Retorno a clases, una causa ciudadana

A los estragos causados por la pandemia en términos de vidas humanas, impacto en la salud física y mental de la población, y contracción económica, deben agregarse sus consecuencias sociales y en particular en un ámbito esencial, la educación de las nuevas generaciones. La interrupción de las actividades académicas tendrá efectos determinantes en los niños y jóvenes. Por lo mismo, la reapertura de los colegios y la mantención de las clases presenciales debieran ser objetivos de amplio consenso. La realidad, sin embargo, ha ofrecido ejemplos muy opuestos.
En el caso de Europa, si bien el tema ha estado presente en los momentos más críticos de la pandemia, ha tendido a prevalecer la lógica que la Canciller alemana, Angela Merkel, resumiera en una frase: las escuelas tienen que ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir. En esa línea se han pronunciado también diversos organismos internacionales luego que distintos estudios mostraran una baja ocurrencia de contagios en escenarios de aplicación de estrictos protocolos de prevención. En general, la priorización de la educación presencial ha convencido a los padres y a las autoridades, pues los efectos dañinos de su interrupción, como la baja de las matrículas, la deserción, el agravamiento de la desigualdad y la deficiencia en el desarrollo de las habilidades psicosociales, pueden ser irreparables.
Ilustrativo de este debate en nuestra región ha sido el enfrentamiento en Argentina entre el gobierno federal y el de la ciudad de Buenos Aires, donde los colegios abrieron esta semana sus aulas luego de que la justicia acogiera un recurso presentado por padres y docentes en contra de un decreto presidencial. La disputa se encuentra ahora radicada en el ámbito judicial, donde han seguido habiendo pronunciamientos contrapuestos y se espera que la Corte Suprema sea la que zanje el tema. Decisivas han sido las acciones del alcalde porteño, pero también de apoderados y profesores que se han movilizado exigiendo hacer valer el derecho a la educación de sus hijos.
Tal actitud contrasta con la asumida en Chile por el gremio docente, que repetidamente ha obstaculizado cualquier intento de reapertura, y con la indiferencia de distintos sectores políticos y de la sociedad ante el que debiera ser un tema urgente. Cabe reconocer los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Educación, que impulsó con decisión el inicio del año escolar en marzo. Según cifras oficiales, más del 50 por ciento de los colegios tuvo entonces actividades presenciales, con una asistencia voluntaria promedio de 55 por ciento. De este modo, casi un millón de estudiantes asistieron a clases y un tercio de las escuelas que abrió consiguió alrededor del 80 por ciento de asistencia. Lamentablemente, la segunda ola de la pandemia y la implementación de nuevas cuarentenas obligaron a interrumpir este proceso en diversas localidades. Y aunque una progresiva caída en los contagios debiera favorecerlo, el retorno a la presencialidad enfrentará nuevos obstáculos. De hecho, el Colegio de Profesores sostiene que solo debiese ocurrir en aquellas comunas que alcancen la fase 4 del plan Paso a Paso, pese a que gran parte de los docentes está inmunizado y la evidencia indica que los contagios en menores tienen baja incidencia.
Sin desconocer los esfuerzos desplegados por mantener las actividades académicas a distancia, la presencialidad es irreemplazable, en especial en los primeros niveles de la enseñanza. Como en otros países, sería esperable que, por sobre grupos corporativos y cálculos políticos, fuera la ciudadanía la que, entendiendo la prioridad del tema y las profundas razones de equidad subyacentes, demandara con fuerza generar las condiciones para el retorno a las aulas.