Así mueve la contratación pública las cifras del empleo

En marzo del 2026 el desempleo a nivel llegó al 8,8% y los sectores que jalonaron el resultado fueron: la administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana al contratar 369.000 personas más; actividades financieras y de seguros con 239.000 trabajadores más y el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos con 125.000 más. A estos le siguió comercio y reparación de vehículos (106.000), construcción (82.000), actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos con (67.000), actividades artísticas (40.000), alojamiento y servicios de comida (30.000) y actividades inmobiliarias (4.000). Por el contrario, las que presentaron la mayor baja fueron: agricultura, pesca y ganadería con 242.000 empleos menos, industrias manufactureras (-166.000), información y comunicaciones (-4.000) y transporte y almacenamiento no perdieron ni aportaron trabajadores en el mes de consulta. Sin embargo, para el ministro de Hacienda, Germán Ávila el empleo del sector público no jalonó, sino que para el funcionario el que mayor empleabilidad generó fue el sector privado y el cuentapropismo. "No es exacto que el empleo sea del sector público, eso no es cierto, la mayor parte es del sector privado y es en proporciones altamente representativas en el sector privado que está generando ese nuevo empleo", dijo. Agregó que existe un empleo que es informal que es inevitable y está impactado fundamentalmente por el empleo en el sector agropecuario, "porque hay mucho trabajador por cuenta propia que es como se clasifica para toda la producción en los sectores de pequeña producción agrícola y este mundo del ejercicio laboral o de la pequeña producción". También el jefe de la cartera indicó que se contabiliza con el trabajador por cuenta propia con una figura de empleo informal que realmente ya no es tan informal, sino que es una metodología que afecta las características del empleo. ¿Qué dicen los expertos? Ante este escenario para Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura la mayor contratación pública no se concentra únicamente en el Gobierno Nacional, sino también en los territoriales. "De hecho, los datos del Secop reportados por Colombia Compra Eficiente muestran que, en enero de 2026, justo antes de la entrada en vigencia de las restricciones de la Ley de Garantías, las entidades públicas celebraron contratos por cerca de $37 billones, de los cuales $22,5 billones correspondieron a departamentos, municipios y entidades territoriales. Es decir que $61 de cada $100 contratados provinieron del nivel territorial", señaló. En número de contratos, la concentración territorial también fue clara: durante enero se suscribieron cerca de 544.000 contratos públicos, de los cuales 377.844 correspondieron a entes territoriales y 166.306 a entidades del orden nacional. Es decir, el mayor volumen de contratación estuvo en alcaldías, gobernaciones, entidades descentralizadas y organismos territoriales. Por ciudades, los mayores montos se observaron en Barranquilla, con más de $1,3 billones; Bogotá, con $1,2 billones; Medellín, con más de $894.000 millones; Cali, con más de $736.000 millones, y Cartagena, con más de $431.000 millones. En el nivel nacional, las entidades con mayor contratación fueron el Sena, con más de 37.600 contratos por $1,7 billones; el ICBF, con más de 15.600 contratos por $1,2 billones; la Unidad para las Víctimas, con más de $508.000 millones, y el Ministerio de Educación, con más de $442.000 millones. "Esto muestra que la contratación pública se está moviendo principalmente en tres frentes: operación territorial, programas sociales y sectores intensivos en prestación de servicios, como educación, formación, atención social y salud", agregó. A su vez, mencionó que el impacto fiscal real no debe medirse solo por el número de contratos, sino por el peso que tienen el funcionamiento del Estado, la nómina, la prestación de servicios, los programas sociales y la formalización laboral dentro del gasto público. Para 2026, el Presupuesto General de la Nación aprobado asciende a $546,9 billones, de los cuales $358,1 billones corresponden a funcionamiento, $100,4 billones al servicio de la deuda y $88,4 billones a inversión. Es decir, cerca de dos terceras partes del presupuesto están asociadas a funcionamiento, donde entran nómina, transferencias, operación institucional, subsidios y otros gastos recurrentes. Por lo tanto, en materia laboral, el Gobierno ha defendido una política de formalización dentro del Estado. Función Pública reportó que, con corte a enero de 2026, se habían formalizado 40.533 empleos de planta en entidades nacionales y territoriales. La cifra supera los 8.092 cargos formalizados entre 2018 y 2022.
Es de destacar que la presión fiscal se ve con más claridad en el seguimiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. A marzo de 2026, las obligaciones del PGN iban en 20% de las apropiaciones, 3,9 puntos porcentuales por encima de la ejecución observada en el mismo periodo de 2025. Además, el gasto fiscal total acumulado representó 5,7 % del PIB y el gasto primario 4,5 % del PIB. Aunque el gasto primario fue levemente menor al de marzo de 2025, el CARF advierte una ejecución más acelerada en inversión y servicio de deuda. La decana dijo que la lectura fiscal es doble: la contratación y la formalización pueden mejorar la estabilidad laboral y fortalecer la operación del Estado, pero también elevan la rigidez del gasto público. En un contexto de estrechez fiscal, mayor deuda y presión sobre la caja, el debate no es solo cuántas personas contrata el Estado, sino si ese gasto se traduce en mejores servicios, más productividad institucional y resultados medibles para los ciudadanos.