Incertidumbre sobre el destino del proyecto de eutanasia en el Senado

Tras una maratónica discusión en la Cámara de Diputados , se aprobó en la madrugada de ayer el proyecto de ley de eutanasia . Fue una jornada de negociaciones en la que acordaron modificar dos artículos y sumar uno nuevo. Ahora pasará a comisión del Senado , donde el pronóstico no es claro: puede que la iniciativa avance al plenario o no se concrete por falta de votos. Según supo El País, hay dos legisladores que aún no tienen una posición definida, dos que no la apoyarán y tres que sí.
Los tres senadores frenteamplistas de la comisión de Salud del Senado - Sandra Lazo , Charles Carrera y Daniel Olesker - votarán a favor; el líder de Cabildo Abierto , Guido Manini Ríos , y Carmen Asiaín , del Partido Nacional , están en contra. Por lo tanto, la definición quedará en manos de los dos senadores restantes de esa comisión: Carmen Sanguinetti , del Partido Colorado, y el nacionalista Amin Niffouri , que aún no tienen una postura definida. En diálogo con El País, Asiaín se declaró "contraria a la eutanasia", ya que es "casi un suicidio asistido". La senadora entiende que "el suicidio es un flagelo en el país y estar facilitándolo a través de una ley" le "parece una señal muy negativa". Además, criticó que se involucre al Estado, ya que su rol "es preservar la vida". Por otra parte, marcó que la ciencia, con lo que ha avanzado, "ofrece tratamientos que quitan el dolor y no la vida". Manini Ríos, en tanto, se expresó ayer en sus redes sociales contrario al proyecto: "La cultura de la muerte da un nuevo paso".
Niffouri, más conciso, señaló que "aún no tomó una postura". Lo mismo planteó Sanguinetti, quien dijo a El País que no tiene una decisión resuelta. A favor, la senadora frenteamplista Lazo señaló a El País que la iniciativa es "garantista". Más allá de la despenalización, entiende que refiere a un "tema más profundo" como el "dolor y el sufrimiento humano y la posibilidad de que cada uno pueda tomar decisiones". En ese sentido, apuntó que no se obliga a nadie, sino que se da una herramienta legal. Lazo se refirió al proyecto de ley de cuidados paliativos, que también está a estudio en la comisión de Salud que integra. Entiende que "no son incompatibles" y que todo se reduce a una posición personal. "A veces me llama la atención que quienes han hablado hasta el cansancio de la libertad no se sumen a un proyecto que además es garantista", cuestionó.
La votación en Diputados implicó tres cambios en el texto original, que surgieron desde el Partido Nacional y el Partido Colorado. Las modificaciones precisan quiénes tienen derecho a la eutanasia, la competencia exclusiva del Sistema Nacional Integrado de Salud ( SNIS ) de llevarla adelante y la creación de una comisión interinstitucional que revise el cumplimiento de los procedimientos acorde a la normativa. El proyecto plantea dos escenarios para que la persona acceda a la eutanasia. Uno, tener una enfermedad terminal, una palabra que se agregó ayer al texto. Dos, una enfermedad incurable e irreversible con "sufrimientos que resulten insoportables". En ambos casos el paciente debe ser mayor de edad y psíquicamente apto. Una enfermedad terminal sería, por ejemplo, un cáncer con metástasis en el que ya se agotaron los tratamientos y el escenario de fallecimiento es de días. La segunda alternativa abarcaría casos como un accidente que deja a la persona cuadripléjica, explicaron fuentes médicas a El País.
Además, se agrega que la condición de salud o enfermedad implique un "grave y progresivo deterioro de su calidad de vida". El articulado que ahora se discutirá en el Senado define las instituciones y profesionales responsables de llevar adelante la eutanasia. El texto original ya atribuía esa competencia al Sistema Nacional Integrado de Salud y la modificación aprobada añade que esta tarea es exclusiva del sistema. De acuerdo al proyecto, las instituciones que tengan objeciones filosóficas o religiosas podrán acordar con otras dentro del SNIS para garantizar la prestación del servicio. La iniciativa también establece la objeción de conciencia tanto para el médico como para los demás integrantes del equipo asistencial que lo requieran. En ese caso, la institución deberá garantizar la prestación del servicio.
La persona que resuelva solicitar la eutanasia deberá pedírselo a un médico por escrito y en caso de no poder o no saber firmar, lo hará otra persona mayor de edad, en presencia del solicitante y del profesional. El médico hará constar en la historia clínica si la persona se encuentra en las condiciones requeridas, deberá verificar que la voluntad del paciente es "libre, seria y firme" e informarle sobre los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos. Si el médico entendiera que las condiciones no están dadas, tendrá que documentarlo en la historia clínica del paciente, quien quedará libre de hacer una nueva solicitud ante otro profesional. En caso de aprobarse el procedimiento, se deberá pedir una segunda opinión de otro profesional independiente. Si el paciente continúa firme en su decisión -esta siempre es revocable-, deberá hacer constar por escrito su voluntad ante dos testigos. Al menos uno de ellos no podrá ser una persona que reciba un beneficio económico como consecuencia de la muerte del individuo. El médico actuante debe informar del procedimiento al Ministerio de Salud Pública y el organismo podrá pedir más información o derivar a la Fiscalía General de la Nación si entiende que hubo alguna irregularidad. Tras la discusión en Diputados, también se añadió un artículo en el que se crea una Comisión Honoraria de Revisión, integrada por el MSP, el Colegio Médico, la UdelaR y la Fiscalía.
El Colegio Médico del Uruguay entiende que su rol es "promover el análisis y discusión del tema desde una perspectiva de derechos". A su vez, considera clave "lograr el acceso universal y con equidad a cuidados paliativos de calidad concretando la ley correspondiente e incluyendo los recursos necesarios en la ley de presupuesto". En su comparecencia en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, integrantes del Colegio plantearon que, por tratarse de un tema "tan sensible para la sociedad" y "tan polémico, (la institución) no tomará posición ni a favor ni en contra". Y aseguraron que el próximo lunes tratarán el tema en el Consejo Nacional. Por su parte, la Academia Nacional de Medicina resolvió no asumir una posición pública sobre el tema. Federico Preve, médico neurólogo, exintegrante del Consejo Ejecutivo del Sindicato Médico, integrante deMuerte asistida digna Uruguay (MADU) hizo una valoración positiva del proyecto: "Permite la despenalización de los profesionales que realicen el acto, da garantías científicas y legales, permite la objeción de conciencia. Y sobre todo da una perspectiva del derecho humano a morir con dignidad en determinadas circunstancias. Es una ley que no obliga a nadie, da la posibilidad de elegir con garantías".