Para la coalición de izquierda, el abogado y senador violó la Constitución. Sin embargo, se pedirán más informes jurídicos y todavía no están definidos los pasos a seguir. Habrá reunión de Fernando Pereira con la bancada.
Redacción El País El Secretariado Ejecutivo del
Frente Amplio (FA) examinó este lunes dos informes jurídicos requeridos por el presidente de la fuerza política,
Fernando Pereira, a raíz de la situación del senador
Andrés Ojeda y una eventual
violación a la Constitución que habría cometido el secretario general del Partido Colorado.
La denuncia contra el abogado fue por haber presentado un escrito de 75 páginas ante el
Ministerio Público solicitando la reapertura de una causa por un posible delito de
apropiación indebida. Los dos informes analizados fueron elaborados por los
constitucionalistas José Korzeniak y Luis Fleitas.
Pereira dijo que para el FA no hay dudas que Ojeda violó la
Constitución al patrocinar a un tercero ante
Fiscalía, como lo señalan los dos juristas consultados, pero antes de marcar una postura clara sobre cómo proceder
políticamente se coordinará con la bancada del
oficialismo, que ha pedido otras opiniones sobre el tema.
Además, el dirigente reclamó saber el parecer del resto de los
partidos políticos. "Parece claro que violó la Constitución y la sanción está establecida en el propio artículo 124 (la destitución). De todas formas, el proceso va a continuar y mantendremos una reunión con los
senadores el martes de la semana que viene. También es importante conocer del resto de las bancadas cuál es la opinión. Hasta ahora no tenemos una posición clara ni de la bancada del
Partido Nacional ni del
Partido Colorado. Y no es un asunto menor conocer su postura", afirmó Pereira.
Mientras tanto, la bancada del FA todavía no ha adoptado una
decisión política al respecto y, como se dijo, está a la espera de otros informes para resolver cómo avanzar. Aunque la denuncia contra el legislador colorado ingresó al
Parlamento la semana pasada, recién podría ser analizada este martes por la
Comisión de Constitución y Legislación, de la cual Ojeda es vicepresidente.
Ojeda, por su parte, ha optado por mantenerse en silencio durante los últimos días luego de que en principio lo acusara un convencional de su
partido político, que había sido expulsado de
Unir para Crecer, el sector que lidera el senador.
En el entorno cercano del dirigente se entiende que todavía no ha habido ninguna acusación formal por parte de la oposición y de hecho pocas declaraciones sobre el tema. No obstante, tras la audiencia del 20 de noviembre en la que la
fiscal Sylvia Lovesio advirtió sobre una eventual violación constitucional y anunció que daría aviso a
Mónica Ferrero el senador pidió informes jurídicos a
Ruben Correa Freitas y al director del Instituto de Derecho Constitucional de la
Universidad de la República,
Jaime Sapolinski.
El informe de Korzeniak
En sus conclusiones, Korzeniak consideró que el secretario general del
Partido Colorado "inequívocamente realizó trámites para terceros ante la Fiscalía", órgano que tiene la "naturaleza jurídica de
servicio descentralizado".
"El Senado debe dictar una resolución declarando que el senador ha perdido tal
cargo legislativo, por lo dispuesto en el numeral 2º inciso final del artículo 124 de la
Constitución. Dicha declaración sería un acto jurídico no constitutivo (sino de mera ejecución), no de naturaleza legislativa, tampoco de índole jurisdiccional, sino -en la clasificación tradicional- un
acto administrativo del Senado", adelantó su posición el constitucionalista.
El mencionado artículo establece que los legisladores no podrán "tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la
administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados". Posteriormente, agrega que "la inobservancia de los preceptuado en este
artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo".
Más allá de la apreciación sobre la violación o no de la Constitución, en el escrito el especialista plantea que basta la
mayoría simple en la
cámara alta para resolver la "pérdida inmediata del
cargo legislativo", una vez incumplida la prohibición del artículo 124.
Korzeniak sostiene que la destitución no constituye un acto "constitutivo" por parte del Senado, sino meramente "declarativo", dado que la
infracción ya está configurada y no implica una
decisión jurídica nueva. En síntesis, considera que la
violación constitucional ya ocurrió y que a la cámara alta solo le corresponde emitir una resolución que así lo consigne.
"La norma constitucional en estudio es clara en su sentido y en su
tenor literal. El sentido de la prohibición es, sin duda, evitar que un
legislador utilice la trascendencia de su cargo para obtener 'ventajas' en
trámites o dirección de gestiones ante órganos de la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos o servicios descentralizados", interpretó el jurista vinculado al
Frente Amplio.La respuesta de Pasquet
En tanto, el
exdiputado del Partido Colorado Ope Pasquet salió en su cuenta de X a cuestionar el
informe elaborado por Korzeniak. En primer lugar, en discrepancia con lo planteado, Pasquet señaló que la norma citada no establece que
órgano público es el competente para actuar.
También cuestiona la postura del constitucionalista cuando indica que no es necesario la aplicación del artículo
115 de la Constitución, que establece la necesidad de
dos tercios del total de los legisladores de la cámara para "corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus
funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas".
"Con los debidos respetos por la persona del doctor Korzeniak, digo que su tesis me parece un
disparate, y un disparate peligroso para la salud
democrática del Uruguay. Sin apoyo normativo alguno inventa la posibilidad de que la mayoría del Senado, por sí y ante sí, expulse del
Cuerpo a sus adversarios políticos. El peligro de la desviación
autoritaria es evidente", valoró Pasquet.
Según el exlegislador, es la Suprema Corte de Justicia la que en definitiva se debería pronunciar, no el
Parlamento. "Que sean los
jueces, y no los políticos, los que decidan si un
dirigente político ha violado o no la Constitución y deba perder su cargo por ello. El Poder Judicial es al mismo tiempo el guardián de la Constitución y la mayor
garantía de los
derechos de todos", apuntó.
El País, Uruguay
9 de diciembre de 2025
