¿El banquete del millón?

RICARDO ÁVILA PINTO - ESPECIAL PARA EL TIEMPO @RAVILAPINTO
El viernes pasado, cuando iba de regreso a su casa después de haber trabajado como encargada del aseo en un edificio del norte de Bogotá, Diana Carolina Cruz escuchó que otra vez había comenzado el proceso de fijación del salario mínimo. "Solo aspiro a que para el próximo año le suban más de lo que han subido las cosas", dice esta madre de un adolescente. Su argumentación es clara. Sostiene que con el sueldo básico que recibe de la empresa en la cual lleva diez años no le alcanza. "Ya dejé de comprar huevos", agrega. Las estadísticas oficiales le dan respaldo a esa opinión. De acuerdo con el Dane, la inflación anualizada para los colombianos pobres y vulnerables se ubicó en 6,4 por ciento al cierre de noviembre, dos puntos porcentuales más que para aquellos pertenecientes al nivel de ingresos altos. Esa diferencia es consecuencia de que los alimentos han aumentado en más del 15 por ciento en los últimos doce meses. Tanto la reactivación de la demanda interna como el aumento en los costos de fertilizantes y otros insumos explican el salto en el valor de la comida, algo que golpea con mayor dureza a quienes están en la base de la pirámide y dedican a este renglón una mayor proporción de lo que ganan. Ante dicha circunstancia, comienzan a escucharse cifras de diverso orden sobre de qué magnitud sería el reajuste que entraría en vigor el próximo 1.º de enero, que actualmente es de 908.526 pesos mensuales, sin incluir el subsidio de transporte. Dependiendo del interlocutor de turno aparecen números y justificaciones muy distintas. A primera vista, podría pensarse que los encuentros de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales que tendrán lugar en los días que vienen seguirán el libreto usual. Según este, las centrales obreras destapan inicialmente sus cartas y los empresarios hacen lo propio más tarde, ante lo cual el Gobierno trata de acercar posiciones para llegar a un consenso. Sin embargo, ahora el programa será distinto. Según el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, "vamos a escuchar el reporte sobre la productividad que hará el Dane y los planteamientos de los técnicos de distintas entidades, tras lo cual nos veremos el martes 14, momento en el que se conocerán las posiciones de cada uno, al tiempo". Para el funcionario, la idea es definirlo todo en una sentada. Y añade: "Hay muchas posibilidades de un acuerdo rápido. Tengo razones para mirar lo que viene con optimismo". Razones conocidas Una mirada tan positiva está fundamentada en las señales enviadas por los diferentes integrantes del comité tripartito que tiene el tema entre manos. Más allá de que pocos se comprometen con cifras específicas, basta observar hacia dónde sopla el viento. "La conversación del salario mínimo cobra una especial importancia este año en el que dejamos atrás las restricciones impuestas por la pandemia, que generó tanto incremento en el desempleo y la pobreza", opina Bruce Mac Master, presidente de la Andi. "2021 no solo marca el periodo de recuperación para el producto interno bruto, sino que debe ser el que marque una mejoría para los trabajadores y las familias colombianas, a las que debemos mirar con mucha empatía", añade el dirigente. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, habla de "irradiar el crecimiento económico, a conciencia de que estamos pasando por un momento atípico". Es claro su anhelo de que "ojalá esta negociación se construya a partir de un verdadero consenso". Para los expertos en leer entre líneas, todo apunta a un alza importante, así los ortodoxos piensen distinto. El analista Sergio Clavijo afirma que "lo recomendable para ayudar a generar más empleo y de tipo formal sería no exceder un 5,5 por ciento de reajuste del mínimo para 2022, siguiendo con la buena práctica que tuvo la administración Duque en 2021, cuando por primera vez en años el ajuste se acogió a la regla universal de la inflación reciente y la tendencia de la productividad laboral". No obstante el planteamiento, las apuestas giran alrededor de un nueve por ciento, o incluso más arriba. En términos prácticos, el básico estaría cerca del millón de pesos mensuales, un nivel que no está exento de simbolismo y que suena atractivo al momento de promulgar que se está pensando en el interés general. Quienes se inclinan por algo de ese estilo sostienen que millones de hogares necesitan recuperar los ingresos perdidos durante los largos meses de confinamiento o de restricciones. Basta recordar que solo hasta hace pocos meses la reapertura plena se convirtió en realidad, lo cual se expresó en un aumento en la pobreza y una reducción significativa en el tamaño de la clase media. Bajo semejante perspectiva, un aumento en los salarios reales impulsará el consumo interno, dando lugar a un círculo virtuoso. En la medida en que vendan más, las empresas ampliarán sus nóminas y aquellos que entren a trabajar le imprimirán más ritmo a la demanda. Entre las cuentas también está la política. Un buen número de candidatos de derecha y de centro han abogado abiertamente por incrementos que oscilan entre diez y once por ciento. Cada cual presenta sus razones, que incluyen algunos de los puntos ya destacados. Pero sin duda el cálculo es que un reajuste generoso -y aceptado por el sector privado- demostrará que no es necesario que la izquierda llegue al poder para que millones de colombianos ganen poder adquisitivo. Visión distinta Hasta ahí todo suena relativamente sencillo. Conseguir por decreto que la gente mejore sus ingresos lleva a más de uno a pensar que esta incluso es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza. Lamentablemente, la