La Nacion, Costa Rica
17 de enero de 2022
‘Actualmente se me imposibilita servir a mi cantón y, por consiguiente, no considero oportuno que se me cancele el monto’, dijo el jerarca al Concejo Municipal.
El alcalde de Corredores de Puntarenas, Carlos Viales Fallas, solicitó este domingo al Concejo Municipal de su cantón que le suspendan su salario mientras es investigado por su presunta participación en la construcción de un puente en una finca privada donde el sospechoso de narcotráfico Darwin González Hernández planeaba instalar una embotelladora de agua.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) de la Región Sur detuvo al alcalde el pasado 14 de diciembre, como parte de la pesquisa para determinar si recibió alguna dádiva por dicha edificación. El jerarca fue capturado junto con otros dos funcionarios públicos, después de 12 allanamientos en varias oficinas del ayuntamiento, así como en la propiedad privada donde se ubica el puente. Desde ese mes corre una suspensión del cargo por ocho meses.
"Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos para sus funciones en este año que inicia. Como es de conocimiento público, debido a una investigación que lleva a su cargo el Ministerio Público se me ha impuesto una medida cautelar que implica la separación del ejercicio de mi cargo como alcalde municipal, por un espacio de tiempo definido.
"Si bien es cierto, esta medida se encuentra en proceso de apelación, actualmente se me imposibilita servir a mi cantón y, por consiguiente, no considero oportuno que se me cancele el monto correspondiente a mi remuneración como alcalde. Por tal motivo, les insto respetuosamente a que se realicen las gestiones correspondientes a efectos de que no se me cancele el pago de mi salario en congruencia con la legislación vigente en materia laboral", escribió Viales en un documento que también compartió en su perfil de Facebook.
De acuerdo con el Ministerio Público, el alcalde y los otros dos trabajadores figuran como sospechosos por presunto peculado, por lo que en las diligencias "se pretende encontrar prueba documental, componentes electrónicos y demás elementos vinculados con los hechos", así como "determinar si los funcionarios públicos recibieron o no una dádiva indebida por las construcciones, por parte de González Hernández".
Según el artículo 361 del Código Penal, el peculado se castiga con penas de tres a doce años, cuando se confirme que el funcionario público sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo.
En su mensaje a los concejales, el alcalde agradeció las muestras de cariño que ha recibido durante el proceso judicial y afirmó que no tener la posibilidad de continuar con sus funciones "es razón suficiente para no recibir ingresos por parte del Municipio".
"La responsabilidad de ejercer un cargo de elección popular implica rendir cuentas y dar la cara por cualquier señalamiento al que se esté expuesto, solamente eso permitirá dar confianza y tranquilidad a la ciudadanía que nos debemos. En este caso, asumiré mi legítimo derecho de defensa en las vías judiciales correspondientes para demostrar mi inocencia.
"Luego de este proceso me reintegraré a mi cargo para continuar la ruta de trabajo y desarrollo que hemos visualizado para Corredores en donde la obra y los cambios son notables, así como la confianza y cariño de la ciudadanía que, con su voluntad manifiesta en el sufragio popular, nos dieron la posibilidad de seguir sirviendo", concluyó Viales en su carta.
