Pide los $2.5 millones del plebiscito

WASHINGTON.- Aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que el referéndum "estadidad sí o no" de noviembre incumple la política pública federal, la gobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó los $2.5 millones que ofreció una ley de 2014 para ayudar a financiar un plebiscito refrendado por el Ejecutivo federal.
En una misiva al secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, Vázquez Garced dijo estar decepcionada por el tono de la carta del subsecretario Jeffrey Rosen en que se rechazó la consulta, pues considera que reflejó cierto respaldo al status territorial.
"Me preocupan la explicación y el tono de la comunicación que parecen estar sesgados a favor del status territorial actual", indicó la gobernadora, quien entiende que la intención del lenguaje de la ley federal de 2014 era excluir el status actual y que la política pública del gobierno de EE.UU. debe ser "permanecer neutral".
El presidente Donald Trump ha rechazado la estadidad para Puerto Rico.
"Estamos decepcionados con la determinación del Departamento de Justicia de no comprometer los $2.5 millones asignados por el Congreso para que los habitantes de nuestra isla puedan libre y democráticamente ejercer su derecho al voto y finalmente resolver el status colonial-territorial", indicó la gobernadora, en carta con fecha del miércoles.
Vázquez Garced sostuvo que el fracaso de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en llevar las papeletas de las primarias del 9 de agosto en Puerto Rico "demuestra la necesidad" que tiene la isla en obtener "recursos y fondos adicionales".
Más aún, la gobernadora pareció quejarse de que Justicia federal no respondiera antes del 30 de junio, como requería la ley de Puerto Rico, a la solicitud de la CEE para que se validara la consulta y se autorizara luego la entrega de los fondos.
En una carta del 29 de julio enviada al entonces presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, el subsecretario Rosen descartó validar el referéndum "estadidad sí o no" propuesto por el gobierno de Puerto Rico, al reafirmar que no tienen claro que los electores de la isla hayan rechazado el status territorial de Estado Libre Asociado.
Rosen sostuvo que respaldar, en este momento, un referéndum "estadidad sí o no" sería apoyar una alternativa específica, y consideró que la ley puertorriqueña que regula la consulta se presta a engaño al afirmar que es un plebiscito para la admisión inmediata de la isla como estado.
Vázquez Garced aprovechó la carta a Barr para informar que Dávila renunció a la CEE, luego de ella solicitarlo.
El gobierno de Puerto Rico, tras la carta de Rosen, decidió continuar el referéndum, tal y como se legisló en mayo. Se trató de la segunda vez en el cuatrienio en que el Departamento de Justicia federal tachó un plebiscito convocado por el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), que tiene el fin de adelantar la idea de que la isla sea el estado 51.
La ley federal de enero de 2014 incluyó lenguaje solicitado por el entonces comisionado residente en Washington D.C., Pedro Pierluisi, ahora candidato a gobernador del PNP, y el demócrata José Serrano (Nueva York), en favor de que el Departamento de Justicia de EE.UU. tuviera que aprobar la papeleta electoral y la campaña educativa de un referéndum en la isla para resolver el status.
Si Justicia entendía que el plebiscito cumplía con la Constitución, las leyes y la política pública del gobierno federal, entonces, 45 días después de notificar al Congreso, podía dar acceso a $2.5 millones para ayudar a financiarlo.
Aunque dijo que no se requiere el visto bueno de Justicia federal ni los fondos para llevar a cabo el referéndum del 3 de noviembre, la gobernadora exhortó al secretario Barr a que "continúe trabajando con nuestro gobierno para obligar los $2.5 millones que garantizarían el proceso electoral justo y transparente que todos los puertorriqueños se merecen".