Sábado, 20 de Julio de 2024

Elección de estado y sobrerrepresentación

MéxicoEl Universal, México 10 de julio de 2024

Jorge Romero Herrera (Coordinador del GPPAN y Presidente de la Jucopo) EL UNIVERSAL Para nadie resulta desconocido que durante el proceso electoral y desde años previos se vivió un contexto de violación masiva, sistemática y abierta a los principios de la Constitución

Jorge Romero Herrera



(Coordinador del GPPAN y Presidente de la Jucopo)



EL UNIVERSAL







Para nadie resulta desconocido que durante el proceso electoral y desde años previos se vivió un contexto de violación masiva, sistemática y abierta a los principios de la Constitución. De lo anterior se dio cuenta a través de cientos de denuncias que, en diferentes ámbitos, se hicieron llegar a las distintas autoridades para advertir que el gobierno, ha conducido su actuación en desapego a sus obligaciones de imparcialidad, legalidad, eficacia, eficiencia. Igualmente se denunció la intervención del crimen organizado en el ámbito político electoral, así como del financiamiento presuntamente ilícito de campañas ilegales de posicionamiento fuera de tiempos electorales, precampañas y actos anticipados.



Como un simple ejemplo, desde la Cámara de Diputados, se hicieron innumerables denuncias formales a instancias como la Fiscalía General de la República a través de la fiscalía anticorrupción y la fiscalía electoral y a la Secretaría de la Función Pública. También se hicieron llegar quejas a la Auditoría Superior de la Federación, Instituto Nacional Electoral y bajo las formas correspondientes, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Como partido, Acción Nacional incluso recurrió a poner en conocimiento de hechos y anomalías en el orden político y electoral ante instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos.



Por lo que toca a las entidades nacionales, ninguna de ellas hizo nada eficaz para detener la maquinaria ilegal que se montó desde lo más alto de nuestro gobierno. Las denuncias hechas a fiscalías y dependencias del ejecutivo simple y sencillamente fueron ignoradas y tiradas a la basura, en lo que podemos llamar uno de los operativos de encubrimiento de Estado más grandes de la historia.



Recientemente, de manera muy tibia y desde luego a destiempo, el Tribunal Electoral dio a conocer que el presidente de la República violó la neutralidad y equidad del proceso electoral en ¡36 conferencias matutinas! Además, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que hubo un uso indebido de recursos públicos por declaraciones de carácter electoral, de apoyo a un grupo político y de rechazo a la oposición en 32 conferencia matutinas entre mayo y octubre de 2023.



Estas determinaciones, sumadas a otras anteriores y a las quejas, demandas y denuncias que nunca fueron atendidas acreditan la existencia de un contexto deliberado de fraude de Estado, que ni siquiera inició en el procedimiento electoral del 2024 sino que fue construido desde el primer día del "gobierno" obradorista.



Bajo estas condiciones, que como ya se ha dicho sí fueron denunciadas, es que se dio el parcial, abusivo y por demás inequitativo proceso electoral del 2024.



Para la conformación del Congreso, el voto determinó las proporciones de 54.1% para el oficialismo y 45.9% para la oposición.



En lo que es un enésimo planteamiento fraudulento, ahora el oficialismo pretende arrebatar porciones de representación que no les corresponden para quedarse con 74.4% de los espacios de la Cámara de Diputados.



Alzamos la voz para señalar que reconocer sobrerrepresentación al oficialismo es vulnerar la Constitución y la voluntad ciudadana. Además, darle más diputados de los que ganaron en las urnas los partidos del bloque gobernante, sería incurrir en una desproporción para poner al país entero en un riesgo de consecuencias políticas inusitadas y trascendentes, como la pretensión ya hecha pública de trastocar el consenso constitucional de años en materia de transición a la democracia para hacernos retroceder 60 años en materia de desarrollo político.



Estos argumentos deben ser valorados por nuestras autoridades. Les invitamos a la reflexión sobre lo que ha ocurrido en estos años para comprender que el INE y el TEPJF no pueden ni deben ser quienes den la puntilla a la agonizante democracia mexicana.
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