La iniciativa del diputado Federico Preve acumula cuestionamientos de su correligionario Luis Gallo; "atenta contra la libertad de trabajo", dijo el integrante de la Comisión de Salud de Diputados.
El proyecto de ley de servicio médico obligatorio, impulsado por el diputado frenteamplista Federico Preve, no fue tratado aún en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la cámara baja. Por el momento, no solo genera resistencias desde la oposición y varios sectores médicos, sino también al interior del oficialismo.
El diputado frentista Luis Gallo dijo a El País que si bien coincide con que existe un "problema serio" con el acceso de especialistas médicos en el interior del país, marcó varios reparos a la iniciativa presentada hace casi un mes. Respecto a por qué firmó el proyecto, aclaró que fue para que tuviera tratamiento parlamentario tras su análisis por la bancada oficialista.
El proyecto de Preve propone que los médicos especialistas, y otros profesionales, como licenciados en enfermería, trabajen al recibirse en prestadores públicos, entre cuatro y 16 horas semanales, por dos años, para revertir el "déficit" de profesionales al interior del país, con un pago acorde al laudo y la cantidad de horas trabajadas.
La iniciativa indica que en caso de no cumplir con el servicio "preceptivo y transitorio" tanto en ASSE, Sanidad Militar, Sanidad Policial y/o el Hospital de Clínicas, el Ministerio de Salud Pública (MSP) "no registrará ni habilitará el título para el ejercicio profesional", de esos profesionales mientras dure el incumplimiento.
El proyecto "desnaturaliza el concepto de interés general al transformarlo en una herramienta poco eficaz para solucionar una problemática de gestión pública", señaló Gallo, quien también es cirujano pediátrico y lideró la Junta Nacional de Salud (Junasa) hace 15 años. De aplicarse la redacción que se presentó al Parlamento el 15 de abril debería ser de caracter "optativo", pero no una imposición.
La obligatoriedad del servicio médico que propone la iniciativa "no resuelve el problema", así como "atenta contra la libertad de trabajo". El legislador contó que hizo consultas al Ministerio de Trabajo y le indicaron que tal como está redactado el proyecto "es trabajo forzoso", dijo.
Gallo añadió que la inhabilitación del título propuesta implica una "desproporción" entre la falta y la sanción. Para solucionar la falta de médicos en el sector público, "el Estado no debería afectar el derecho al trabajo del especialista bloqueando su título". Y cuestionó: "¿cómo se va a mandar a médicos sin el título habilitante a ejercer la especialidad?".
El diputado que integra la Comisión de Salud de Diputados plantea que para revertir la falta de especialistas en el interior se debería utilizar el "estímulo económico y fiscal" para que el profesional trabaje en zonas alejadas del área metropolitana de forma "natural y motivada".
Los médicos, estimó el diputado, "no van a querer ir a hacer la especialidad, van a apelar y van a ganar todos los juicios". Por ello, valoró que con los especialistas es "inaplicable" el régimen del proyecto, apoyado por el otro frentista de la comisión citada, Juan Gorosterrazú.
Si se buscara aplicar un servicio asistencial obligatorio, Gallo planteó que la única manera sería mediante las residencias médicas. Esta es la etapa en que los médicos generales se forman en cardiología, anestesia, u otras especialidades, que suele extenderse por unos cuatro años.
El esquema que planteó Gallo es que el médico residente podría realizar un servicio obligatorio en el interior del país, al final de su especialización, por ejemplo, en los últimos seis meses, como parte de la currícula antes de recibirse de especialista. Es decir, que quien concursa para ser residente sepa de antemano que al final de su formación trabajaría en ciertos puntos del país.
De avanzar por esta vía, el legislador planteó "fortalecer" la ley de residentes, "aumentar" la cantidad de residentes, "diagramar" a qué lugares se los vas a mandar con rectoría del MSP, que hoy manejan las cátedras; y "acompasar" este esquema con el sector privado para que el residente que vaya al interior "trabaje en ambos lugares", dijo.
Gallo puso hincapié con "incentivar" las residencias médicas aumentando el salario, de unos $ 46.000 nominales. Hoy se presentan unos 1.800 médicos, para 350 cupos, y no resulta fácil llenarlos porque varios consiguieron trabajos mejor pagos en el medio.
El legislador entiende que prácticamente todos los departamentos hay docentes o ex docentes de "casi todas" las especialidades dispuestos a tutorear a los residentes, que hacen sus prácticas médicas bajo un monitoreo.
El País, Uruguay
9 de junio de 2026
