Un silencioso y efectivo adversario

El control preventivo es menos escandaloso que su adversaria, la corrupción, pero su silenciosa eficacia no admite dudas: permite actuar en tiempo real, a través del uso de tecnologías de punta y cobra vida con advertencias y alertas oportunas que les han permitido a varias entidades públicas, en todos los niveles, actuar antes de que los dineros públicos que puedan estar en riesgo se pierdan sin remedio. Con las herramientas que nos otorga la prevención hemos podido remover gigantescos cementerios de elefantes blancos que comprometen más de 24,5 billones de pesos, al tiempo que el nuevo modelo de control nos ha permitido obtener beneficios por cerca de 22 billones de pesos, mientras que en el pasado no alcanzábamos en un año más de 750.000 millones. Uno de sus componentes más importantes es el control social, es decir, la ciudadanía. Con el apoyo de la gente más el respaldo de la tecnología, la Contraloría ha logrado, por ejemplo, rescatar de las fauces de la desidia administrativa la Ruta del Sol tramo 3, impulsar la entrega de 213 instituciones educativas en todo el país o garantizar la terminación de 40 pozos de aguas profundas para comunidades que morían de sed en la alta Guajira. El modelo de control fiscal implementado, uno de los más novedosos de América Latina, le ha permitido a la Contraloría permanecer conectada con más de 4.800 fuentes de información correspondientes a 644 entidades, impulsar la calidad de sus datos y contribuir a depurar procesos de desempeño de la Unidad para las Víctimas, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Salud y la Agencia Nacional del Territorio, por mencionar solo algunas. El control social, cuya base democrática le confiere plena legitimidad, fue el ejercicio que le permitió a la Contraloría General de la República asumir el conocimiento del caso Hidroituango, que por su dimensión es considerado emblemático por la opinión nacional. Una veeduría ciudadanía pidió la intervención de nuestro órgano de control en momentos en que las limitadas competencias que tenía no le permitían asumirlo de oficio. Gracias a esa iniciativa de la comunidad, el proceso vivió sin sobresaltos jurídicos la transición del antiguo modelo de control al nuevo, que está permitiendo resolverlo de manera técnica y rigurosa en instancias en las que el respeto por las garantías de defensa a los presuntos comprometidos ha sido observado de principio a fin. En la Contraloría estamos acostumbrados a que las decisiones sean cuestionadas, por los coyunturales responsables que se señalan, como fruto de sesgos o absurdos intereses políticos, esos son gajes del oficio, y así lo asumen los experimentados equipos técnicos que hacen las investigaciones y encauzan los procesos. Un avance especial en esta era de revolución del control fiscal está representado en los modelos de riesgo y monitoreo creados para seguirles el paso a los ciclos presupuestales de regalías, vivienda, saneamiento y vacunación -entre otros sectores-. En ese sentido, al terminar agosto, hemos podido generar 1.490 alertas por más de 46 billones de pesos. No nos hemos detenido ni siquiera durante los picos más altos de la pandemia. El modelo de prevención ya nos llevó a estrenar el control de advertencia, uno de sus brazos más vigorosos. Lo hicimos en relación con el proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico, que podría tener un impacto negativo enorme en materia de las tarifas que deben pagar los consumidores de gas natural. El incremento podría llegar durante los tres próximos años al 32 por ciento. A un año de concluir la misión que asumimos, aún me sorprende que algunos insistan en que estamos regresando al viejo modelo de "control previo" que existió al amparo de la Constitución de 1886, cuando incluso las contralorías tenían poder de veto y se iba más allá de los límites pertinentes. Eso no tiene nada que ver con el control concomitante y preventivo que se expresa a través de pronunciamientos no vinculantes que sirven para prevenir al gestor fiscal sobre la detección de un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. Seguimos trabajando, sin distraernos, porque es mucho lo que hay que hacer y hay que hacerlo. Contralor General de la República
El control preventivo
Carlos Felipe Córdoba*