Podrían reducir más la oferta a los bonistas

Ahora que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado examinar los alegatos de ciertos bonistas de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), esos acreedores se exponen a un recorte mayor que el propuesto en principio por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), según un informe de la casa crediticia Moody’s Investors Service.
En un reporte al mercado, Moody’s sostuvo que la reciente movida del alto foro federal en la disputa incoada por los fondos de inversión Andalusian Global, Glendon Opportunities, Mason Capital y Oaktree Capital, entre otros, es un desarrollo negativo para los dueños de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés). Antes del fin de esta controversia legal, los dueños de los POBs, entre ellos, varios fondos mutuos locales y bonistas de Puerto Rico ya se exponían a un recorte cercano al 87% del principal que prestaron a la ASR.
"El rechazo de la corte es negativo para los bonistas de (POBs) porque mantiene un fallo del Circuito de Apelaciones contrario con su interés de afirmar ciertas protecciones y reduce los prospectos de recuperación", reza el reporte de Moody’s.
En noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que no acogería un pedido de certiorari radicado por Andalusian y sus contrapartes, lo que supuso otra victoria para la JSF y en especial, para el Comité Oficial de Retirados (COR).
La movida del alto foro federal coincide con la intención de la JSF de reanudar las negociaciones con bonistas del gobierno, pero a la luz de la realidad económica y fiscal que ha dejado el coronavirus. Entre otras cosas, el organismo se propone impulsar recortes mayores a los propuestos en el plan de ajuste enmendado y radicado en el tribunal en febrero pasado. Entonces, la JSF ofreció a los tenedores de POBs, alrededor de 13 centavos de dólar.
En síntesis, la JSF dudó de la validez de los POBs luego del análisis de la firma Kobre & Kim acerca de la deuda pública de Puerto Rico, ejercicio que dio paso a una serie de demandas, todavía en curso, contra los bancos de inversiones que estructuraron las emisiones de bonos de Puerto Rico.
A diferencia de otras jurisdicciones, fue la ASR y no el gobierno central, la entidad que emitió los POBs, convirtiendo dicha emisión de bonos en una obligación directa de la agencia. Como resultado, los $3,000 millones en POBs emitidos en el 2008, no fueron vendidos en el mercado exento municipal sino en el mercado de Puerto Rico, transacción que fue adquirida por individuos y, en su gran mayoría, por ciertos fondos mutuos locales. En el 2013, cuando la crisis fiscal desplomó los bonos de Puerto Rico y los fondos mutuos, buena parte de esa acreencia fue vendida a fondos de inversión y especulativos como los que ahora demandaron a Puerto Rico.
Según Moody’s, en lugar de solventar la ASR, los POBs -que se emitieron bajo la premisa de que capitalizarían el sistema- solo sirvieron para comprar tiempo al gobierno territorial. Ello porque el plan de pensiones finalmente quedó insolvente para junio de 2014.