La discusión sobre admisión escolar

Una gran ventaja de nuestro sistema de admisión escolar (SAE) es que evita los riesgos de discriminación y eleva las posibilidades de elección de las familias. Por cierto, esa ampliación de la libertad de elección no asegura el ingreso al plantel escolar elegido en aquellas situaciones en que las preferencias superan las vacantes disponibles. Esto genera desazón en las familias que no satisfacen su aspiración y piensan que, bajo un esquema más descentralizado, podrían tener más posibilidades, pero hay en ello una ilusión. La realidad es que, si la demanda supera la oferta, siempre habrá que racionar los cupos, y es preferible que eso ocurra según criterios objetivos. Así, la verdadera solución es que exista una oferta amplia de calidad para evitar la concentración de postulaciones.
Respecto de los criterios y prioridades que hoy emplea el sistema, pueden ser discutibles, pero no lo invalidan. Así, por ejemplo, en la actualidad se impide que se use el desempeño académico pasado o una prueba de habilidades para seleccionar estudiantes, por ejemplo, en séptimo básico. Sin embargo, en otras latitudes donde operan sistemas similares, esa posibilidad está abierta. El país podría permitirla con el sistema actual. Es más, podría modificar todos los criterios hoy existentes sin afectar el SAE, pues es un sistema muy flexible. A menudo, sin embargo, el debate no distingue su funcionamiento de los criterios que se emplean para priorizar el acceso cuando la demanda supera los cupos.
En diciembre de 2024, una comisión de expertos evacuó un informe que recomendaba diversos perfeccionamientos. El año pasado, las autoridades de la época ingresaron un proyecto para hacerse cargo de algunas de esas recomendaciones. Ahora, el actual Gobierno buscaría introducirle indicaciones a esa iniciativa. Ello resulta indispensable, porque el proyecto no fortaleció mayormente la selección por mérito académico y no abrió una oportunidad acotada para que los directores pudiesen resolver situaciones extraordinarias al margen del SAE (por ejemplo, cuando uno de varios hermanos es el único sin matrícula en el colegio). Ambas eran recomendaciones valiosas de la Comisión.
Pero ha trascendido que el Gobierno, en sus indicaciones, estaría pensando abrir la posibilidad de que los colegios que lo deseen puedan definir sistemas propios de admisión bajo la supervisión de la Superintendencia de Educación, que verificaría la ausencia de discriminaciones. El argumento apuntaría a asegurar un mejor resguardo de los proyectos educativos. Sería un error. Desde luego, no está claro por qué el SAE limita la libertad de enseñanza. Pero, además, el cambio dificultaría las postulaciones de las familias y elevaría los riesgos de discriminación. No es claro el valor que agrega esa posibilidad. Parece más adecuado repensar los criterios que se definirán para priorizar las vacantes ahí donde hay exceso de demanda, incluida la posibilidad de que ellos sean definidos por los propios planteles, antes que horadar el sistema vigente.