ONU observa uso excesivo de prisión preventiva en contexto de estallido social
Ve algunos avances, pero -cree- el Estado debe profundizar para abordar abusos de ese período.
"Valoramos los esfuerzos del Estado para incorporar las recomendaciones que presentamos en 2019. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales", dijo ayer Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, al presentarse una actualización del informe elaborado por la misión técnica que visitó Chile en 2019.
Un comunicado público, que difunde el reporte, resume: "Chile muestra algunos avances, pero debe profundizar sus esfuerzos para abordar las violaciones y abusos cometidos a fines de 2019".
Entre los obstáculos, el informe identifica que el derecho de reunión pacífica sigue regulado por el Decreto Supremo 1086, lo que genera un sistema de autorización de reuniones pacíficas y permite dispersar las no autorizadas. Y en la función policial ve una reducción del uso de escopetas antidisturbios, así como la actualización en curso de protocolos para el uso de la fuerza de Carabineros, pero -advierte- estos deben ser armonizados con el derecho internacional.
También consigna el reporte "el uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y de carros lanzagua contra las personas", y "casos en que funcionarios de Carabineros no prestaron asistencia a personas heridas".
A nivel normativo, se observan varios cambios "problemáticos". Menciona la "Ley Antibarricadas", de 2020, y expresa preocupación por el proyecto de ley que "eximiría de responsabilidad penal a funcionarios que hacen uso de su arma de servicio en ciertas situaciones".
Sobre acceso a la justicia, el informe valora los esfuerzos del Ministerio Público, pero sostiene que "los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones". Mientras que en otro punto el reporte considera "excesivo el uso de la prisión preventiva en casos de personas imputadas por presuntos delitos en el contexto de las manifestaciones".
Junto con ello -y entre otras cosas-, estima positivo el "diseño e implementación de programas de apoyo a algunos grupos de víctimas", aunque "observa limitaciones que no garantizan una reparación integral" para estas y sus familias.
El informe de seguimiento constata, además, "una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público que puede llevar a relativizar las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas".