No es ahora

Otra vez el gobierno Petro ha presentado ante el Congreso de la República un proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 que está atado al avance de una ley de financiamiento. El monto de esta nueva reforma tributaria es gigantesco: 26,3 billones de pesos, esto es, la más onerosa de la historia reciente y mayor que el rango máximo de 25,4 billones, estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Ya de por sí constituye una mala señal que la Casa de Nariño le apueste a la misma estrategia fallida del año pasado- ‘chantajear’ la crucial discusión del presupuesto con una nueva alza de impuestos. Además, la radicación de unas cuentas públicas para el 2026 que se basen de nuevo en recursos contingentes y en proyecciones demasiado optimista implica la repetición de errores ya cometidos en el pasado. No es el mejor ambiente legislativo el que encontrará este proyecto impositivo en el Congreso. La cuarta legislatura es tradicionalmente llamada la "de nadie", es decir, el Ejecutivo está más ocupado en cerrar su gestión y la mayoría de los parlamentarios están ocupados en trabajar por sus respectivas reelecciones o asegurar las curules para sus grupos políticos. La eficiencia legislativa, así como la presencia de los legisladores, deja mucho que desear y, mucho peor, si se trata de iniciativas que van a elevar los impuestos a hogares y a empresas cuando están en intención de reelegirse. No obstante, este tercer intento de la administración Petro de una reforma tributaria de más de 26 billones de pesos debe ser discutido por los congresistas con rigor técnico y con la sostenibilidad fiscal en la mira. Discusión que debe estar acompañada de debates serios sobre el proyecto de Presupuesto en los que los legisladores cuenten con todas las garantías para abordar estas cuestiones, revisen los sustentos fiscales y evalúen qué tanto estas iniciativas legislativas se ajustan a la realidad económica del país. Llegar al Congreso a pedir la más elevada alza de impuestos es todavía más inconveniente si se tiene en cuenta que el proyecto del Presupuesto de la Nación para 2026 no integra medidas tangibles de austeridad ni de ajuste fiscal para abordar y cerrar el desbarajuste de las finanzas públicas del país. El PGN del gobierno Petro para su último tramo sube los gastos de funcionamiento, no hace recortes importantes y se desvía del Marco Fiscal de Mediano Plazo, poniendo en riesgo su rol de hoja de ruta fiscal para los próximos años. Además, por más que los vientos más recientes de la economía apunten a un horizonte con una senda de crecimiento mejor que la del año pasado, la dinámica del PIB sigue por debajo del tres por ciento anual y aún existen sectores regazados como la construcción y la explotación de minas y canteras. Volver a meterle la mano al bolsillo a las empresas y los hogares, ad portas de unas elecciones nacionales, puede generar un efecto negativo en un aparato económico que apenas está retornando a los niveles tradicionales. Por último, los desequilibrios fiscales de la Nación son de tal magnitud que los ajustes dolorosos tendrán que venir más tarde que temprano. La pregunta es si los congresistas aprobarán un alza de tributos a un gobierno, con bajos niveles de gestión y dispuesto a gastar para que su proyecto ideológico mantenga el poder. O esperarán a un momento más propicio donde ese esfuerzo de verdad mejore las finanzas.