Empresarios critican nuevas restricciones al comercio

Una decena de líderes empresariales aseguró ayer que las enmiendas a la orden ejecutiva que regula la actividad comercial y empresarial ante la pandemia del coronavirus no ayudarán a atajar la incidencia de contagios en la isla y reclamaron al gobierno intensificar los esfuerzos de divulgación del Índice de Riesgo y de educación para que tanto ciudadanos como empresas puedan hacer su pare en el control de la pandemia.
Tal como anticipó hace unos días y en respuesta al agotamiento físico y mental de enfermeras, médicos, tecnólogos y otros profesionales de salud que atienden a los enfermos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, la gobernadora Wanda Vázquez Garced decretó un cierre parcial en las operaciones comerciales de Puerto Rico, advirtiendo que "no hay más espacio para el consenso" entre los sectores de salud, económicos y ciudadanos.
Las nuevas disposiciones, que incluyen un cierre de todos los establecimientos los domingos -a excepción de aquellos relacionados con alimentación, farmacias y gasolineras- comenzarán el próximo 7 de diciembre y se extenderán hasta el 7 de enero de 2021.
Los empresarios escribieron a Vázquez Garced a principios de la semana con la expectativa de que se acogieran sus recomendaciones, lo que no fue el caso. Las medidas tomadas por la mandataria, empero, no fueron tan severas como sugirió un grupo de expertos del Departamento de Salud, quienes también recomendaron restringir el tiempo que un consumidor puede estar en ciertos establecimientos.
Vázquez Garced advirtió que si la tendencia en contagios continúa al alza no vacilará en decretar un cierre total como el implementado en marzo pasado antes de que terminen las nuevas restricciones.
"La situación de riesgo es causada por aglomeraciones sociales, un ‘lockdown’ no va a resolver las aglomeraciones sociales. Las personas se van a aglomerar donde no sea fácil controlarlos", insistió Emilio Colón Zavala, portavoz del grupo de empresarios y ejecutivos del sector privado que asesoraba a la gobernadora en el tema.
Justo antes de que Vázquez Garced anunciara las restricciones, ejecutivos como Ramón Leal, pasado presidente de la Asociación de Restaurantes (Asore) e Iván Báez, director de Asuntos Públicos y de Gobierno para Walmart, señalaron que las nuevas medidas volverán a poner en aprietos a miles de personas en Puerto Rico, sea porque estarán expuestas a perder sus empleos o porque las ayudas adicionales que recibieron las familias a través del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) ya no están disponibles.
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Álvarez, subrayó que el sector empresarial lleva meses aplicando los protocolos de higiene y protocolos correctivos cuando se producen contagios de COVID-19 entre los empleados.
En ese sentido, Colón Zavala sostuvo que gracias a las prácticas del sector privado es que los sistemas de rastreo del gobierno reflejan que entre el 26 de octubre y el 26 de noviembre pasados, solo el 7% de los contagios por COVID-19 se produjo en el lugar de trabajo. En ese mismo período, el 1% fueron viajeros; 3% en alguna interacción social y otro 21% se identifica como un escenario mixto no especificado.
En contraste, subrayó el ingeniero, el 68% de los contagios se produjo en el entorno familiar, según cifras oficiales.
Se desploman los recaudos
De acuerdo con el economista Roberto Toledo, el problema con un nuevo cierre de operaciones es que la economía no cuenta con paliativos para hacer contrapeso a una nueva baja en la actividad productiva, en momentos en que los recaudos del gobierno están 34% debajo de lo que estábamos en el 2019.
Incluso, subrayó que tiene que ponerse fin a la disyuntiva que se ha creado entre economía y salud, porque a fin de cuentas, se trata de sectores interconectados, cuyo desplome en cualquier lado de la balanza acabará por trastocar el resto de los componentes de toda dinámica social.