Viernes, 03 de Febrero de 2023

Exsupremos coinciden en que proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública afecta independencia judicial

ChileEl Mercurio, Chile 25 de enero de 2023

Concuerdan con la Suprema y advierten sobre la necesidad de mantener la separación entre los poderes del Estado. Añaden que puede comprometer la labor jurisdiccional, especialmente cuando las atribuciones del Poder Judicial son descritas en forma amplia.

"No es posible desconocer que, de un tiempo a esta parte, los órganos colegisladores han venido incorporando al Poder Judicial al perímetro de las labores de gobierno y de generación de políticas públicas", señaló la Corte Suprema en el informe donde emitió una opinión crítica acerca de su participación y las atribuciones propuestas en el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
Y hace un recorrido por otras instancias en las que el organismo participa. Enumera que fue la Ley N° 19.665, del año 2000, y que reforma el Código Orgánico de Tribunales, "la que inauguró una forma de trabajo interinstitucional", con la judicatura "como miembro activo y permanente en la toma de decisiones propias de la gestión de gobierno", que posteriormente creó una Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal a la que una década después se le dio carácter permanente.
Sobre lo planteado por el artículo 2 del proyecto que crea esta nueva secretaría de Estado -propuesto por el Ejecutivo-, el exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, concuerda con el máximo tribunal, "en cuanto destaca la inconveniencia de incorporar al Poder Judicial a un órgano o sistema dedicado a formular y ejecutar políticas públicas, lo que es propio de la administración y del gobierno, por lo que se colocaría en peligro su independencia y el prestigio que debe mantener".
Aquello no impide, añade, "que sea llamado o invitado en momentos o circunstancias determinadas para expresar su opinión o entregar antecedentes técnicos que puedan ayudar a obtener los objetivos de esa institución u organismo".
El también exsupremo Patricio Valdés señala que "indudablemente la Corte Suprema tiene la razón, esta tiene que mantenerse independiente y no puede estar en un organismo que esté controlado por otro poder. En Chile existe la separación de los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los órganos autónomos constitucionales, y cada uno en su área. Es la Corte la que tiene que establecer la forma en que ejerce sus funciones, de acuerdo con la ley".
"Siempre cuando fui ministro, y había ese tipo de cosas, me oponía. Cada vez que querían meter a la Suprema bajo la férula de algún organismo, nacional o internacional, que a mi juicio no correspondía, me oponía a eso", asegura.
A juicio de Cisternas, cuando se ha hecho participar al Poder Judicial, en general, "se han mantenido, más bien, en el ámbito de lo técnico y de la coordinación; en este caso, en cambio, se entra a la gestión y al gobierno".
Otros ejemplos de participación en comisiones mencionadas por el informe son las relativas al funcionamiento de leyes, como la que regula las entrevistas videograbadas para menores víctimas de delitos sexuales, la que establece el monitoreo telemático para casos de violencia intrafamiliar, aquella que crea el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y al Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos.
"La presencia de jueces y juezas en instancias de trabajo colaborativo con otros órganos del Estado es una práctica valiosa que permite enriquecer la discusión en torno a ámbitos en los que los tribunales algo tienen que decir", dice el informe, y agrega que "las participaciones en las citadas comisiones son de carácter técnico, para aportar información y experiencia, pero sin comprometer la labor jurisdiccional".
No obstante, precisa el documento, "la amplitud de los términos con que se describe la participación que se espera del Poder Judicial en instancias como las arriba señaladas -a las que la propuesta del artículo 2° que da origen a este informe vendría a agregar una nueva-, representa posibles espacios de complejidad de cara al ejercicio de la función jurisdiccional".
Senadores dicen que advirtieron problemas
El informe de la Suprema tuvo eco entre congresistas y expertos. El senador de la comisión de Seguridad Pública, José Miguel Insulza (PS), dice compartir esta opinión y señala que estuvo en desacuerdo con el artículo 2 del proyecto cuando se discutió en esa instancia. El máximo tribunal, precisa, "respondió claramente sobre cómo le parecía esto y ofreció algunas soluciones, como ser invitados".
Y explica que esta semana debiera culminarse la discusión de la iniciativa en la comisión y luego se debatirá sobre la indicación. "La necesidad del Ministerio de Seguridad Pública se da para ejercer la facultad que le corresponde al Gobierno, de que las fuerzas de orden y seguridad dependan de una autoridad civil. La creación de consejos o de estos sistemas que incluyen al Poder Judicial no son relevantes para lo sustancial del proyecto".
El senador Manuel José Ossandón (RN), quien también integra la comisión, coincide con las críticas de la Suprema: "Lo hicimos presente en la sesión y en las reuniones técnicas, pero el Ejecutivo no nos escuchó".
Sobre el proyecto en general, dice valorar que "integre a todos los actores relacionados que participen directa o indirectamente en la prevención y el combate de la delincuencia", pero cuestiona que el Ejecutivo "pretendió imponer obligaciones al Poder Judicial para forzar la participación en el sistema bajo la dirección del nuevo ministerio. En ningún caso el gobierno de turno debe dirigir el accionar de otros poderes del Estado".
"Tenemos una institucionalidad robusta"
Para la experta en seguridad y profesora de la Universidad San Sebastián, Pía Greene, "si el Poder Judicial cree que su rol no está bien definido y manifiesta alguna inquietud en relación con su independencia, ciertamente eso debe ser tomado en cuenta y arreglado en la instancia legislativa que corresponda. Tenemos una institucionalidad robusta que se sostiene en la separación de los poderes del Estado, y eso se debe mantener".
Añade que la judicatura "también puede aportar en la discusión legislativa cuando se trata de la seguridad pública, lo que no implica que tenga que participar de las políticas públicas; sí me parece que puede participar de este sistema sin que se pase a llevar su independencia, pero aportando desde las funciones que cumple y las atribuciones con que cuenta".
El coordinador del área jurídica del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, Ulda Figueroa, cree que el proyecto "carece de un diseño claro sobre el rol que jugaría el Poder Judicial" y, agrega, "no queda bien diseñado en qué consistiría este sistema, indica quiénes serían los actores y da algunas señales generales sobre cuáles serían sus facultades, pero el uso de este término, 'sistema', que también generó debate en el contexto de la propuesta constitucional que se rechazó, no queda claro qué implica".
"La gestión institucional de la seguridad por parte del Estado requiere que actores de distinta naturaleza generen instancias de coordinación, pero la postura del Poder Judicial ha sido históricamente dejarse convocar en calidad de invitado, pero siempre resguardando este valor tan importante que es la independencia", explica.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, informó que ayer solicitó a la comisión del Senado poder asistir hoy a despejar las dudas planteadas por la Corte. Además, dice coincidir con "la importancia de que existan estas instancias de coordinación y trabajo colaborativo (...), pero cada uno en su ámbito de competencia y en irrestricto apego a la separación de poderes que mandata la Constitución y las leyes". Y asegura estar disponible para "acotar y precisar aún más el rol técnico y de competencias".
Artículo 2
Integra al Poder Judicial, y otros organismos, al "sistema de seguridad pública y convivencia ciudadana".