La Nación, Costa Rica
9 de junio de 2026
Informe del FMI advierte sobre el agotamiento de reservas de la CCSS para 2029. Analizamos las reformas estructurales y el riesgo fiscal en Costa Rica.
El sistema de seguridad social de Costa Rica se encuentra en una encrucijada crítica que amenaza la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo. En su más reciente informe de revisión económica para el año 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) colocó un lente de urgencia sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), advirtiendo que los actuales regímenes de salud y jubilaciones enfrentan un agotamiento acelerado de sus fondos de reserva si no se aplican reformas estructurales inmediatas.
El análisis del organismo detalla cómo las tendencias demográficas del país, combinadas con una histórica disputa financiera entre el Poder Ejecutivo y la CCSS, configuran uno de los principales riesgos fiscales de Costa Rica para las próximas décadas.
El colapso proyectado en el seguro de salud (SEM) y pensiones (IVM)
El FMI señala que el acelerado envejecimiento de la población costarricense está ejerciendo una presión insostenible sobre la viabilidad financiera de la seguridad social. Costa Rica registra una caída drástica en su tasa de fertilidad —que pasó de 2,4 hijos por mujer en el año 2000 a solo 1,3 en 2023— a la vez que la esperanza de vida se elevó a 81 años y se proyecta que alcance los 85 años para el 2050. Como resultado directo, la tasa de dependencia de la vejez se duplicará, pasando del 18% en 2025 al 41% en el año 2050.
Este cambio demográfico impactará de forma diferenciada a los dos regímenes principales administrados por la CCSS:
Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM)
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
La millonaria deuda estatal bajo la lupa
Un elemento central del deterioro institucional son los montos pendientes entre el Ministerio de Hacienda y la seguridad social. Según el reporte técnico, la CCSS registra reclamos financieros acumulados contra el gobierno central estimados en un 8,5% del PIB, correspondiendo la gran mayoría a obligaciones de servicios de salud en disputa. Las autoridades de Hacienda mantienen este saldo bajo la figura legal de pasivo contingente.
El informe explica que las transferencias anuales del gobierno a la CCSS han promediado un 1% del PIB desde el año 2017; sin embargo, estos flujos han sido consistentemente inferiores a las sumas que la CCSS afirma requerir para cubrir las obligaciones de salud y pensiones del Estado.
Actualmente, ambas partes trabajan en mesas técnicas de negociación para verificar los montos reales en disputa. El Fondo destaca positivamente que el presupuesto nacional vigente incrementó las transferencias destinadas a las contribuciones estatales de pensiones y a la cobertura de seguros para trabajadores independientes con el fin de frenar el crecimiento de nuevos reclamos. El Ejecutivo también acordó en principio liquidar ciertos reclamos del pasado mientras se dirimen las diferencias restantes.
Las reformas obligadas: Recortes al gasto y cambios paramétricos
El FMI es categórico al advertir que en Costa Rica existe un margen nulo para incrementar las tasas de contribución social o elevar los impuestos sobre las planillas, dado que estos ya se ubican en niveles sumamente elevados que incentivan la informalidad laboral. Por lo tanto, la sostenibilidad del sistema dependerá estrictamente de reformas estructurales aplicadas sobre el gasto y los parámetros de los beneficios.
El Fondo emitió una serie de recomendaciones directas para detener la sangría financiera de la CCSS:
Directrices para el ROP y las Pensiones No Contributivas
El informe dedica un apartado a los demás pilares del sistema de retiro del país. El FMI detalla que la reforma planificada para reestructurar el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) hacia un modelo de fondos generacionales basados en la edad de los aportantes fue suspendida en marzo de 2025 para realizar estudios técnicos de impacto, quedando pospuesta formalmente hasta el año 2029.
Para optimizar el rendimiento del ROP, el FMI recomienda relajar de forma gradual los límites regulatorios actuales que restringen las inversiones de los fondos de pensiones en los mercados internacionales, lo que permitiría una mejor diversificación de activos.
No obstante, el Fondo envía una fuerte advertencia a los legisladores de la Asamblea Legislativa: se deben rechazar de plano todas las propuestas legales que pretenden permitir retiros anticipados de los fondos de pensiones complementarias, debido a los severos impactos financieros y macroeconómicos negativos que causarían de forma inmediata en la economía nacional.
Finalmente, en el área de protección social para la vejez vulnerada, el FMI sugiere utilizar el Sistema Nacional de Información Social (SINIRUBE) para expandir la cobertura del Régimen de Pensiones No Contributivas (RNC). El objetivo propuesto es universalizar este beneficio básico para dar cobertura al 100% de los adultos mayores del país que viven por debajo de la línea de pobreza. De adoptarse esta medida impositiva de asistencia, requeriría una asignación presupuestaria recomendada del 0,1% del PIB para el año 2027 en comparación con las proyecciones del escenario base actual.
