Recursos públicos por recuperar

La tasa de morosidad de los egresados de la educación superior era un poco más del 26% en 2015, habiendo bajado desde el 31% en que se encontraba en 2012. Desde ese entonces, no dejó de subir hasta alcanzar un 59% el año pasado. Esto no se condice con la realidad laboral y salarial de estas personas. Sus salarios han crecido y sus tasas de ocupación no son muy distintas entre ambos períodos. Por supuesto, los promedios pueden esconder heterogeneidades, pero estas son incapaces de explicar esa tendencia. Sencillamente se ha percibido que no hay una obligación de devolver los fondos que el Estado facilitó durante los estudios y que después esperaba recuperar para darle sostenibilidad al sistema de financiamiento estudiantil. Ahora el Gobierno, en una decisión bienvenida, ha decidido usar los instrumentos disponibles para recuperar esos recursos, focalizándose en personas de altos ingresos relativos. Ello ha generado sorpresa en los deudores y un cuestionamiento de algunos sectores políticos.
Sin embargo, es muy importante que la autoridad persevere en esta decisión. Los países se deterioran institucionalmente producto de inacciones de esta naturaleza, es decir, aceptar que los compromisos adquiridos se vulneren sistemáticamente, como ha ocurrido en este caso. A veces se argumenta que hay otros incumplimientos en otros ámbitos; la evasión tributaria es el ejemplo preferido al que se recurre. Sin embargo, la respuesta es que cada uno de esos incumplimientos debe perseguirse con todas las herramientas disponibles y, de hecho, en el caso de la evasión, el país ha aprobado en estos años importante legislación destinada a combatirla. En el caso del CAE, en tanto, la propia ley que lo creó establece la posibilidad de que la Tesorería retenga devoluciones de impuestos y pueda proceder con cobranzas judiciales y extrajudiciales en caso de créditos en los que el fisco es titular o se haya ejercido la garantía estatal. Y esas disposiciones fueron aprobadas en su momento por amplia mayoría, porque se comprendía la importancia del acuerdo social implícito en esta materia y que no se debe olvidar. Indudablemente, existe espacio para pensar en un proyecto de ley que organice de otra forma las exigencias de pago de estas deudas. Este podría acompañar a un nuevo sistema de financiamiento estudiantil de la educación superior que reemplace definitivamente el CAE y supere los problemas que tenía el proyecto FES enviado por la administración anterior.
El comportamiento oportunista de muchos egresados se ha replicado, de alguna manera y en una escala más pequeña, en una parte de quienes han cursado programas de posgrado: se estiman en 100 mil millones de pesos las deudas acumuladas por este concepto, detectadas en una auditoría solicitada por la ministra Ximena Lincolao al programa Becas Chile. Estas becas son el subsidio individual más grande que entrega el Estado y tiene como requisito principal ser aceptado en un programa de las mejores universidades del mundo. La lógica que lo sostiene es razonable: elevar el nivel de capital humano avanzado de Chile. Pero para justificar este desembolso, el país exige que los beneficiados retornen al territorio por el doble del tiempo por el cual fueron becados. Sin embargo, el 70 por ciento de la referida deuda se ha originado porque este requisito no se ha cumplido. En efecto, si bien los beneficiarios tienen la posibilidad de devolver los subsidios entregados si deciden permanecer en otro país, no es eso lo que ocurre. En todo caso, de no cumplirse el retorno, el Estado sí puede recuperar esos dineros. No es una tarea fácil, pero debe intentarse; más todavía cuando este beneficio, por su carácter, es también de los menos focalizados socialmente. Se trata de otro caso evidente en que las obligaciones deben hacerse cumplir. Acá, además, ocurre que los beneficiarios se establecen en países con mayor nivel de ingresos que el nuestro. No parece apropiado permanecer indiferente frente a una decisión de esas personas que se traduce en que Chile termina contribuyendo al financiamiento de capital humano avanzado para naciones más ricas que la nuestra.