Defender la Hidrovía y a Paraguay

El conflicto entre Argentina y Paraguay por la imposición unilateral de un peaje por parte de Buenos Aires a las barcazas que cruzan por su territorio, debe ser una prioridad y una preocupación constante para nuestra política exterior. El daño que esta crisis genera no solo al hermano pueblo paraguayo, sino a todo el sistema de la Hidrovía, del cual somos parte central, es demasiado grande como para mirar para otro lado.



El asunto comenzó cuando, ante su desesperación por hallar nuevas fuentes de ingresos en dólares, el gobierno argentino impuso de manera unilateral y violatoria del tratado que creó la Hidrovía, este "peaje". En los hechos, se trataría de una tarifa de 1,47 dólares por tonelada de registro neto para los buques dedicados al transporte internacional. Este cobro choca con el acuerdo firmado hace más de 30 años por Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay en Santa Cruz de la Sierra, cuya intención era convertir a los ríos que conectan a estos países, en la gran autopista de transporte de materias primas, que potenciara el desarrollo regional.



Según ese tratado, cualquier cobro de este tipo debe tener acuerdo de todos los países, y se debe fundar en mejoras o servicios concretos que brinde el país que aspira a cobrarlo.



Nada de esto ha sido concretado, por lo cual los buques paraguayos, la principal flota que navega por esta Hidrovía, se niegan a pagarlo. En represalia, Argentina ha decidido embargar y retener a varios buques paraguayos. Esto generó una notoria molestia en Paraguay, que el gobierno argentino intentó disipar con una visita de su "superministro" y candidato Sergio Massa a Asunción. El resultado fue todo lo contrario.



En reunión con el flamante presidente paraguayo, Santiago Peña, Masa prometió una solución, e incluso una suspensión del cobro del "peaje" por 60 días, mientras se negociaba la medida. A su regreso a Buenos Aires, nada pasó. La molestia paraguaya escaló tanto, que el gobierno de ese país decidió tomar toda su parte (50%) de la energía generada por la usina binacional de Yacyretá, lo que obligó a Argentina a comprar electricidad a Brasil a un costo superior.



Vale señalar que un comunicado formal, firmado por Uruguay, Bolivia y Brasil, insta a Argentina a rever su medida, y a cesar en la actitud hostil hacia los buques que circulan libremente por la Hidrovía.



Para Uruguay, este conflicto trae recuerdos ominosos de un episodio en el cual otro gobierno argentino pretendió imponer a la fuerza su visión a un país vecino. Hablamos, claro está, de cuando el presidente Néstor Kirchner bloqueó durante años todos los pasos fronterizos entre Argentina y Uruguay, a la vez que pretendió ensuciar la imagen de nuestro país en el mundo, a raíz de la instalación de las dos primeras plantas de celulosa en Uruguay.



Todo por un supuesto afán ecologista que siempre fue mentira. Primero, porque Argentina tenía plantas que contaminaban mucho más y sin embargo no pasaba nada. Y segundo, porque tras casi 20 años del episodio, podemos decir con confianza que las plantas han funcionado sin problemas, y la región no padece un problema de contaminación.



En aquel tiempo, cuando Uruguay era prepoteado a niveles cuasi bélicos por el gobierno argentino, y ante la escandalosa pasividad de un Brasil gobernado como ahora por Lula da Silva, Paraguay fue el único país de la región que alzó la voz en defensa de nuestra soberanía, y del derecho internacional. Tan solo por eso, Uruguay no debe titubear hoy al momento de apoyar en su reclamo al presidente Peña y al Paraguay.



Pero hay otros motivos importantes para hacerlo. La Hidrovía es un proyecto esencial para el desarrollo de toda la región, y en especial de los puertos uruguayos que en muchos casos terminan siendo el destino final de las mercaderías que por allí se transportan. Desde hace tres décadas, Uruguay viene apostando a la Hidrovía para que cumple el mismo rol de desarrollo de zonas interiores que han tenido otras cuencas fluviales en el mundo. Esta apuesta exige reglas claras, que se hagan respetar, para que haya certeza jurídica que aliente a inversores y empresarios a apostar por la Hidrovía y así apuntalar el desarrollo de la región.



No se puede aceptar que por una necesidad momentánea, Argentina se atribuya el derecho a pasar por arriba de las normas acordadas libremente entre los países, y a prepotear a sus vecinos sin consecuencias.



Una cosa es ser comprensivo con la coyuntura grave que atraviesa Argentina, en buena medida por tomar acciones como esta. Otra muy distinta es si se complica con políticas que solo llevan al desastre y la miseria.