Analizan riesgos alimentarios de la región

Javier Orellana
El Salvador está en una posición intermedia para enfrentar riesgos alimentarios, de acuerdo con un índice de vulnerabilidad elaborado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que toma en cuenta el ingreso de las personas, la dependencia de mercados internacionales para obtener alimentos, la prevalencia de la subnutrición y la capacidad de respuesta de los gobiernos de acuerdo con el estado de sus finanzas.
Junto a El Salvador están la mayoría de países de Centroamérica -salvo Costa Rica, que tiene una posición más fuerte- México, Colombia, Perú, República Dominicana y Guyana.
Mientras que los países en la mejor posición son Estados Unidos, Canadá y Uruguay. Los más vulnerables son Haití y Venezuela, seguidos de Bolivia.
En el caso salvadoreño el IICA destaca que "se mantienen los mercados moderadamente abastecidos", pero en caso de que se implementen más restricciones al tránsito "el precio y abastecimiento de hortalizas se verá afectado".
El Gobierno ha implementado medidas para la movilidad de las personas, pero no para los productos.
"Se han establecido precios máximos para granos básicos como arroz, frijol, maíz y para huevos. Se está haciendo revisión de la afectación de precios en la canasta básica y se tomarán medidas en los próximos días", destaca el IICA.
En El Salvador se producen algunos alimentos, como granos básicos, pero también hay una fuerte importación, sobre todo de los países vecinos.
En otros mercados, el IICA ha detectado algunos incrementos de precios, por ejemplo en Costa Rica, donde no hay un faltante de perecederos, pero sí un aumento del precio en bienes como tomate, papa, chile y cítricos. Mientras que en Guatemala se ha registrado un incremento en el precio de mayoreo del limón criollo, brócoli, maíz, sorgo, frijol negro, papa, azúcar y huevos.
En Florida, Estados Unidos, por otra parte, "la restricción de circulación de personas está perjudicando la cosecha de frutas y verduras". El estado se encuentra en época de recolección de sandía, actividad que realizan sobre todo trabajadores temporales. Ahí también cultivan arándanos, melones, zanahorias, pepinos, mangos y duraznos. Sin embargo, varios productores han tenido que desechar alimentos, pues tras el cierre de hoteles, no tienen dónde vender.
La semana pasada, los secretarios y ministros de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Panamá, además de los de México y República Dominicana y el director general del IICA, debatieron los impactos en la seguridad alimentaria derivados de la crisis y abordaron temas referidos a producción y comercio, así como a riesgos sanitarios y fitosanitarios, esto a iniciativa del titular hondureño, Mauricio Guevara, presidente pro-témpore del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC).
Guevara convocó a los participantes a instrumentar una estrategia regional para compartir productos excedentarios y garantizar la disponibilidad de alimentos en la población de estas naciones.
Los ministros coincidieron en compartir información y estadísticas para integrar un inventario de productos excedentes para su distribución y publicar la oferta de bienes.
También acordaron hacer un frente común para asegurar la producción y el abastecimiento de alimentos, solucionar el abasto de productos lácteos y granos básicos por medio de "un mecanismo de comunicación y reforzar las cadenas de suministro, con la apertura y dinamismo en el paso de fronteras".
En la reunión virtual, el director general del IICA, Manuel Otero, informó que el organismo se encuentra promoviendo la activación de los mecanismos regionales y subregionales de consulta interministerial, y propuso la realización de un encuentro virtual con altos representantes de países que tienen excedentes de producción, como algunos de Suramérica.
Los secretarios y ministros conversaron sobre la necesidad de implementar estrategias de procesamiento de productos frescos y de establecer contactos a la brevedad con las principales cadenas de comercialización de alimentos que operan en sus países para buscar mayores y más eficientes espacios de articulación público-privada.