Lunes, 20 de Septiembre de 2021

Ingreso ilegal de venezolanos en primeros 7 meses crece 38%, comparado con todo 2020

ChileEl Mercurio, Chile 15 de septiembre de 2021

Experto de la Organización Internacional para las Migraciones afirma que último flujo está compuesto por personas muy vulnerables.

El empleo de "trochas" o pasos no habilitados en la frontera norte del país mantiene hasta hoy un intenso flujo de migrantes venezolanos, quienes en los primeros siete meses de 2021 contabilizaron 17.914 denuncias por ingreso clandestino al país, según datos de la Policía de Investigaciones (PDI). En segundo lugar se ubican los ciudadanos de Bolivia, con 3.043 ingresos clandestinos a territorio nacional.
Un registro que supera en 38% los ingresos de extranjeros de esta nacionalidad por pasos no habilitados reportados por la entidad policial en todo 2020, con 12.935 denuncias entre enero y diciembre.
Desde organizaciones promigrantes sostienen que estos registros pueden ser más abultados, considerando los casos no advertidos en los controles fronterizos. "Fue difícil pasar porque hay que evitar que los militares te vean y te agarren", comenta el venezolano Mauricio Sánchez (26), en el terminal de buses de Antofagasta, quien reconoce que ingresó por un paso no habilitado en la zona de Colchane, en la Región de Tarapacá.
El rodoviario, desde el 18 de agosto pasado, evidencia una inusual y masiva llegada de extranjeros provenientes en su mayoría de la Región de Tarapacá. De acuerdo a cifras de la Seremi de Salud de Antofagasta, a partir de esa fecha y hasta el lunes pasado en la aduana sanitaria del terminal se habían aplicado 12.225 test de antígenos a extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales 152 resultaron positivos.
Según Víctor Flores Dañobeytía, coordinador de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la macrozona norte, el actual flujo migratorio posee un perfil más precario respecto de las anteriores oleadas en la zona. "Estamos hablando de un flujo migratorio venezolano distinto al que conocimos en los primeros años (2015-2018), cuando sabíamos que más del 50% de la población tenía un nivel de educación superior o inconcluso. Hoy nos encontramos ante otro flujo, mucho más vulnerable", afirma. De acuerdo a una encuesta de marzo pasado de la OIM sobre migración venezolana hacia Chile y que se aplicó en Tarapacá, más de la mitad de los encuestados solo reconocía estudios de secundaria (56%).
En tanto, la PDI informó que entre enero y julio pasados, al contar a todas las nacionalidades de migrantes, se registraron 23.673 denuncias por ingresos de extranjeros por pasos no habilitados al país. La cifra supera en 40% a los 16.848 ingresos por pasos no oficiales reportados durante todo 2020.
REGISTROLas denuncias por ingresos clandestinos de venezolanos entre enero y junio quintuplican los 3.043 casos de bolivianos, que los escoltan en registro. Condenas por tráfico de migrantesEn un fallo unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Arica confirmó ayer una condena de cinco años de cárcel para dos individuos como autores del delito de tráfico agravado de migrantes. El tribunal de alzada rechazó recursos de nulidad presentados por las defensas particulares que buscaban la nulidad del proceso y de la sentencia dictada el 4 de julio por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.
En el proceso se acreditó que en octubre del año pasado, en uno de los meses con mayores niveles de contagios de casos de covid-19, sobre todo en Perú, ambos condenados se concertaron con dos grupos de venezolanos en Perú, quienes fueron ingresados desde Tacna por pasos fronterizos no habilitados y con cobros de US$ 300 por persona, lo que también incluyó a menores de edad.
Además, a los migrantes se les entregaban mapas para que no se perdieran en sus travesías a pie y tampoco se acercaran a los complejos fronterizos Chacalluta (Chile) y Santa Rosa (Perú). También recibieron detalles sobre horarios para desplazarse y, ya en territorio chileno, de zonas cercanas a la Ruta 5 Norte donde debían ubicarse para posteriormente ser recogidos en vehículos.
Las defensas de los condenados recurrirían a la Corte Suprema.