El camino de la institucionalidad

Con su participación en el plebiscito de ayer, la ciudadanía ha dado otra vez muestra de su compromiso con las formas institucionales de la democracia como único camino para encauzar y resolver los problemas del país. Acrecienta el valor de esa convicción lo vivido durante todo el último año, cuando grupos radicalizados hicieron de la acción violentista una constante, y pretendieron reivindicar aquella como supuesto motor de los cambios sociales. A esa violencia, la inmensa mayoría de los chilenos ha opuesto el simple acto de la emisión de un sufragio. Esto, en condiciones particularmente difíciles, luego de meses en que el país ha sido golpeado por una pandemia que no ha terminado de ser controlada, lo que no solo impuso la adopción de medidas de protección inéditas, sino que además hizo de la concurrencia a votar de cada persona un singular acto de confianza. Hay en todo ello un activo país que destaca aún más en momentos como los que se viven, de profundo cuestionamiento y aun descrédito de las instituciones, y que constituye, por lo mismo, una base invaluable para el proceso que ahora se inicia.
La contundencia del resultado da cuenta del éxito de quienes promovían la opción Apruebo en haber hecho de ella un canal de expresión para las insatisfacciones ciudadanas que con inusitada fuerza se han manifestado en este tiempo. En una campaña en la que paradójicamente el debate constitucional encontró escasa cabida, la Carta Fundamental parece haber adquirido un carácter simbólico que terminó siendo mucho más relevante que su contenido efectivo. Ello tal vez pueda explicar por qué una ciudadanía que antes había observado con tibieza el proceso constituyente que intentó impulsar la Presidenta Bachelet, y que luego, en 2017, eligió Presidente de la República a quien había descartado en su programa la idea de una nueva Constitución, se pronunciara ayer tan masivamente por la redacción de un nuevo texto. La magnitud de ese apoyo inviste de indubitada legitimidad los siguientes pasos del proceso, y constituye también un claro mentís hacia aquellos -como el PC y un sector del Frente Amplio- que pretendieron cuestionar la validez del acuerdo del 15 de noviembre pasado y de la reforma que lo materializó. Lejos de ver allí un arreglo político destinado a acallar las demandas ciudadanas, los chilenos lo han entendido como el camino para dar un cauce a sus expectativas de cambio.
Ello, que es quizá el principal valor del resultado, define también la magnitud del desafío. Es evidente el cúmulo de expectativas que se han alentado respecto del cambio constitucional, muy superiores a lo que cabe esperar de una Carta Fundamental. Por lo mismo, el peligro de generar nuevas frustraciones no debe ser ignorado y constituye una responsabilidad de las dirigencias sincerar ante la ciudadanía lo que puede efectivamente significar una nueva Constitución. La campaña para la elección de los miembros de la futura Convención puede jugar un papel crítico en este sentido. Tanto o más importante es que el propio desempeño de ese órgano se haga cargo del profundo desencanto que los chilenos han manifestado respecto del funcionamiento de nuestra política; muestra clara de este es la decisión ciudadana de haber desechado cualquier participación de los actuales congresistas en la elaboración del nuevo texto.
No debiera sector político alguno pretender arrogarse para sí un resultado plebiscitario que, elocuentemente, no tuvo a dirigentes políticos jugando ningún papel relevante en las celebraciones de anoche. Desde luego, la oposición, que convergió en el Apruebo, no pudo desarrollar una campaña unitaria y subsisten en su interior una diversidad de visiones respecto del tema constitucional, pero además la división de Chile Vamos -algunos de cuyos principales liderazgos también respaldaron la opción ganadora- impide cualquier interpretación binaria de lo ocurrido. Antes bien, corresponde ahora a las distintas coaliciones y fuerzas explicitar las ideas y principios por los que buscarán jugarse en la Convención. Particularmente para el oficialismo, que ha afirmado tener amplios acuerdos en esta materia, ha de constituir una prioridad articularse unitariamente, tarea en la que están naturalmente llamados a jugar un papel central los presidenciables del sector y el propio Gobierno. La imagen de anoche del gabinete ministerial -cuyos integrantes también tuvieron posiciones opuestas frente al plebiscito- flanqueando al Presidente de la República constituye una primera señal en esa línea.
Pero dicha imagen es relevante también desde otra perspectiva, en cuanto ha mostrado a un mandatario comprometido con el cumplimiento de sus tareas gubernativas, las cuales incluyen no solo el correcto desarrollo del proceso constitucional y de la serie de elecciones que el país enfrentará el próximo año, sino también continuar abordando los desafíos de la pandemia y de la reactivación económica. Al explicitarlo así, la autoridad ha sido consecuente con el carácter profundamente institucional del proceso que han decidido iniciar los ciudadanos. Ciertamente la votación de ayer tiene un contenido político y de cuestionamiento del que todas las instituciones habrán de hacerse cargo en el especial período que se viene por delante, cuando, en paralelo al normal funcionamiento de ellas, un órgano nuevo estará debatiendo el ordenamiento constitucional que hoy les da sustento. Tal situación, que se presenta particularmente delicada y potencial fuente de conflictos, se podrá, sin embargo, abordar razonablemente en la medida en que los distintos actores se atengan con lealtad a las normas acordadas. En conformidad con ellas, ni el Gobierno ni cada una de las autoridades legítimamente constituidas deben dejar de ejercer sus funciones en plenitud, ni el país puede paralizarse en este complejo momento. Lo contrario no solo sería negativo para el funcionamiento institucional, sino que vulneraría flagrantemente un proceso cuya legitimidad los chilenos, con su participación, tan masivamente han respaldado.