Viernes, 29 de Marzo de 2024

El proyecto que apoyan los industriales para que grandes supermercados no los "fagociten"

UruguayEl Pais, Uruguay 12 de agosto de 2022

La Cámara Industrial de Alimentos ( Ciali ) y la Cámara de Industrias ( CIU ) concurrieron al Parlamento para discutir el proyecto de ley sobre libre competencia en el comercio y se generó un debate respecto a los posibles efectos negativos de regular las relaciones comerciales

La Cámara Industrial de Alimentos ( Ciali ) y la Cámara de Industrias ( CIU ) concurrieron al Parlamento para discutir el proyecto de ley sobre libre competencia en el comercio y se generó un debate respecto a los posibles efectos negativos de regular las relaciones comerciales.
La iniciativa fue presentada en 2020 por legisladores del Frente Amplio y según la exposición de motivos, tiene como objetivo regular la relación entre los supermercados, los proveedores y los comerciantes minoristas para "equilibrar las reglas de juego" dadas las "asimetrías existentes". El proyecto propone, entre otras cosas, limitar la cantidad de locales comerciales que puede tener un mismo grupo empresarial, así como también plantea un plazo de pago a proveedores de no más de 30 días corridos contados desde la recepción de la mercadería.
Desde la Asociación de Supermercados ( ASU ) ya rechazaron el proyecto porque entienden que hay una ley vigente que protege a los comercios minoristas y afirman que el problema actual no tiene que ver con las grandes superficies sino con la concentración de mercado que hay con los proveedores. Sin embargo, tanto la CIU como la Ciali plantean que su interés es proteger al consumidor final porque "hay un crecimiento del poder" de algunas cadenas de supermercados "a partir de la compra de mercados más chicos", que "terminan definiendo lo que cada ciudadano puede comprar". En esa línea, ante la Comisión de Industria del Senado , el secretario de la Ciali, Fernando Pache planteó que el objetivo de la gremial es "tratar de cuidar que las grandes potencias en el rubro no fagociten a los pequeños y medianos comerciantes y que los pequeños, medianos o grandes proveedores no se sientan tan desprotegidos de tener una regla combinada entre las partes". En ese sentido, Pache indicó que las gremiales realizaron una encuesta anónima entre los actores comerciales más representativos de cada rubro, a partir de la cual surgieron "datos bastantes favorables" para la implementación del proyecto de ley en cuestión. En la encuesta se encontró que "las condiciones que hoy tienen de pago, de plazos, de descuentos y de pagos de diferentes servicios ofrecidos por los supermercados no estaban acordadas entre las partes", señaló Pache.
En tanto, Federico Florín de la CIU detalló algunas de las sugerencias al proyecto. Entre ellas, dijo que buscan eliminar "el cobro por exhibición preferencial en exhibidores, estanterías, góndolas y similares espacios físicos o virtuales". Según Florín, "las condiciones de acceso tienen que ser transparentes, claras, aplicarse sin discriminación y basarse en las preferencias de los consumidores", por lo que el objetivo es que la exhibición de los productos "obedezca a la oferta y la demanda" para que "el beneficiado -como en todo el eje de esta ley- sea el consumidor al final del día y no haya criterios artificiales que deformen eso". Adicionalmente, las gremiales industriales y de alimentos propusieron múltiples cambios para que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) tenga más facultades y recursos para que pueda actuar de mejor manera ante denuncias e infracciones.
Sobre este punto, el vicepresidente de Comercio Interno de la CIU, Leonardo García dijo tener la certeza de que la CPDC "conoce muchas de las prácticas que están implementando estas cadenas, pero el tema es que no pueden accionar" porque las empresas nacionales no tienen la fuerza para denunciar y "enfrentar estos poderes porque saben la porción de mercado que pierden". Según García, para el comercio minorista "es un riesgo muy grande" hacer una denuncia ante la CPDC porque se expone a represalias comerciales por parte de los supermercados. Por ello, proponen un cambio en la forma de hacer las denuncias "para favorecer que crezcan", indicó Florín. Otro de los aspectos defendidos tiene que ver con el plazo de 30 días para el pago a proveedores. "Nos basamos en la encuesta (a los empresarios) que dice que les encantaría cobrar a los 30 días", dijo Pache.
A partir de los planteos de las gremiales, el senador que se mostró más crítico fue el colorado Raúl Batlle , quien dijo que se debe "tener cuidado" al regular el comercio entre las partes porque "evidentemente" va a implicar una afectación. "Ustedes vienen acá y, como la mayoría de los empresarios, dicen siempre lo mismo: ‘nosotros estamos a favor de la libre competencia’. Después, cuando se meten en su terreno, la libre competencia ya no les gusta tanto y empiezan a proteger sus chacras, lo cual es lógico y entendible" pero en algunos casos dicen: "no nos vamos a meter en una relación que es entre privados, pero sí en esta otra relación, que también es entre privados", cuestionó. Además, dijo que cuando se empiezan a establecer precios y a determinar que no se va a poder cobrar por la ubicación preferencial del producto en la góndola, "uno se empieza a meter en todas esas relaciones y claramente, pierden el consumidor y la industria nacional. Eso pasa siempre. Esto es una forma velada de intervenir en los precios", quien además consideró que el plazo de 30 días "está viciado de alguna inconstitucionalidad". En línea con esto, Batlle agregó: "Tengamos mucho cuidado al meternos en ese tema, de una forma al parecer inquisitiva" porque "también ahuyenta a la gente que quiere venir a Uruguay a vender y producir. Terminamos perjudicando al consumidor".
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