No ceden con la retroactividad

Al escuchar ayer argumentos a favor y en contra del proyecto de ley sobre la unanimidad en veredictos de culpabilidad, la representante María Milagros Charbonier anticipó que la medida sufrirá enmiendas, no para eliminar su carácter retroactivo, sino sobre la discreción de un juez para conceder un nuevo juicio a una persona convicta.
Sin embargo, Charbonier, presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, afirmó que el Proyecto del Senado 1590 cuenta con los votos necesarios para pasar el cedazo cameral.
La legisladora novoprogresista celebró una vista pública en torno al proyecto que aplica la normativa federal sobre veredictos unánimes a casos con sentencias finales y firmes. Una pieza similar de su autoría cruzó al Senado, pero existe un acuerdo de que el proyecto que se aprobará será el del Alto Cuerpo, de la autoría del líder senatorial, Thomas Rivera Schatz.
Mientras la medida del Senado obliga a los jueces a declarar ha lugar mociones de solicitud de nuevo juicio automáticamente si se demuestra que el veredicto no fue unánime, la medida de Charbonier otorga discreción al juez. Las enmiendas, que serán discutidas con Rivera Schatz, girarán en torno al lenguaje sobre la discreción del juez.
"La retroactividad es un asunto que podemos legislar y le hace justicia (al convicto), y no se aplica arbitrariamente esta norma", dijo Charbonier durante un receso de la vista pública. "Los derechos constitucionales no se aplican a unos sí y a otros no".
Charbonier argumentó que, si bien la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Ramos vs. Luisiana -que reconoce el derecho a que todo veredicto de culpabilidad sea unánime- no plantea la retroactividad, tampoco se puede descartar que se legisle para alcanzarla.
Departamento de Justicia rechaza la medida
La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, describió el proyecto de ley como "draconiano", y señaló que su aplicación retroactiva sobre sentencias finales y firmes es "peligrosamente innecesaria" y un "pérfido azote a miles de víctimas de delito quienes tendrán que enfrentarse nuevamente a su agresor en un sistema adversativo".
Defendió el calificativo "draconiano", al señalar que el proyecto busca "arreglar un error que no existe", y planteó que, en casos finales y firmes, el Ministerio Público cumplió con los requisitos de ley vigentes al verse los casos.
"El costo social de revocar condenas adecuadamente juzgadas, conforme al estado de derecho vigente al momento del fallo, constituye una injusticia social y un agravio personal a la dignidad de las víctimas", dijo Longo Quiñones, al insistir en la importancia de la finalidad de las sentencias.
"Solicitamos al legislador que acoja la primacía de estos valores en su proyecto, denegando la retroactividad propuesta a sentencias que ya han advenido finales y firmes", añadió.
Durante la audiencia pública, comparecieron varias víctimas de delito, que testificaron sobre el daño que entienden sufrirían personas en su misma posición con la aprobación del proyecto, y cómo sus disposiciones las expondrían a ser revictimizadas al enfrentar nuevamente los rigores de un proceso judicial.
No existe una estadística certera sobre cuántos convictos con sentencias finales y firmes podrían beneficiarse de la medida, y Longo Quiñones dijo que habría que verificar las boletas de los veredictos en la Oficina de Administración de los Tribunales. En cuanto a casos en apelación, indicó que son 133 casos en diversos foros.
La titular de Justicia planteó, además, que la decisión en Ramos vs. Luisiana no comenta sobre la aplicación a casos con sentencias finales y firmes, y argumentó que permitir la retroactividad tendría el efecto de reabrir casos donde no hay alegaciones de deficiencias procesales.
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en una ponencia firmada por la procuradora interina Madeline Bermúdez Sanabria, no favoreció la medida tal y como fue redactada, por entender que tendría un efecto nefasto en las víctimas de delito.
"Aplicar esta norma de forma retroactiva conllevará que nuestras mujeres tengan que ser llamadas nuevamente a testificar, a confrontar a su agresor, lo cual causaría un efecto perjudicial en aquellas que han podido sobrellevar la situación. Esto causaría un efecto nefasto, no solo en las víctimas de delito, sino también en su núcleo de apoyo", lee la ponencia.
En cambio, el Proyecto Inocencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y la propia Facultad de Derecho de la institución defendieron la medida, al señalar, en una ponencia conjunta, que de la decisión del Supremo Federal se desprende que, si bien todavía no se ha resuelto un caso donde se discuta específicamente la controversia sobre la retroactividad, "esas expresiones del tribunal permiten anticipar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos estaría muy receptivo para considerar que la unanimidad es una norma procesal crucial".
Al advertir, sin embargo, que no hay certeza sobre cuándo la Corte Suprema se expresará sobre el asunto, el director de Proyecto Inocencia, Julio Fontanet, y la directora de legislación Vanessa Mullet argumentaron entonces que corresponde a la Asamblea Legislativa legislar.
Por su parte, Félix Vélez Alejandro, director de la Sociedad para la Asistencia Legal, sostuvo que, si bien el Tribunal Supremo federal no se expresó sobre la retroactividad, sí existe jurisprudencia en el caso de Teague vs. Lane que permite que una nueva norma constitucional se aplique retroactivamente, y que los estados y territorios como Puerto Rico tienen la facultad de pautar el alcance de esa retroactividad y "así aplicarla a casos que ya hubiesen advenido finales y firmes".