Pobreza y déficit: desafíos 2026

Las estimaciones de un crecimiento tendencial cercano al 2% para los próximos años indican que Chile enfrenta un empinado camino para retomar la senda del progreso. La administración Boric fue incapaz de implementar reformas que promovieran la iniciativa privada, fomentaran el emprendimiento y activaran la economía. Sin crisis internacional de por medio y con altos precios de nuestros principales productos de exportación, un crecimiento del producto para 2022-2025 por debajo del 2% promedio anual debe analizarse como lo que es: un fracaso que no debe repetirse.
Pero si bien reactivar debe ser un objetivo central, los retos macroeconómicos y sociales no deben ser desatendidos. Sería un error descuidar elementos heredados que tienen el potencial de afectar el curso de una economía ya deteriorada.
Peculiar debate presupuestarioA la luz de las duras críticas que por semanas planteó la oposición respecto de las estimaciones de los ingresos realizadas por el Ministerio de Hacienda, el calmo desenlace de la discusión presupuestaria parece contradictorio.
Los cuestionamientos se anclaban en las fundadas dudas respecto de si los niveles de los ingresos efectivos (22,9% del PIB) y cíclicamente ajustados (23,3%) anticipados por Hacienda para 2026 debían ser ajustados a la baja. La secuencia de errores que caracterizó estas estimaciones en los años precedentes y las dudas respecto de otro inesperado déficit estructural para 2025 daban particular fuerza a esos argumentos.
Cabe recordar que para este año la estimación oficial de déficit estructural es de 2,2% del PIB, otra vez muy superior a lo originalmente proyectado. Para 2026, la meta del Gobierno apunta a un déficit de 1,1%, por lo que parecía prudente restringir más los gastos, dados los cuestionamientos técnicos sobre las estimaciones de ingresos, sobre todo considerando que un nuevo descalce sería asumido por una administración que no habrá tenido injerencia directa en el diseño del presupuesto.
Así, el rechazo temprano de la mayoría de las partidas anticipaba una tramitación compleja. Incluso se habló de la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro Grau. Sin embargo, en un cambio tan raudo como inesperado, el debate parlamentario se tornó favorable para el Gobierno, lo que habilitó la reincorporación de múltiples partidas previamente cuestionadas. Así, con cambios menores, el Congreso despachó el Presupuesto 2026 antes del plazo constitucional.
Quizás determinada por el bajo interés que mostraron por el debate presupuestario los equipos de los candidatos -peculiar, considerando que será la siguiente administración la responsable de implementarlo-, la ausencia de un ajuste sustantivo en el gasto representa un logro para el Gobierno y obliga a reflexionar sobre los argumentos que por semanas emanaron desde la oposición.
Ahora solo queda esperar hasta abril, cuando se conozca el Informe de Finanzas Públicas del primer semestre de 2026. Este presentará el cierre del presupuesto 2025 y obligará a la nueva administración a plantear medidas de ajuste en caso de existir un déficit superior al anticipado. Sería una de las primeras fuentes de recriminación entre el gobierno saliente y el entrante.
Menos empleo, mayor pobrezaEl nuevo dato de desempleo conocido ayer recuerda el complejo escenario que vive nuestro mercado laboral. Con más de 860 mil desempleados y un número de subempleados que ronda los dos millones, la siguiente administración deberá avanzar rápidamente en medidas que permitan reducir el inmenso costo social involucrado.
Increíblemente, el impacto de parte del costo será conocido recién en enero -originalmente, la fecha era agosto pasado-, cuando se den a conocer los datos de pobreza asociados a la encuesta Casen 2024. Es inquietante que, por ejemplo, no se pueda hoy analizar el efecto de más de 30 meses consecutivos de tasas de desempleo por sobre el 8% en la distribución del ingreso o la pobreza. El trabajo de campo de esta encuesta fue realizado entre noviembre de 2024 y enero de 2025, y los avances tecnológicos permiten procesar la información de forma rápida y efectiva. No existen, pues, razones prácticas para la decisión del Gobierno de haber postergado la entrega.
Desde el Ejecutivo se utilizó una de las sugerencias de la Comisión Presidencial para actualizar la medición de la pobreza como justificación. Ello, pues el informe plantea que "las nuevas cifras (pobreza) deberían conocerse cuando se publiquen los resultados de Casen 2024, que es cuando se recomienda comenzar a aplicar la nueva metodología de medición". Pero esto no impediría la entrega de la base de datos ni menos la de resultados en salud, educación, migración, vivienda y, por cierto, empleo.
Así, es posible que el siguiente gobierno deba responder velozmente con una agenda social potente frente a niveles de pobreza que pueden incluso ser superiores a los de 2022 (el alza en los campamentos es consistente con esta posibilidad). La actual administración le haría un bien al país si adelanta la entrega de resultados y la concreta, ojalá, pocos días después de la segunda vuelta. Eso daría tiempo para organizar su agenda social a quien sea elegido.