Viernes, 29 de Marzo de 2024

Cómo se resolvieron dos prolongados ayunos de comuneros realizados en 2010 y 2017

ChileEl Mercurio, Chile 9 de agosto de 2020

Alberto Espina, exsenador por La Araucanía, critica su uso como medida de presión. Vocero de mapuches presos en Angol sostiene que falta aplicar Convenio 169.

El recurso de las huelgas de hambre de comuneros mapuches ha surgido como un medio extremo para lograr un "diálogo político estable" con las autoridades del Estado, señala el vocero de los indígenas presos en Angol, Rodrigo Curipán.
Una decisión de profundo impacto en la salud de quienes adoptan estas medidas de presión, con las que se busca, entre otros fines, ejercer los derechos que les entrega del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que Chile ratificó en septiembre de 2008 y que entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009.
Este convenio implica el respeto a las culturas de los pueblos indígenas y que las sanciones penales a miembros de estos pueblos consideren sus características sociales y culturales.
En la última década destacan dos extensos ayunos, que lograron ser desactivados tras, también, arduas negociaciones entre representantes de los huelguistas y autoridades de gobierno.
En octubre de 2010, tras 82 días en huelga de hambre, 28 comuneros bajaron su ayuno al llegar a un acuerdo con ministros del primer gobierno de Sebastián Piñera.
La propuesta se basó en cambios a la Ley Antiterrorista, reformas a la Justicia Militar y el retiro de querellas por delitos terroristas contra los imputados, que fueron juzgados bajo normas del derecho penal común.
En 2017 se registró el otro episodio que tensionó a las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet y los huelguistas, que, según su testimonio, tuvieron un ayuno de 115 días. A fines de septiembre, Alfredo Tralcal Coche y los hermanos Pablo, Ariel y Benito Trangol Galindo depusieron el ayuno en protesta a la calificación de delito terrorista que se le asignó al incendio de una iglesia en Padre Las Casas.
El acuerdo se logró luego que el exministro del Interior, Mario Fernández, anunció que se iba a recalificar el delito de incendio terrorista por el que se había querellado el Gobierno.
Para el exministro de Defensa y exsenador por La Araucanía, Alberto Espina, las huelgas de hambre no pueden legitimarse como un mecanismo para obtener beneficios bajo presión. "Los gobiernos que ceden ante huelgas de hambre debilitan la aplicación de la ley y, por lo tanto, creo que ese es un camino profundamente equivocado de aceptar", afirma.
"Ninguna de las dos huelgas (2010 y 2017) tuvieron justificación, y esta (la actual) menos, porque han sido condenados por tribunales de justicia", agrega Espina.
Curipán, a su vez, plantea que el Código Procesal Penal no se ha estandarizado en términos del Convenio 169. "Cuando haya aplicación de justicia contra los mapuches o contra cualquier otro pueblo indígena tiene que haber un estándar distinto de aplicación de justicia (...). No estamos pidiendo no ir a juicio y no pasar por un tribunal, sino condiciones distintas a la hora de dictar una sentencia o adonde se deba enviar un mapuche al ser condenado", afirma.
REGISTRO
La huelga de hambre de 28 comuneros mapuches, en 2010, se prolongó por 82 días, mientras que la registrada en 2017, se logró desactivar tras 115 de ayuno que realizaron cuatro imputados de delito terrorista.
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