Salmoneros se preparan ante la inminente votación de espacios costeros para comunidades indígenas

La industria salmonera se prepara. El martes 9 de diciembre se programó la votación que definirá el futuro de dos solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) en la Región de Aysén.
Los ECMPO Islas Huichas y Cisnes suman 621 mil hectáreas de territorio marítimo. Se pensó que estaba resuelto en febrero de 2024, cuando la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de Aysén rechazó las peticiones de las comunidades indígenas Antunen Rain y Pu Wapi. Pero la Corte Suprema decidió, en noviembre, que debería repetirse la votación.
El fallo de la Tercera Sala planteó que se incumplió con el estándar establecido en la Ley Lafkenche. "Los motivos de rechazo no pueden ni deben ser meramente económicos, pues ello iría en contra del espíritu de la normativa", señala el escrito. La ley, indicó, habla del resguardo del uso consuetudinario de dichos espacios para preservar las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios.
Preocupación salmonera
En la industria salmonera daban por cerrado este capítulo de los ECMPO de Aysén. En el sector señalan que el fallo de la Corte Suprema reavivó la incertidumbre.
La aplicación de la Ley Lafkenche ya ha sido objeto de cuestionamientos por parte de vecinos y pescadores de la localidad de Golfete de Quetalmahue (Región de Los Lagos), tal como publicó "El Mercurio" el 28 de noviembre. Acudieron a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt solicitando el cese de las prohibiciones de acceso al borde costero, multas y sanciones que les estaría aplicando la comunidad Buta Lauquen Mapu, titular de un ECMPO en el sector desde 2023.
En el caso salmonero, gremios del sector afinan su defensa para asistir a la comisión a profundizar sobre el impacto que generarían los ECMPO para la actividad acuícola regional. Señalan que una posible aprobación de las solicitudes en Aysén afectaría a más de 300 concesiones que limitarían con los ECMPO Islas Huichas y Cisnes. "Representan el 45% de las existentes en la región y el 25% de la capacidad productiva nacional", dice Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile.
Monge afirma que "las circunstancias bajo las cuales se rechazaron estas solicitudes en la comisión, en los recursos de reclamación y en los recursos de protección no han cambiado (...). A nuestro entender, en las sesiones donde se rechazaron los espacios se entregaron argumentos sólidos y contundentes para fundar los rechazos por amplia mayoría de los votantes".
Sostiene que "lamentablemente, muchos de esos argumentos no fueron incorporados de manera explícita y más clara en la resolución recurrida, y es por eso que habrá que reforzar las argumentaciones y solicitar que sean incorporadas íntegramente en las resoluciones".
De todos modos, Monge plantea que la postura del gremio "se ha centrado siempre en la necesidad de un enfoque equilibrado que considere todos los intereses legítimos del territorio (...). Este caso no es aislado, sino parte de un precedente complejo: existen 103 solicitudes ECMPO en distintas etapas de tramitación en todo Chile, abarcando cerca de 4 millones de hectáreas, generando incertidumbre no solo para la salmonicultura, sino para toda actividad en el borde costero".
Para Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, "lo que ocurra en Aysén marcará un precedente no solo local, sino que nacional, con efectos negativos en empleo, inversión, desarrollo y convivencia territorial".
Seguel piensa que la sentencia de la Corte Suprema "reabre una solicitud que a todas luces es desproporcionada: más de 600 mil hectáreas para el uso exclusivo de menos de 37 personas, lo que equivale a la superficie de 40 Islas de Pascua".
"Se exigen razones concretas, verificables y proporcionadas"
"Se trata de un mensaje potente sobre cómo se controlan hoy decisiones administrativas con impacto territorial, indígena y ambiental, incluso fuera de la judicatura ambiental especializada", dice Pablo Manríquez, socio de Manríquez & Cía. "No bastan referencias genéricas a políticas públicas, estrategias regionales u 'opinión pública' para rechazar un ECMPO. Se exigen razones concretas, verificables y proporcionadas", sostiene.
Para Claudia Sarmiento, socia de Sarmiento Walker y García Abogados, este "no da cuenta de un vicio (en la ley), sino que establece un estándar más alto en la motivación de las resoluciones de la administración (CRUBC)". Indica que esta resolución apunta a que se "analice con mayor detención elementos propios de la costumbre indígena o de los pronunciamientos de la Conadi", así como también "solicitarle a la administración que tenga una posición menos 'binaria'; es decir, que no solo se limite a aprobar o rechazar, sino a guiar la conducta de los requirentes".
Por otra parte, Tomás Espinosa, analista de políticas públicas de Pivotes, afirma que si bien la "Ley Lafkenche nace de una finalidad loable", durante su tramitación en el Congreso "no se advirtieron ciertos problemas de diseño que hoy facilitan un uso abusivo de la norma, al permitir solicitudes de ECMPO desproporcionadas que paralizan cualquier actividad en las áreas requeridas". Agrega que "tenemos que avanzar a procesos más rigurosos para generar política pública si queremos evitar situaciones como la que vive la Región de Aysén, en donde se votará por segunda vez si casi la totalidad de su borde costero se le va a entregar a un puñado de personas debido a una mala ley".