realidad es compleja e incluye muchas más variables. Sin desconocer que el salario mínimo tiene una justificación al tratar de corregir las asimetrías que existen en un mercado laboral, en el cual el poder de negociación de los empleadores tiende a ser mayor, convertirlo como un fin en sí mismo puede traer dolores de cabeza. Para comenzar, no se puede olvidar que fijar un precio influye sobre la oferta y la demanda, en este caso de mano de obra. Pero además aquí hay ramificaciones indudables: mayores costos afectan la competitividad de empresas y negocios o pueden trasladarse a los consumidores, que deberán pagar precios más altos. El tema ha sido motivo de estudio en la comunidad de economistas desde hace años. Sin ir más lejos, el Nobel de esta disciplina en 2021 se les concedió a tres académicos por sus "contribuciones empíricas en el campo de la economía del trabajo". Uno de ellos, el canadiense David Card, hizo una investigación en el estado de Nueva Jersey a principios de los años noventa del siglo pasado en el cual demostró que aumentos en el mínimo -que en Estados Unidos se puede determinar en el ámbito estatal- "no tienen por qué conducir necesariamente a la destrucción de empleo". Con ese antecedente en la cabeza, no han faltado las afirmaciones de que por estas latitudes puede suceder lo mismo. Sin embargo, vale la pena mirar la realidad colombiana. Desde hace décadas, el país se ha caracterizado por tener de manera persistente las tasas de desempleo más altas de América Latina, que en ocasiones duplican el promedio regional. Como si lo anterior no fuera suficiente, gran parte de quienes están ocupados laboran de manera informal. De tal manera, Colombia no solo tiene un problema de cantidad de empleo, sino también de calidad, pues seis de cada diez trabajadores no están amparados por las normas vigentes. La literatura académica en este terreno es extensa. Hace diez años, Juan José Echavarría y varios técnicos del Banco de la República publicaron un documento según el cual "el salario mínimo eleva uno a uno el salario real promedio de los beneficiados, pero crea desempleo y reduce el PIB". Dicha conclusión sigue siendo vigente hoy en día, según el ahora exgerente del Emisor. "Cuando suceden crisis como la que trajo la pandemia, los problemas que venían de atrás se vuelven más agudos y a lo que nos estamos arriesgando con un reajuste fuerte del mínimo es a continuar con índices de desocupación superiores al 10 por ciento y una informalidad más elevada que la de antes", sostiene Echavarría. Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, opina que "una preocupación fundamental es que la recuperación del empleo en el territorio nacional no solo ha sido lenta, sino que se ha concentrado en empleos informales". Advierte que "en esta negociación hay que cuidar que el incremento no termine agravando el sesgo antiformalidad que tiene el mercado laboral colombiano". Y concluye: "De hacerlo, estaríamos extendiendo los beneficios de la recuperación a quienes sí cuentan o acceden a un trabajo formal, potencialmente a costa de que menos personas consigan ese logro". Puesto de otra manera, aquellos que ya pasaron o pasan la línea de corte saldrán ganando, pero los que aspiran a conseguir un puesto verán la vara más alta, con lo cual se confirmará que no hay una sino dos Colombias, al menos en esta materia. En ese país que poco aparece y se expresa en el rebusque urbano o en las actividades del campo, cerca de la mitad de los colombianos gana menos del mínimo. Sería ideal, entonces, que el debate público no se concentre tanto en el reajuste que viene, sino en problemas que tienen raíces más profundas y exigen mejores resultados en materia de empleo, algo en lo cual hay muchos pendientes. Fuera de que la desocupación encabeza las preocupaciones de los ciudadanos, el panorama no es el mejor. Así lo confirmó el Dane la semana pasada al entregar las cifras correspondientes a octubre, mes en el cual hubo retrocesos inesperados. De acuerdo con el área de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, "luego de tres meses de recuperación, se dio destrucción de empleos en el total nacional, con un registro de 154.000 menos respecto al mes anterior, lo que dejó el volumen de ocupados en 21,5 millones". Si bien la economía ya superó el nivel de producción que tenía antes de la llegada del covid-19, no ocurre así con la cantidad de personas que están trabajando. Para colmo de males, dos grupos específicos de la población han sentido la crisis con mayor dureza: jóvenes y mujeres. Más allá de las estrategias intentadas, los progresos en este frente son escasos, lo cual se expresa en una marginalización mayor. Así las cosas, sigue haciendo falta una concepción más integral del problema, que incorpore factores como el marco regulatorio y el enorme desafío de la informalidad. Aceptando que es legítimo que Diana Carolina Cruz aspire a recibir un sueldo digno -que hoy complementa con horas adicionales-, el objetivo de largo plazo debe apuntar a mejorar los salarios promedio, algo que pasa por una economía mucho más dinámica, en la que abunden las oportunidades. Y frente a lo que viene, vale la pena prestarle atención a lo que dice el economista Jorge Pérez Pérez: "Promover que los incrementos del salario mínimo sean más moderados no es una política en contra de mejorar los ingresos de las personas. Al contrario: si moderar los aumentos del salario mínimo hace que más gente pueda tener acceso a un empleo formal, eventualmente eso podría mejorar los ingresos de los hogares a largo plazo". Falta ver si esas palabras caen en tierra fértil. Pero en el corto plazo, no parece que sea así.