De Mirabeau, el moderado, al terror jacobino

Abrevar en la historia nos permite comprender y sumar otra mirada a nuestro presente
La Revolución Francesa y la toma de la Bastilla, de la que hoy se cumple un nuevo aniversario, y a cuya celebración nos sumamos, es paradigma de los ciclos que afectan el humor de los pueblos cuando están expuestos a situaciones críticas, oscilantes entre los desbordes colectivos y el clamor por un orden.
Honoré Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau, "el político" por antonomasia, según Ortega y Gasset, y el orador más destacado de la Asamblea Constituyente, dejó de lado sus títulos nobiliarios para apoyar la revolución proponiendo una monarquía constitucional, a la inglesa.
Para el filósofo español, Mirabeau, como auténtico político, postulaba la unidad de los contrarios. Y sentenciaba: "No acusemos de inmoralidad al gran político. Cuando miente, en rigor no miente, porque no está adscripto íntimamente a nada determinado. Las palabras y las ideas son para él tan solo instrumentos". Mirabeau, el orador del pueblo, murió el 2 de abril de 1791. Esa desaparición prematura quizá torció el destino de Francia, abriendo el camino para que la prudencia fuera desbordada por la desmesura. Después de Mirabeau vino el diluvio.
En 1789, la Asamblea Nacional inició un "festival de bonos" al emitir títulos con garantía de los bienes confiscados a la Iglesia y a los aristócratas, conforme la iniciativa de Talleyrand, impulsada por Mirabeau e implementada por el célebre ministro de Finanzas Jacques Necker. Así nacieron los assignats: bonos destinados a ser canjeados por esas tierras. Por temor a la inflación, Necker dispuso que se destruyeran los títulos cuando volviesen al Estado.
Como el pueblo pedía comida, los bonos recibidos no fueron invalidados y se entregaron a organizaciones sociales. Luego se resolvió emitir más assignats, ya sin respaldo, para compensar la pérdida de valor de los existentes. Opuesto a ello, Necker dimitió, la inflación se desató y, con ella, la carestía. En 1792, las protestas propiciaron la caída de la monarquía, el asalto del Palacio de las Tullerías, el arresto de la familia real y la toma de la Asamblea por parte de los jacobinos. Francia vivió así su primera y única experiencia hiperinflacionaria.
En 1793, invocando la emergencia bélica, el grupo de Robespierre, Danton, Marat y Saint Just estableció una "dictadura revolucionaria" sin garantías constitucionales. Los Comités de Salvación Pública y de Seguridad General centralizaron el poder absoluto en nombre de la Convención Nacional, controlando al Tribunal Revolucionario para garantizar la "democratización" de la Justicia.
La Convención dispuso en abril que todos los pagos del Estado fuesen con assignats. Tres días después, ordenó la "asignatización" de toda la economía, prohibiéndose los contratos en otras monedas y decretó pena de prisión para quienes se apartasen del valor oficial, y que los comerciantes irían a las mazmorras si los tomasen con descuento.
Los campesinos, que no querían papelitos por sus cereales, los ocultaron o vendieron a intermediarios. La población atacó panaderías, linchó a panaderos y denunció a los acaparadores. Como respuesta, la Convención dictó una ley de precios máximos para el trigo y la harina (Loi du Maximum), por la cual todo productor debía declarar la cantidad de granos en su poder y todas las ventas debían hacerse en el mercado, pudiendo los inspectores irrumpir en los campos, abrir graneros y realizar decomisos.
El 1° de junio, la Convención giró hacia la izquierda extrema con el desplazamiento de los girondinos por los jacobinos de la Montaña, resueltos a profundizar la revolución e "ir por todo". A fines de ese mes se cerró la Bolsa de París y se prohibió la "especulación" en títulos o acciones. Luego, se censuró la difusión del tipo de cambio "paralelo" (cotización del assignat en oro o plata), bajo pena de prisión. Los policías del Comité de Seguridad General allanaron cafés, sobresaltaron salones y sorprendieron a cambistas y "arbolitos" bajo los puentes del Sena. Siguió la ley de acaparamiento (loi sur l’accaparement), obligando a los comerciantes a vender alimentos a precios oficiales e incentivando a los inspectores con premios porcentuales sobre lo requisado.
