Gobierno oficializó cancelación del proyecto Arazatí y anunció el nuevo plan de obras: detalles de los cambios

Fueron varios meses de críticas cruzadas con el anterior gobierno, y luego de arduas negociaciones con un grupo empresarial que veía que un contrato millonario para asegurar el abastecimiento de agua potable no contaba ni cerca con el aval de la administración entrante de Yamandú Orsi. Pero todo eso llegó a un final ayer de tarde, momento en que el gobierno del Frente Amplio dio oficialmente por cancelado el proyecto Arazatí -también conocido como Neptuno-, que buscaba instalar una planta potabilizadora a orillas del Río de la Plata, y que pese a las críticas recibidas de diversos ámbitos -que implicaban desde cuestionamientos ambientales hasta económicos y técnicos- Luis Lacalle Pou buscó llevar adelante hasta el último día de su mandato.

Esa historia terminó, así como también la polémica sobre qué viabilidad había de cambiar la inversión en buena parte de sus términos con el Consorcio Aguas de Montevideo, con quienes se conversó y el gobierno mantuvo varias reuniones que concluyeron en una conferencia de prensa a las 19.30 de este viernes con los principales jerarcas del Ejecutivo en este tema -el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue quien la encabezó, pero también estuvieron el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri- y el titular de la constructora Saceem, Alejandro Ruibal como el único representante del grupo empresarial.

El nuevo proyecto significa cambios sustanciales, un ahorro de hasta "un tercio" de la erogación que iba a suponer para el Estado si se ejecutaban las obras anteriores tal como estaban planificadas -eran unos US$ 900 millones a pagar en 17 años y medios-, pero el mismo objetivo: "Garantizar el acceso al agua potable del área metropolitana hacia 2045", como dijo Sánchez al comenzar la conferencia de prensa, y varias otras veces a lo largo de su exposición.

"Esperanza"

El nuevo contrato, entonces, que deberá ser revisado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), implicará la construcción de una nueva planta de agua potabilizadora no ya en la fuente teóricamente infinita del Río de La Plata, sino en la cuenca del Río Santa Lucía, y muy cerca de donde ya funciona la planta de Aguas Corrientes. Producirá unos 200 mil metros cúbicos diarios, al igual que la que se proyectaba en el contrato original. "Con lo cual -dijo Sánchez-, junto con Aguas Corrientes y esta nueva potabilizadora, va a permitir tener justamente cerca de 900.000 metros cúbicos de producción de agua potable" todos los días para la zona metropolitana.

Pero además, la renegociación del acuerdo implica otras obras complementarias -como reparaciones en la quinta línea de bombeo de la red de OSE- y estratégicas, porque también se buscará atender y "garantizar" -este verbo fue usado varias veces por el secretario de Presidencia- el abastecimiento de agua potable en la zona costera de Canelones. Con ese norte, lo planificado abarcará asimismo "la construcción de una reserva de agua bruta en la zona de Solís Chico, junto con una pequeña potabilizadora, garantizando algo bien importante, donde crece la demanda de agua potable que es en el este", dijo Sánchez en este sentido, que confió así que se solucionarán "los problemas de acceso al agua potable de toda la Costa de Oro, desde Jaureguiberry hasta el Arroyo Pando".



En total, de acuerdo a la información manejada entre las partes, habrá unas siete intervenciones, lo que incluye además de las plantas, la construcción de recalques y extensiones de las cañerías, según supo El País.

Todo el proceso de habilitaciones técnicas y ambientales se supone que finalizarán antes de que culmine este año, con lo que las obras estarían iniciándose, de acuerdo a lo que espera el gobierno y la empresa, a comienzos del 2026. Luego, los plazos "son los mismos" que los previstos en el contrato original; es decir, se estima una demora de unos "30, 36 meses" para las nuevas instalaciones, señaló Sánchez.

Al mismo tiempo, el gobierno prevé construir una represa en Casupá -un viejo proyecto del Frente Amplio, que había tenido avances importantes en el último gobierno de Tabaré Vázquez-, aunque esto no integra el contrato renegociado. Irá aparte, y el objetivo es que se concrete en este período y en paralelo a las otras obras, dijo a El País un integrante del Poder Ejecutivo.

Casupá será clave, según la visión del gobierno, porque más allá de no ofrecer una nueva fuente genuina de agua -como ocurría con el proyecto Arazatí- de todas formas "va a agrandar la capacidad de reserva de agua bruta", y en conjunto con lo otro permitirá también aumentar la "capacidad de potabilización de agua". "Las dos cosas", subrayó Sánchez.

"Para el Estado"

Ruibal, quien habló luego del secretario de Presidencia, sostuvo que su grupo empresarial tiene por objetivo "trabajar para el Estado", y que todo lo que ha buscado el consorcio fue con "la mejor intención". Dijo que las obras renegociadas son "similares" a las que se habían acordado en el gobierno pasado, y que, en la misma línea que lo expresado por el gobierno, mantiene la finalidad de "mejorar la seguridad del sistema de suministro de agua potable" para la zona metropolitana, un "riesgo" que hoy inevitablemente tiene OSE.

"Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a trabajar en los proyectos y en las obras, y generar los empleos que este tipo de obras tienen que generar", concluyó el empresario.