Gran Hermano del sector de carga generó movilizaciones y la ministra de Transporte se reunió para desactivar polémica

La Guía Electrónica de Carga del transporte -conocida como el "Gran Hermano" del sector- continúa generando debate entre el gobierno, gremiales y distintos actores. Ayer incluso hubo una movilización de empresas de camiones autoconvocados. Mientras algunos se manifiestan en contra de su implementación, gremiales de transporte de carga y de pasajeros, nacional e internacional se presentaron ante el Parlamento con motivo de la implementación de la guía y la reglamentación del convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


Un grupo de pequeñas empresas (unas 700 que están a cargo de entre uno y dos camiones cada una) decidieron autoconvocarse ayer en movilizaciones en 34 puntos del país, con cortes de parte de la calzada. El vocero de estas empresas, Federico Holzmann, señaló a El País que estas firmas se pronuncian en contra de la guía eléctronica ya que consideró que existe un alto nivel de "regulación, cumplimiento y controles" en el sector. "La gente no tiene el control", dijo luego de las movilizaciones.

Ayer de tarde la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry y el director nacional de Transporte, Felipe Martín recibieron a representantes de las empresas autoconvocadas. Según un documento -al que accedió El País- que reúne los principales puntos del diálogo, la cartera mantendrá una reunión con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) para trasladar los planteos de los autoconvocados y establecer un ámbito de diálogo entre las partes.

"No hay multas, no es objetivo de la guía la penalización, se trabajará por la apropiación de la herramienta en los tiempos de implementación que se determine", aclaró el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en el documento y agregó que aún no hay plazos definidos para la obligatoriedad de la guía ya que se está trabajando en la simplificación de la herramienta.

La cartera también se comprometió a analizar un documento redactado por los autoconvocados con aspectos jurídicos de la guía y aseguró que los cambios se instrumentarán de manera progresiva en todo el sector.

Convenio

El convenio 153 de la OIT fue ratificado en Uruguay en 1989 aunque nunca entró en vigencia para ser aplicado en el derecho interno. El mismo reglamenta asuntos de seguridad vial, control de los tiempos de trabajo, protección de la salud de los trabajadores y las horas de descanso.

Para las gremiales, el convenio representa un desequilibrio en la actividad. ya que establece los mismos controles para distintos sectores. "No contempla la realidad nacional del transporte de pasajeros por carretera y empareja actividades profundamente disímiles: taxis, urbanos, interdepartamentales, de corta, mediana y larga distancia, y de turismo", dijo el representante de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra), Aníbal de Oliveira. "Son actividades muy diferentes y ni que hablar de pretender incluir en una misma reglamentación el transporte de personas y el transporte de cargas", agregó.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el MTOP se encuentra discutiendo un documento provisorio para reglamentar el convenio mediante un decreto. Para ello, el Ejecutivo expone como fundamento el alto índice de siniestralidad vial y laboral y la ausencia de controles.

Según datos del Informe Anual de Seguridad Vial de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), el total de siniestros registrados en 2025 fue de 22.482, de los cuales el 5,6% correspondió a accidentes efectuados por camiones de carga y pasajeros en carretera.

El representante de Anetra defendió los objetivos del convenio aunque sostuvo que los motivos expuestos por el Ejecutivo en la discusión del borrador "no aplican a nuestra actividad". De Oliveira afirmó que las estadísticas convierten al transporte de pasajeros en uno de los más seguros. En el caso del transporte interdepartamental y el metropolitano, aseguró que recorren más de 160 millones de kilómetros al año y transportan más de 230 millones de pasajeros. En cuanto a los controles, De Olivieria sostuvo que todos los servicios tienen trazabilidad en horarios, partidas, llegadas y puntos intermedios, modalidad de prestación, vehículos autorizados e inspecciones técnicas.

"El transporte público no tolera más aumentos de tarifas, porque estamos en una competencia día a día con el transporte informal", dijo De Oliveira ante un posible aumento con el objetivo de sostener las modificaciones en las remuneraciones salariales.

El representante de la gremial de transporte de carga y pasajeros, Grupo 12, Tomás Gagliardi, sostuvo que la aprobación del convenio afectaría dos de las estructuras más importantes de los rubros de flete y boleto; salarios y aportes a la seguridad social. "Alterar la estructura de costos del transporte en cualquiera de sus modos tiene efectos reflejos en toda la economía nacional", dijo Gagliardi según la versión taquigráfica del encuentro en el Parlamento.

Carga

La ITPC consideró que el problema de la implementación del convenio radica en que el transportista no maneja sus tiempos. "Sus tiempos se manejan en función de terceras partes", dijo el presidente de la gremial, Ignacio Asumendi y agregó: "No parece racional, no parece que hubiera sido estudiado con el detalle y el detenimiento que el caso requiere".

Por otra parte, Asumendi sostuvo que la distribución del trabajo entre los transportistas repercute en nuevos costos para las empresas. "No hay suficiente mano de obra de choferes capacitada. Hoy no hay un stock de choferes como para poder establecer esas postas", afirmó.

El prosecretario de la ITPC, Martín Paleo, también hizo referencia a la diferencia en las características de las cargas. El transporte de carga puede contener mercadería frágil, peligrosa, contenedor o paquetería. Según Paleo, la normativa tampoco contiene especificaciones en materia de seguridad ante posibles derrames o accidentes con las cargas durante las horas de descanso.

Guía Electrónica

En setiembre del año pasado, la Guía Electrónica de Carga fue incluida dentro del Sistema Integrado de Control del Transporte Terrestre (Sictt), -que incluye reversiones de sistemas de control anteriores-. El presidente de la ITPC se había pronunciado a favor de la guía aunque no bajo las condiciones actuales.

Entre las objeciones que plantea la ITPC, Asumendi resaltó la complejidad de la guía debido a la implementación de siete cámaras. "Nosotros estamos tratando de separar, como se dice popularmente, la paja del trigo; ver si podemos hacer que esta guía funcione de una vez, con un esquema que sea razonable para los transportistas", dijo.

"Me parece que hay que generar una herramienta en la que todos tengamos un costo similar y motivar de alguna manera a quienes no están llegando o desconocen", señaló el representante de Grupo 12, Osvaldo Vaccari y cuestionó los dichos de la ministra Etcheverry quién insistió en que la guía no conlleva costos extra. "¿No será mañana un instrumento fiscal? Si nosotros generamos elementos de la parte laboral que no está resuelta, ¿no pasa a ser un fiscal en la parte laboral?", dijo Vaccari.

"Acá no hay sanciones previstas, no hay multa, está en diseño, tiene que ser ágil, tiene que ser efectivamente un instrumento que elimine papel, que disminuya burocracia y que sea mucho más eficiente", insistió Etcheverry en rueda de prensa.

La jerarca puntualizó ante la falta de un consenso entre las partes que "la guía no se va a imponer, pero tampoco se pueden imponer las respuestas ".

"No puede haber un impedimento o un obstáculo a la circulación y menos en una situación donde hay muchos que no han adherido", dijo sobre las movilizaciones de ayer.