La agenda del ambiente

Hoy se celebra a nivel global el "Día de la Tierra". Con una tradición de más de 50 años, la jornada se ha consolidado como uno de los eventos de concientización mundial sobre la protección del ambiente y la crisis climática. Por esta razón, hoy el presidente de Estados Unidos Joe Biden convocó una cumbre ambiental de mandatarios para revisar los esfuerzos de 40 países para cumplir con las metas del Acuerdo de París. Iván Duque se encuentra dentro de los invitados. Cabe entonces preguntarse cómo ha venido desarrollándose la agenda ambiental del Gobierno Nacional y cuál será su proyección para el último tramo de la administración Duque. En meses recientes la Casa de Nariño ha venido integrando una serie de anuncios y políticas que apuntarían a un deseo del primer mandatario de poner en primera línea un amplio abanico de iniciativas verdes. Es muy probable que en esa cumbre de 40 líderes, el presidente Duque reitere el compromiso de Colombia en la reducción del 51 por ciento de las emisiones de gases efecto invernadero hacia el año 2030, así como la estrategia a largo plazo para la carbono neutralidad a 2050. De hecho, la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) del país fue actualizada recientemente con 196 medidas de mitigación, adaptación, medios de implementación y acciones detalladas en sectores como agricultura, transporte, energía, vivienda y comercio. Esto es, la hoja de ruta que debe seguir Colombia y su economía en los próximos diez años para avanzar en el cumplimiento de esas ambiciosas metas. En momentos en que el país discute la reanudación de las aspersiones de cultivos ilícitos con glifosato y se mantienen las alertas por la deforestación en la Amazonia colombiana, no es sencillo identificar avances en la agenda ambiental del Gobierno. Otros temas espinosos como los pilotos de yacimientos no convencionales o el debate sobre los páramos ahogan fácilmente los 50 millones de árboles sembrados, el aumento en la generación de energía renovable o la economía circular. No obstante, en la pasada asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo en Barranquilla, Colombia y el BID acordaron un plan de 600 millones de dólares para un paquete de políticas públicas de crecimiento verde y desarrollo sostenible. Asimismo, se destinaron 20 millones de dólares para un fondo pionero para la Amazonia. Incluso el proyecto de ley de reforma tributaria contempla la creación de tres nuevos impuestos verdes -vehículos, plásticos de un solo uso y plaguicidas- y la incorporación del carbón al tributo al carbono. Sin desconocer los reclamos de los distintos sectores económicos afectados y la posibilidad de revisar diseño y tarifas de los nuevos impuestos, esta línea de tributación va en la dirección de desincentivar estos productos contaminantes. Ante ese espíritu generó sorpresa que en la misma iniciativa legislativa se suban los impuestos en 5 por ciento a los paneles solares, bicicletas, patines y motos eléctricas así como otros insumos para la energía solar. El mensaje que envía el Ejecutivo con esos aumentos es contradictorio ante la innegable decisión política de impulsar la transición energética. A pesar de las críticas que varios temas de la gestión ambiental del Gobierno despiertan en importantes sectores de la opinión pública, la Casa de Nariño ha identificado una senda de acción sobre el cambio climático que va más allá de 2022. La tarea no quedará terminada pero será suficiente dejar los primeros hitos del camino hacia el 2030.