Como el impuesto inflacionario no fue suficiente, la Convención apuntó a los ricos. Dispuso un "préstamo forzoso" (loi sur l’ emprunt forcé). Los ingresos personales "necesarios" estaban exentos; los "abundantes" eran gravados y los "superfluos" eran confiscados en su totalidad y la Convención impuso penas a quienes se rehusaran a aceptar los assignats o a quienes los "desacreditaran". Dos días después, en respuesta al clamor popular contra los banqueros, se clausuraron sus bancos, se allanaron sus domicilios y precintaron sus documentos. Muchos de ellos se fugaron, otros fueron guillotinados. Al tiempo, y ante el temor de perder el crédito público (necesario para financiar la guerra), se autorizó la reapertura, pero ya no se atrevían a funcionar.
Los comerciantes eran impenitentes y el público, egoísta. La pena de prisión por no aceptar assignats fue reemplazada por el hacha o el paredón. Por razones humanitarias, podía admitirse la guillotina. En septiembre se resolvió que la negativa a aceptar el assignat sería pasible de pena de muerte, siendo los bienes del culpable requisados y el delator, recompensado. Cuatro días después del asesinato de Marat, el 17 de septiembre, la Convención sancionó la ley de Sospechosos (loi des suspects), que autorizaba a encarcelar a quienes por su "conducta, relaciones o escritos" fuesen contrarios a la Revolución. O aun "a quienes no fuesen contrarios, pero no demostrasen apoyarla".
La Convención profundizó su rol de garante de la "mesa de los franceses" al extender el régimen de control de precios a todos los productos esenciales más allá del trigo y el pan (loi du maximum général): carne, manteca, aceite, pescado, jabón, sal, azúcar, papel, tejidos, carbón y materias primas para las fábricas. Se prohibió también la exportación de alimentos, con excepción de la sal.
Convencido de que "medidas revolucionarias solo pueden aplicarse por un gobierno revolucionario", Louis de Saint Just (el "Arcángel del Terror") logró que la Convención otorgase facultades extraordinarias al Comité de Salvación Pública hasta el fin de la emergencia, de duración indefinida. El "Gran Terror" comenzó con la ley del 22 Pradial (10 de junio de 1794), para reprimir las conspiraciones del "enemigo interior" (nobleza y burguesía), conjurado, como siempre, con el enemigo exterior. Para ello, se facilitaron las denuncias y se eliminó el derecho de defensa.
La reacción conservadora estalló un mes después. Al día siguiente, Robespierre y Saint Just fueron guillotinados y la revancha, en forma de "Terror Blanco", se extendió por toda Francia. Para entonces, las ciudades organizaban entregas gratuitas de artículos de primera necesidad con libretas de racionamiento. La población no temía a la guillotina, sino al hambre, la escasez, la pérdida del valor del salario.
En febrero de 1796, el Directorio hizo quemar los assignats en la Place Vendôme de París sustituyéndolos por otro título tan volátil como el carbonizado (el mandat territorial). Sin confianza, ayer como hoy, no hay moneda que pudiese ser aceptada y la pobreza se profundizaba. Hasta que en noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte llevó a cabo el golpe de Estado que creó el Consulado y, bajo su autoridad, se hizo una profunda reforma fiscal, se estableció una unidad monetaria y se creó el Banco de Francia, único emisor de los nuevos francos.
Algunos historiadores sostienen que los muertos por desnutrición, hambre o enfermedad debidos a la profusión de assignats fueron más que las 17.000 víctimas del aparato inventado por Joseph-Ignace Guilloti en su afán porque las ejecuciones fuesen menos dolorosas. Abrevar en la historia nos permite comprender y sumar otra mirada a nuestro presente.