Jueves, 28 de Marzo de 2024

Se queda corta la Ley de Emisión de Deuda

Puerto RicoEl Nuevo Dia, Puerto Rico 14 de agosto de 2020

La nueva Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda refrendada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced no pasa de ser "una aspiración", pues el estatuto carece de criterios mínimos para asegurar que la isla no incurra en las prácticas que le llevaron a la bancarrota, opinó el economista Daniel Santamaría, de la organización Espacios Abiertos

La nueva Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda refrendada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced no pasa de ser "una aspiración", pues el estatuto carece de criterios mínimos para asegurar que la isla no incurra en las prácticas que le llevaron a la bancarrota, opinó el economista Daniel Santamaría, de la organización Espacios Abiertos.
De acuerdo con Santamaría a excepción de la intención expresada en el título del Proyecto del Senado 1447, en la práctica, la medida que Vázquez Garced convirtió en ley esta semana, poco hará para que Puerto Rico logre regresar a los mercados de capital como requiere la ley federal Promesa. Además, la medida dejó a un lado, mecanismos que pueden contribuir a que, a futuro, el gobierno mantenga niveles de endeudamiento sostenibles y sobre todo, no requiere la publicación de informes o reportes en torno a la administración de la deuda pública, una práctica común en estados y decenas de países en el mundo.
"Hay una falta de peritaje profundo en la redacción del estatuto. Cuando uno lee en los medios de comunicación y en las redes sociales, parecerá que es una ley que incorpora seriedad fiscal como parte del mercadeo de la ley, pero cuando uno va al contenido, uno observa que ahí hay muchas flaquezas", dijo Santamaría.
Agregó que el estatuto dado a conocer por La Fortaleza apenas tiene seis páginas, cuando se trata de uno de los asuntos de política pública que más inciden en el manejo de las finanzas gubernamentales.
"El texto de la ley no le hace justicia al título", insistió el experto.
El año pasado, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) anunció que el proyecto de administración daría uniformidad a los procesos que las agencias y corporaciones públicas deben realizar a la hora de tomar prestado. Entonces, se indicó que la medida ayudaría a no repetir los errores que llevaron a la aprobación de la ley federal Promesa y al proceso de bancarrota en que se encuentra la isla.
Los aciertos...
De acuerdo con Santamaría, la medida tiene aciertos. Entre éstos, el estatuto requiere que en lo sucesivo Puerto Rico no pueda tomar préstamos con un plazo mayor de 30 años y que cuando vaya a tomar prestado, solo pueda hacerlo para invertir el dinero en obras permanentes.
Un tercer aspecto favorable, se centra en requerir que el gobierno comience a pagar el principal del dinero que tomó prestado tan pronto como a los dos años de contraer la obligación.
Según el estatuto, la Aafaf estará obligada a redactar una "Política de Administración de Deuda" que imponga límites al endeudamiento en que incurran las agencias o corporaciones públicas.
Oportunidades perdidas
En el lado opuesto, el estatuto establece que la Aafaf tendrá que dar su visto bueno para que una entidad del gobierno tome prestado, cuando por disposición constitucional toca a la Legislatura avalar el endeudamiento público.
Según Santamaría, el gobierno pudo aprovechar la legislación para establecer otros parámetros que aseguren que se toma prestado responsable.
A manera de ejemplo, Santamaría sostuvo que la legislación pudo incorporar ciertas métricas como establecer que la relación entre lo adeudado por el gobierno y el producto nacional bruto no exceda de cierto nivel. También pudo fijarse un máximo en la tasa de interés que el gobierno podría pagar a sus acreedores.
Según Santamaría, lo preocupante es que Puerto Rico adopta esta legislación desconectada del impacto que representa la ley Promesa y sobre todo, sin haber tomado los pasos que sí son críticos para obtener el acceso a los mercados: transparencia y buena gestión.
"Cuando tienes un país en buena condición, quien tiene el poder de negociación es el país. Cuando el país está en una situación no tan buena y necesita financiamiento, en esa asimetría de poder, entre el deudor y el acreedor, quien tiene el poder es el acreedor", dijo Santamaría.
Por ello, agregó el economista, en los procesos de emisión de deuda y reestructuración que se han consumado, los acreedores han forzado a Puerto Rico a aceptar la legislación del estado de Nueva York para que rija tales acuerdos.
De igual forma, dijo Santamaría, la credibilidad ante los mercados de capital se recupera con la publicación frecuente y confiable de datos gubernamentales y con un plan que permita retomar la senda de crecimiento económico que Puerto Rico perdió hace casi dos décadas. De acuerdo con el economista, ninguno de esos pasos decisivos para salir de la situación actual se ha consumado.

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