Reforma de pensiones en Francia

La esperanza de vida (al nacer) en Francia superó los 80 años en 2003 y hoy ya sobrepasa los 82, pero su sistema de pensiones, diseñado en la década de 1940, cuando esa esperanza recién superaba los 60 años, no se ha ajustado a esta realidad. En líneas generales, sigue siendo un modelo de reparto financiado por impuestos pagados tanto por los trabajadores como por los empresarios. Con el envejecimiento de la población, esta estructura ha generado fuertes presiones fiscales que han obligado a distintas administraciones a impulsar cambios para evitar el colapso.
Es el caso de la reforma que ahora promueve el Presidente Macron. Catalogada como "radical" por los grupos de interés que promueven los paros que mantienen al país en la incertidumbre, se trata de un esfuerzo mínimo por recomponer un sistema estructuralmente deficitario.
Un modelo insostenibleDe acuerdo con cifras de la OCDE, Francia destina el equivalente a un 14,5% de su producto al sistema de pensiones, solo superada por Grecia (15,7%) e Italia (15,9%). La generosidad del modelo explica tales magnitudes. La edad de jubilación es de 62 años, asegurándose una tasa de reemplazo de un 50% para el promedio calculado sobre los 25 años de mayores salarios (ajustados por los niveles de inflación) para quienes tengan una carrera profesional completa. Además, se incluye una pensión mínima, indexada a la inflación, a la que se accede luego de cerca de 42 años de contribución. Los beneficios finales dependen de un sistema de puntos propio de los modelos con cuentas nocionales, determinados por el aporte del trabajador en una jornada laboral de solo 35 horas.
Esta generosa estructura ha sido señalada como responsable de las bajas tasas de empleo de las personas con edades entre 55 y 64 años. A modo de ejemplo, mientras en Francia esta tasa alcanzaba el 53,6% en 2018, en Alemania era de 70,42% y de 61,33% en la OCDE como un todo.
Todo esto es financiado con una tasa de contribución a la seguridad social, impuesto que alcanza, en el ámbito de las pensiones, a un 6,85% del salario de cargo del empleado y hasta un 8,5% de cargo del empleador. Se agregan los recursos públicos destinados a un Fondo de Reserva de Pensiones, gestionado para sostener las obligaciones fiscales futuras. Sin embargo, la acumulación de pasivos hace evidente la insolvencia del sistema. Estimaciones oficiales indican que dicha acumulación de déficits superaría los 150 mil millones de euros en la próxima década.
En este contexto, la administración Macron ha propuesto una reforma basada en ciertos puntos básicos. Primero, que la edad de jubilación aumente gradualmente desde 62 a 64 años al 2030, aún por debajo de gran parte de los países desarrollados. Segundo, que para acceder a los beneficios públicos completos, a partir de 2027, las personas deban demostrar 43 años de trabajo (en vez de los 42 actuales). Tercero, una pensión básica que no puede ser inferior al 85% del salario mínimo para los nuevos pensionados. Cuarto, los funcionarios de la policía, controladores aéreos y otros trabajadores públicos en ocupaciones de alta demanda física o mental aún tendrán el derecho a pensionarse anticipadamente. Sin embargo, los regímenes especiales que benefician injustificadamente a un grupo importante de ocupaciones serán eliminados.
De implementarse estos cambios, el presupuesto de pensiones podría ser balanceado durante los próximos años, reduciendo la presión fiscal. Pero la fuerte oposición de sindicatos que han llamado a multitudinarias manifestaciones y huelgas de alto impacto para la población genera incertidumbre sobre la viabilidad de concretar la propuesta.
La discusión en ChileLa situación de Francia debería ser observada con atención desde Chile. La reforma que hoy se discute en nuestro Congreso plantea experimentar introduciendo un componente de reparto financiado por un impuesto al trabajo de 6 puntos porcentuales. Por otra parte, constituiría un monopolio público en la administración de las cuentas, mientras la administración de los fondos pasaría también a depender decisivamente del Estado. Esto generaría presiones políticas obvias, particularmente respecto del componente de reparto; el proyecto plantea casi ingenuamente la fórmula de que el ente público a cargo pueda promover ajustes en los parámetros del sistema y en los beneficios para así asegurar la sostenibilidad del modelo. El caso francés evidencia la dificultad de solo intentar esos ajustes.
El reinicio de la discusión previsional debiera ser oportunidad para reevaluar la fórmula del Gobierno. El resultado fiscal de 2022 sugiere que, con un manejo presupuestario prudente y avanzando en una reforma tributaria consensuada, pueden existir espacios para financiar con impuestos generales -y más reasignaciones- la ampliación de la PGU, cuyo impacto ha mostrado ser clave. Esto podría ir acompañado por cambios que promuevan una mayor competencia entre administradoras -como una reducción del encaje-, además de aumentar la tasa de cotización a las cuentas individuales y de un aumento gradual en la edad de jubilación, entre otras medidas. Ello, en lugar de avanzar en modelos de sostenibilidad discutida que pueden volverse imposibles de reformar una vez implementados.