La Nación, Costa Rica
9 de junio de 2026
La Asamblea Legislativa archivó de forma definitiva el proyecto de ley que buscaba obligar al Banco Central de Costa Rica a priorizar el pleno empleo.
El Plenario de la Asamblea Legislativa archivó el lunes 8 de junio el Expediente N.° 23.165, la iniciativa que pretendía reformar el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley N.°7558 del 3 de noviembre de 1995) para elevar el pleno empleo a meta prioritaria de la institución emisora. La votación fue breve y contundente: los 29 diputados de la fracción Pueblo Soberano rechazaron la moción de ampliación del plazo cuatrienal contemplada en el artículo 119 del Reglamento Legislativo, sellando el fin del expediente.
Al no renovarse el plazo, el proyecto quedó automáticamente archivado sin posibilidad de retomar su trámite bajo ese mismo número de expediente.
Cuatro años de trámite legislativo sin resultado
El expediente fue presentado originalmente el 9 de junio de 2022, precisamente cuatro años antes de su archivo. Durante ese tiempo, la iniciativa avanzó lentamente en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos del Congreso anterior (período 2022-2026), sin lograr nunca ser votada en primer debate en el Plenario.
La propuesta era técnicamente simple en su redacción pero políticamente compleja en su implicación: reformar el artículo 2 de la Ley 7558 para que se leyera de la siguiente manera:
"El Banco Central de Costa Rica deberá mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas acorde con el potencial de la economía para aumentar la producción, con el fin de promover el pleno empleo de los recursos productivos, los precios estables y las tasas de interés moderadas en el largo plazo. Además, tendrá como objetivos subsidiarios los siguientes:"
En el texto vigente, la ocupación plena aparece únicamente como un objetivo subsidiario de la institución, no como mandato principal.
La iniciativa fue impulsada principalmente por la entonces diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén Pérez —economista de profesión—, quien argumentó que el BCCR debería asumir un rol activo ante el desempleo estructural del país, similar al mandato dual que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos.
El Banco Central siempre se opuso
Desde el inicio del trámite, el BCCR fue uno de los principales críticos de la reforma. En abril de 2023, la institución emitió formalmente sus objeciones técnicas. El presidente de la entidad, Róger Madrigal, argumentó que la redacción propuesta era ambigua y que convertir el empleo en objetivo prioritario podría subordinar la estabilidad de precios —el mandato histórico del banco— a metas de política económica que corresponden al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Trabajo.
"No les importa el empleo del país. Más de 120.000 empleos perdidos por una política del Banco Central que genera pobreza", defendió en su momento Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, citando las críticas de sectores opositores a la política monetaria del BCCR.
La institución, por su parte, sostuvo que la baja inflación y la estabilidad económica conseguidas en los últimos años son precisamente las condiciones que permiten la creación sostenida de empleo.
El mecanismo de archivo: artículo 119
El artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que todo proyecto de ley caduca si transcurren cuatro años sin ser aprobado. Para evitar el archivo, la Asamblea puede votar una moción de ampliación del plazo cuatrienal que extiende la vida del expediente por cuatro años más, pero esa moción también requiere una mayoría legislativa.
En la sesión ordinaria N.°22 del lunes 8 de junio, esa moción de prórroga fue puesta a votación y rechazada por los 29 votos del bloque oficialista Pueblo Soberano, que controla la Asamblea tras ganar en las elecciones del pasado 2 de febrero y asumir la conducción del Congreso el 1° de mayo de 2026. Ningún diputado de la oposición logró convencer al nuevo oficialismo de salvar la iniciativa.
El archivo del expediente ocurre en un contexto en que el mercado laboral costarricense sigue mostrando fragilidades estructurales. Según datos del INEC, la tasa de desempleo cerró en 6,6% en enero de 2026, idéntica a la registrada doce meses antes, con aproximadamente 154.000 personas sin trabajo. La tasa de informalidad ronda el 38,2% de la población ocupada, lo que significa que cerca de 824.000 trabajadores carecen de protección social.
El propio Banco Central reconoció a inicios de 2026 un estancamiento en la generación de empleos —las tasas de variación interanual se habían mantenido planas durante varios trimestres—, aunque la institución atribuye el fenómeno a factores estructurales más allá del alcance de la política monetaria.
