugerido reducir a las subsidiarias en la isla el impuesto sobre la propiedad intelectual que estableció la reforma contributiva federal a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC).
Luego, el congresista republicano Chip Roy (Texas) anunció que presentará legislación para revivir incentivos como la 936 en Puerto Rico, una medida que estuvo vigente hasta mediados de la década pasada y que el Congreso eliminó por entender que los privilegios contributivos eran exagerados frente al número de empleos que generaba.
Como parte de la ley de estímulo económico federal, el Departamento de Salud federal debe llegar a un acuerdo en 60 días con las academias nacionales de la ciencia e ingeniería para elaborar un plan sobre cómo reducir la dependencia de Estados Unidos en los medicamentos y productos médicos que se manufacturan fuera del territorio estadounidense.
La presentación del plan aún no tiene fecha.