Decreto de autorretención es una reforma tributaria oculta

La expedición del Decreto 0572 de 2025, con el que el Gobierno nacional aumentó las tarifas de autorretención en la fuente para diversas actividades económicas, ha generado una tormenta de críticas entre expertos, gremios y exfuncionarios, que aseguran que la medida, cuyo objetivo declarado es anticipar parte del impuesto de renta del año 2025, es una "reforma tributaria camuflada", aprobada por vía ejecutiva, sin pasar por el Congreso. De fondo, los críticos advierten que esta decisión no solo compromete la liquidez de las empresas en sectores estratégicos como minería, energía, agricultura y comercio, sino que repite errores fiscales cometidos tras la reforma tributaria de 2022 y pone al país ante un escenario en 2026 de hueco fiscal mayor, sin capacidad de reacción ni credibilidad institucional. Para Julio Enrique Duarte, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U. San Buenaventura Bogotá, el decreto representa "un anticipo del impuesto de renta, lo que implica una salida de recursos más temprana para las empresas" y advierte que "sectores como la minería y la energía, que enfrentan ahora algunas de las tarifas más elevadas, verán una presión adicional sobre su liquidez", lo cual restringirá su capacidad de inversión y operación "en un contexto económico de desaceleración". Una idea similar sostiene el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, quien alertó que "sectores como el minero energético podrían tener incrementos incluso de hasta tres veces el pago que tuvieron el año inmediatamente anterior y eso genera un estrés de caja que va a obligar a endeudarse para cubrir obligaciones tributarias que eran para el 2026". Restrepo va más allá y dice que "esto genera presiones adicionales en un escenario de crecimiento bajo, por lo tanto, genera una afectación al sistema productivo colombiano". Según él, la medida puede ser entendida como una forma de ‘crowding out’ o efecto de aplazamiento, ya que "se están recogiendo recursos que deberían ir a inversión privada para gastarlos en burocracia". Desconfianza Más allá del impacto económico directo, los expertos consultados señalaron que el decreto mina la confianza en el entorno empresarial colombiano. Para María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, este ajuste tributario no se puede analizar como un hecho aislado; se suma a una "cadena de cambios tributarios que han incrementado significativamente la carga fiscal del sector, sin una estrategia clara de sostenibilidad normativa". Lacouture fue enfática en que "el aumento en las autorretenciones a mitad del año fiscal representa un cambio en las reglas de juego en pleno partido" y añadió que "la inseguridad tributaria y la falta de planificación de largo plazo deterioran el ambiente de inversión, reducen el apetito por nuevos proyectos y afectan sectores estratégicos para el crecimiento y el empleo". El Decreto 0572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda este 28 de mayo, modifica las tarifas de autorretención en la fuente para más de 300 actividades económicas, especialmente en sectores como minería, energía, agricultura, comercio y transporte con el fin de adelantar parte del recaudo del impuesto de renta correspondiente al año 2026 y mejorar el flujo de caja del Estado en medio de una coyuntura fiscal marcada por el desbalance estructural de ingresos. Ante esto, Christian Quiñónez, exsubdirector de la Dian, recordó que la inversión privada aquí en Colombia se vio disminuida en 2023 por medidas similares y muchas empresas cerraron, por lo que "ahora esta medida, que es igual que la anterior pero aumentándola, seguramente va a generar el mismo efecto". Para Junot, lo más preocupante es la incertidumbre institucional, dado que "el Gobierno, sin más ni menos, toma medidas con tal de solucionar sus problemas de caja de forma casi que expedita a mitad de un año". Repetición de errores La mayoría de los analistas consultados por Portafolio alertaron que este decreto repite una receta que ya falló y es anticipar renta hoy, a costa de generar saldos a favor masivos mañana. En 2023, un ajuste similar en las autorretenciones permitió "arañar" la meta de recaudo del Gobierno, pero dejó a la Dian con devoluciones millonarias en 2024 y un recaudo neto menor al esperado. Ante esto, el vocero de la Universidad San Buenaventura explicó que "la mayor carga financiera sobre las empresas puede traducirse en menores niveles de empleo, menores utilidades y en una contracción de la actividad productiva" y alertó que "es poco probable que este tipo de ajuste logre cerrar la brecha fiscal sin costos significativos para la economía real". Cabe resaltar que este ajuste implica que las empresas deberán pagar una mayor proporción del impuesto de renta de forma anticipada durante 2025, reduciendo así su liquidez operativa en el corto plazo y aunque el Gobierno defiende la medida como un instrumento de eficiencia recaudatoria, no termina de convencer. Otro de los puntos que no gusta es que más allá de lo técnico, hay implicaciones desde lo político y el problema más grave es que el decreto representa una extralimitación del Ejecutivo, al legislar sobre materia tributaria sin pasar por el Congreso, como afirma el exdirector de la Dian Lisandro Junco.