SCJ falló a favor de un hombre que estuvo cuatro años preso en Uruguay mientras Bolivia pedía su extradición

Redacción El País
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló y dio por cerrado el caso de Alejandro Melgar, el hombre que estuvo cuatro años preso en Uruguay mientras el gobierno de Evo Morales pedía su extradición a Bolivia. Luego de un extenso proceso judicial, el Estado uruguayo deberá indemnizarlo con casi US$ 100.000.

Melgar ciudadano natural uruguayo nacido en Bolivia fue detenido en Uruguay en 2012, durante el gobierno de José Mujica, luego de que se enviara una orden de detención desde su país de nacimiento acusándolo de "actos de terrorismo", de los que finalmente fue absuelto en 2020. Una de las irregularidades en el proceso, fue que esta orden no fue emitida por un juez competente en Uruguay, además de que sobre él no regía una alerta de Interpol, debido a que se trataba de una investigación vinculada a un presunto delito de índole político.

Luego de su detención fue llevado a la entonces Cárcel Central, donde estuvo alojado con presos comunes, pero también llegó a estar en una celda "solo e incomunicado", según relató él mismo a El País. La intención de Bolivia, en ese entonces gobernada por Evo Morales, era que se lo extradite para juzgarlo en el marco de una investigación por integrar una supuesta célula terrorista con fines separatistas en Santa Cruz de la Sierra.

En medio del caso, la investigación se trasladó desde Santa Cruz de la Sierra a un Juzgado de La Paz, lo que fue denunciado como una irregularidad por parte del gobierno de Morales.

Mientras tanto, en Uruguay, Melgar fue llevado ante la jueza de Crimen Organizado Adriana De los Santos en 2014, y fue el entonces fiscal Juan Gómez luego fiscal de Corte quien solicitó la extradición. La magistrada accedió a la solicitud, que fue apelada por la defensa, el abogado Carlos Bustamante. Finalmente, un Tribunal de Apelaciones revocó la resolución, fallando en contra de la extradición de Melgar, lo que fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia en 2017.

Mientras se dio todo este proceso, el hombre permaneció 1.351 preso y otros 643 con medidas de restricción, lo que, según él sostiene, le generó importantes daños y perjuicios materiales y morales.

En consecuencia, inició una demanda al Estado uruguayo, asegurando que se actuó con "motivos políticos, o con culpa grave o por error inexcusable". Los organismos que comparecieron en el caso Poder Judicial, Fiscalía y Ministerio del Interior pidieron desestimar la demanda, pero el juez de lo Contencioso Administrativo, Gabriel Ohanián, falló a favor de Melgar.

Si bien esto parecía una victoria, todo cambió en la apelación, ya que un Tribunal revirtió la decisión y resolvió desestimar lo pedido por el hombre. Ante esta nueva situación, el abogado de Melgar presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia.
En su argumentación, el abogado Bustamante aseguró que hubo una "errónea aplicación de las normas de derecho" y que el Tribunal no tuvo en cuenta que existió una "detención ilegítima".

Para esto, se basó en el Artículo 24 de la Constitución, que dice: "El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección".

Por unanimidad, los ministros de la Corte resolvieron fallar a su favor, condenando definitivamente al Estado a pagar US$ 99.825. En la sentencia, a la que accedió El País, aseguraron que acceder a la la solicitud de extradición de Bolivia fue un "error inexcusable", ya que la defensa había mostrado pruebas de la persecución e incongruencias en la investigación.

Según los ministros, debió existir "una mínima tarea de comprobación" sobre la legitimidad del caso en Bolivia.

"El gobierno uruguayo fue el autor material de mi secuestro"

Trece años después de su detención en Uruguay, y tras pasar varios años con asilo político en Estados Unidos, Melgar se encuentra hoy nuevamente en Santa Cruz de la Sierra reorganizando su estudio de abogados. "Llegó el final de un camino lleno de abusos y atropellos", dijo el hombre en conversación con El País luego de conocerse la sentencia definitiva.

"No fue un procedimiento normal. El gobierno de Bolivia fue el autor intelectual y el uruguayo el material de mi secuestro político", aseguró y definió al sistema judicial como un "monstruo lleno de tentáculos corruptos".

Según Melgar, su detención no pasó por "cooperación penal internacional" sino por "un telefonazo de Evo a Mujica". "Mostramos las irregularidades en todas las instancias, pero prefirieron ser ciegos, sordos y mudos", concluyó.

Si bien sintió una "alegría muy grande" al conocer el fallo final, aseguró que estaba con mucha confianza de que así sucediera, aunque catalogó el monto final como insuficiente. Consultado sobre si volvería a Uruguay tras la situación que le tocó vivir, dijo: "Claro que volvería, es un país maravilloso. La República no tiene la culpa de lo que hicieron, los que tienen que bajar la cabeza son ellos, no yo".

"No está bien que los uruguayos terminen pagando por este tipo de situaciones absurdas. Habría que cambiar las normas para que paguen los que las cometieron", finalizó.