Vía entre Mulaló y Loboguerrero, ¿por obra pública?

Proindesa hace parte del grupo que controla a la sociedad Casa Editorial EL TIEMPO, a la cual pertenece Portafolio.
El proyecto de infraestructura vial Mulaló - Loboguerrero, en el departamento del Valle del Cauca, ha estado marcado por más de una década de controversias entre el Gobierno y el concesionario Nueva Vía al Mar (Covimar). La principal fuente de disputa es la demora en la obtención de la licencia ambiental, un requisito esencial para dar inicio a las obras de la carretera. Pese a que el proyecto debía haber comenzado su fase de preconstrucción en 2015, la obra se encuentra en un laudo arbitral, instancia que definirá si el contrato con el concesionario continuará o si, por el contrario, se busca una alternativa para su ejecución. El proyecto, originalmente estaba previsto para iniciarse hace casi una década. La falta de progreso en la ejecución de la obra ha sido un tema recurrente en la agenda de discusión sobre las políticas de infraestructura en el país. A lo largo de estos años, el Gobierno y el concesionario han enfrentado dificultades que han impedido avanzar en su construcción, incluida la obtención de las licencias necesarias y el cumplimiento de los requisitos ambientales. A pesar de estas trabas, la necesidad de modernizar la infraestructura vial en la región se mantiene vigente, ya que se considera que la nueva carretera contribuirá a mejorar la conectividad entre el interior del país y la costa Pacífica y fomentar el desarrollo en la zona. Según Alberto Mariño, directivo de Proindesa, holding del que hace parte de Covimar, una opción viable para sacar el proyecto de forma ‘barata’ sería que el Gobierno llegue a un acuerdo con el concesionario para liquidar el contrato de concesión y, en su lugar, retome el proyecto por medio de la contratación pública, utilizando los recursos que actualmente están en una fiducia. "¿Por qué? Porque estos contratos de concesión tienen un componente fundamental que es financiero y ya teniendo los recursos en caja, gran parte de los recursos de la obra en caja, mientras pone el resto de vigencias futuras, con lo que tiene en caja puede ir pagando a un constructor de obra pública, lo que no puede hacer con un concesionario", señaló. Destacó que al tener gran parte de los recursos de la obra en caja, el Gobierno podría financiar la construcción con una modalidad de obra pública, donde el Estado paga a los contratistas de acuerdo con los avances, sin depender del esquema de concesión que obliga a la intervención del sector privado en la financiación y operación. Por su parte, la ministra de Transporte, María Constanza García, se refirió a la posibilidad de continuar con el proyecto por obra pública. Aunque reconoció que el proceso debe seguir lo estipulado por la ley y el marco regulatorio, consideró que la opción de retomar la obra con recursos de las fiducias es una alternativa viable. García explicó que, en la actualidad, el Gobierno tiene cerca de $2 billones en las fiducias, lo que podría ser ‘suficiente para financiar la obra’. "Por ejemplo, en la vigencia, en este año hay $248.000 millones de pesos, el próximo año también hay una cifra cercana a los $380.000 millones. Entonces, para algunos que han analizado la situación, dicen: el dinero que usted ya tiene guardado, más la vigencia del 2024, más la vigencia del 2025, podría ser suficiente para poder hacer la obra por obra pública", señaló.