El análisis que hizo sobre la actuación de la IMM en este caso concluye que se siguió "el principio de buena administración"; la bancada del gobierno departamental resolverá su postura este miércoles.
La cesión por 20 años del
exparador Nelson a la firma Adiser S.A, en un procedimiento que fue observado por el
Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y que la oposición cuestiona por no haber pasado por la
Junta Departamental de Montevideo, tiene dividido al
Frente Amplio (FA), que por estas hora analiza el informe realizado por uno de sus ediles a propósito de la solicitud del
Partido Nacional de
crear una comisión investigadora para analizar a fondo el caso.
El informe en cuestión de unas siete páginas, y al que accedió El País estuvo a cargo del edil
Diego Revetria, y es bastante claro al definir la postura recomendada para el oficialismo, como fruto de su participación en la comisión preinvestigadora que se formó la semana pasada: la denuncia que presentó el nacionalista
Rafael Seijas para investigar lo que fue definido como "una decisión arbitraria, infundada, que perjudicó económicamente a la intendencia", en realidad no tiene "
entidad suficiente para habilitar la conformación de una comisión investigadora", sostuvo Revetria.
Esa carencia de entidad se debe a que la denuncia del blanco, escribió el edil del FA, "se fundamenta en
meras presunciones o sospechas de posibles irregularidades e ilicitudes, sin sustento fáctico ni jurídico", y sin aportar "
ni una sola prueba".
Las páginas siguientes están dedicadas al repaso de lo sucedido, y a una defensa de las decisiones tomadas por la entonces administración de
Carolina Cosse, y luego por la de
Mauricio Zunino. En resumidas cuentas, durante el último año del período anterior la IMM dispuso, primero, una extensión del contrato original que se había vencido en mayo de 2024, aunque hacía casi dos años que el concesionario no abonaba el canon, bajo el argumento de que no había funcionado entre marzo y octubre de 2020 debido a la pandemia del covid; y acto seguido, en octubre del año pasado, la IMM autorizó su cesión a Adiser S.A. que es en verdad
Burger King y volvió a aprobar una extensión, en este caso por el plazo máximo permitido, de 20 años.
"La realidad (...) que surge de la prueba que acompaña y fundamenta la denuncia presentada señala Revetria en su informe es que todas las actuaciones realizadas por la Administración referidas al presente proceso licitatorio se respaldan en informes técnicos y se encuentran debidamente motivadas".
El edil frenteamplista sostiene que la observación del TCR no fue compartida por la IMM, que emitió su propio informe "fundado en el equipo técnico" que rechazó el dictamen del organismo de contralor y operó como paso previo para aprobar "de forma definitiva la ampliación de la concesión" a Adiser S.A.
"
Ha quedado demostrado que la Intendencia de Montevideo no solo cumplió con el imperativo ético de actuar siguiendo el principio de buena administración, realizando los procedimientos licitatorios correspondientes y amparándose en la normativa habilitante en su actuar, sino que, asimismo,
motivó y fundamentó debidamente cada actuación", concluye el informe del FA, que valora de esta manera que
no existen "actos ilícitos o presuntamente delictivos" y que tanto la IMM como la propia Junta "han brindado los suficientes ámbitos políticos de discusión del tema".
Las dudas en la bancada
Pese a lo expuesto por Revetria, lo cierto es que la bancada de ediles del FA está lejos de tomar una posición. Primero, porque no han analizado todavía el informe de forma orgánica, lo que probablemente se haga este miércoles, un día antes de la fecha prevista para que sesione la Junta y vote ambas propuestas.
Pero además porque hay ediles que tienen "dudas" sobre qué votar.
El presidente de la Junta,
Gonzalo Sánchez (de la lista 609), dijo a El País que, en efecto, hay "sectores" del oficialismo "que estarían afin a abrir una investigadora".
El socialista
Juan Ceretta otro de los 17 ediles del gobierno departamental se refirió a lo mismo, y agregó un principio político que puede jugar en este caso: "
En general en esta bancada hay un fuerte posicionamiento a favor de la transparencia y de que se investigue lo que haya que investigar". "Ese es el espíritu general que ha habido", remarcó el ex precandidato a intendente, que sin embargo dijo conocer "perfectamente" el caso del parador y que entendía que la IMM había tomado una "buena decisión". "En derecho puede haber siempre dos opiniones y las dos que hay acá son válidas, pero yo creo que
hay un error jurídico" cometido en la valoración del edil Seijas "respecto del contrato", afirmó.
Que el FA habilite igual la creación de una investigadora es algo que esperan en filas nacionalistas.
Gonzalo Gómez, redactor del informe en representación de la oposición
(ver recuadro), dijo a El País que confiaba en que la coalición de izquierda pueda "acompañar" la solicitud en pos de "defender la transparencia", una postura que, como también dijo Ceretta, "ha sido la que tuvo el oficialismo hasta el momento, como cuando habilitó los llamados a sala o a comisión". "
Si son coherentes con la línea que vienen llevando, deberían votarla", consideró el edil nacionalista.