Construcción anticipa alzas en costos de viviendas por proyecto que busca elevar plazo de garantía

La industria de la construcción no quedó indiferente ante la iniciativa que anunció el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, sobre ampliar el plazo de la garantía de posventa para defectos de elementos constructivos o instalaciones de las viviendas nuevas. El cambio implicaría aumentar la responsabilidad de los desarrolladores desde cinco a 10 años, a través de un proyecto de ley.
El ministro anticipó esa medida a "El Mercurio" en un artículo publicado ayer, donde también se reveló que el fisco destinó entre 2020 y 2025 cerca de US$ 80 millones para reparar más de nueve mil departamentos sociales, donde destacan fallas constructivas ligadas a filtraciones en tuberías de material PPR que conducen el agua. Justamente, esos desperfectos tienen como máximo una garantía de cinco años.
Si bien gremios y empresas del rubro de la construcción afirmaron su compromiso con la calidad de las obras, anticiparon que si prospera dicho cambio normativo, se incrementaría el costo de los proyectos habitacionales.
Advierten impactos
Sergio Icaza Pérez, socio y director de Icafal, comentó que "ampliar la garantía de cinco a 10 años encarecerá las viviendas, en mi estimación en al menos un 1,5%. Desde la perspectiva del Serviu, esto no generará mayor impacto, ya que no moverán el presupuesto disponible para la ejecución de obras, de modo que será la constructora la que deba absorber ese sobrecosto y lo traspasarán a precio o a reducción de obra en cuanto pueda".
Icaza añadió que "vale la pena poner esto en perspectiva: la garantía de un automóvil es de aproximadamente cinco años y su fabricación es 100% en planta, con múltiples controles de calidad. La construcción sigue siendo un proceso fundamentalmente artesanal, lo que hace difícilmente comparable ambos estándares". Sostuvo que "en el caso de las instalaciones entramos en una zona gris, ya que su correcto funcionamiento depende en gran medida de la mantención que se les realicen y de posibles intervenciones de terceros, lo que complejiza considerablemente la atribución de responsabilidades y obliga a cubrir ese riesgo en el costo".
Un ejecutivo de otra constructora que trabaja en el rubro viviendas sociales -que solicitó mantener en reserva su identidad-, señaló que la ampliación del plazo de las garantías debiera incentivar mayores estándares de calidad en la cadena constructiva. Pero advirtió que "es probable que ello implique mayores costos para los proyectos".
Juicio a los materiales
Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), indicó que "ante los aumentos de casos de problemas señalados por el Minvu, creemos necesario y conveniente generar una mesa técnica de trabajo que revise el comportamiento de los materiales que han estado en el origen de estos casos. Hay varios factores que pueden incidir en el eventual mal funcionamiento de una red y es fundamental aquilatarlos adecuadamente. En este sentido, lo propuesto de aumentar de cinco a 10 años la garantía puede no ser la medida más efectiva e introduciría un factor adicional de costos que dificultaría aún más el acceso de las familias a la vivienda propia".
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, comentó que "respecto de las roturas o filtraciones en redes de agua potable, es importante recordar que hay casos con afectación tanto a viviendas sociales como privadas. Por la información que contamos, esta situación se debería a materiales de un mismo origen".
Recalcó que por problemas asociados a un determinado proveedor de PPR, "no significa necesariamente que toda la tecnología deba ser descartada". El ministro Poduje estudia prohibir el PPR en las construcciones de viviendas sociales.
Echavarría sostuvo que la modificación del período de garantía que plantea el Minvu "requiere un análisis técnico profundo respecto de sus efectos prácticos y económicos". Explicó que los plazos de prescripción de las responsabilidades "no operan de manera aislada" y que "detrás de ellas existe una cadena completa de proveedores, fabricantes, aseguradoras, certificadores y sistemas constructivos".
Echavarría afirmó que "una parte importante de los materiales utilizados en la construcción no contempla garantías equivalentes a 10 años, por lo que una obligación de esa magnitud podría generar mayores costos de aseguramiento, financiamiento y gestión para los proyectos".
Enfatizó que "Chile enfrenta un severo problema de acceso a la vivienda, con niveles históricos de déficit habitacional y dificultades crecientes de financiamiento. Por eso es importante que las nuevas exigencias efectivamente mejoren la calidad de las viviendas sin transformarse en factores adicionales de encarecimiento".
Preocupación por fallas
El presidente de la CChC aseguró que "la calidad de las viviendas es una preocupación permanente" para el gremio, ya que es "el espacio donde las familias desarrollan su proyecto de vida". Por ello, afirmó que "cualquier situación que obligue a destinar recursos públicos a reparaciones atribuibles a la responsabilidad de quien construye debe analizarse".
Detalló que en los últimos cinco años "se han construido cerca de 300.000 viviendas con subsidio estatal y más de un millón en la última década. Lo importante ahora es identificar con precisión las causas de estas fallas". Agregó que comparten el interés de la autoridad en cuanto a fortalecer las fiscalizaciones en materia de calidad habitacional.
Para este artículo no fue posible obtener la opinión de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS), mientras que SalfaCorp y Echeverría Izquierdo se excusaron de contestar.