Descarbonización y voluntarismo

Acaba de aprobar en general la sala de la Cámara de Diputados un proyecto cuyo escueto texto prohíbe la operación de plantas termoeléctricas a carbón a partir de 2025. Fundada en el hecho efectivo de la contaminación que estas centrales emiten y sus efectos en la salud, la iniciativa pretende abordar el tema mediante una fórmula que contraría la opinión de los ministerios de Energía y Medio Ambiente, así como la del Coordinador Eléctrico Nacional, y de diversos expertos. Denota el proyecto un cierto voluntarismo que parece no considerar el riesgo de provocar efectos exactamente contrarios a los buscados.
Para entender el problema, un antecedente relevante es que en septiembre las plantas de carbón representaron un 19% del sistema eléctrico en términos de capacidad, pero aportaron el 31% de la generación. En este contexto, es verdadero lo que argumentan los defensores de la propuesta, en cuanto a que existe capacidad suficiente para que centrales a gas reemplacen a las de carbón que se cierren. Lo que se omite es que esa capacidad a gas natural incluye una fracción importante de centrales de ciclo simple, poco eficientes y por lo tanto emisoras de gases de efecto invernadero, y probablemente también de contaminación local. Estas centrales tendrían que operar en forma continua para compensar la falta de las plantas de carbón. Con ello, el costo de la electricidad aumentaría, pues el gas natural es más caro. A su vez, el sistema eléctrico en su conjunto tendría menores márgenes de seguridad, por lo que probablemente las centrales diésel que existen de reserva operarían en forma frecuente, lo que terminaría elevando aún más los costos y la contaminación. Más aún, en el plazo de cinco años que establece el proyecto no es posible reemplazar las centrales de carbón con más inversión en energías renovables, pues no existe capacidad de transmisión suficiente para hacer uso de las nuevas plantas. De este modo, la iniciativa, de ser aprobada, augura un futuro de electricidad más cara, menos segura y no mucho más limpia, aunque tal vez la localización de la contaminación varíe.
Por cierto, es posible pensar en adelantar la salida de las centrales de carbón, actualmente planeada para 2040, pero hay formas más eficientes. Un eventual camino podría ser el de un mejor diseño del actual impuesto verde, que induzca un menor uso de las centrales térmicas y eleve los incentivos a invertir en centrales renovables. Al mismo tiempo, urge aumentar la capacidad de transmisión para evacuar la energía que producirían esas nuevas inversiones. Lamentablemente, se oponen a tales obras diversos grupos de presión, paradójicamente muchos de los mismos que demandan aumentar las energías renovables.
Desde otra perspectiva, debe recordarse que el compromiso que hizo el país de reducir sus emisiones de carbono significa un mayor uso de electricidad en el futuro. Esto, pues rubros como el transporte, las industrias y otras actividades productivas convertirán parte importante de su demanda por energía. El proyecto, sin embargo, por sus efectos, retrasa esta conversión del sistema productivo, contribuyendo indirectamente a una mayor emisión. Además, suele olvidarse que la mayor fuente de contaminación en gran parte del país es la calefacción a leña -causa también de la destrucción de bosque nativo-. Es urgente cambiarla por medios menos contaminantes, como la electricidad. El proyecto de los diputados contradice esos esfuerzos al hacer más caro y menos seguro el suministro.