Perder en democracia

Colombia cerró una elección presidencial de segunda vuelta el 21 de junio con un margen estrecho: 49,66% para Abelardo De La Espriella frente a 48,70% para Iván Cepeda. Esa diferencia exigía algo elemental: prudencia. El presidente Gustavo Petro cuestionó el preconteo la misma noche de la votación, alegando irregularidades en los formularios E-14. Las misiones de la OEA, la Unión Europea y la MOE, junto con Transparencia Electoral, coincidieron en que el sistema funcionó con normalidad y sin irregularidades sistemáticas. Aun así, Petro insistió este fin de semana en que el resultado fue alterado desde un servidor con IP en Los Ángeles, y escribió que el verdadero presidente es el senador Cepeda. Calificó de ilegítimo al gobierno entrante antes de que este asuma funciones. Cepeda, por su parte, condicionó su reconocimiento del gobierno electo a exigencias ajenas al proceso electoral: que De La Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense, aclare vínculos con agencias de seguridad extranjeras y, sobre todo, garantice que Petro no será extraditado. Ante el incumplimiento, anunció que promoverá la desobediencia civil, respaldada, según dijo, por toda su bancada del Pacto Histórico. El problema de fondo no es la existencia de una oposición firme, necesaria en cualquier democracia madura. Es condicionar el reconocimiento de una autoridad legítimamente electa a garantías políticas para un tercero: el propio presidente saliente. Eso convierte la oposición en escudo, no en contrapeso. La desobediencia civil, según la Corte Constitucional, exige agotar antes las vías institucionales y responder a una injusticia concreta, no anticiparse a un gobierno que aún no ha tomado una sola decisión. Las reacciones institucionales han sido, con razón, contundentes. El próximo ministro del Interior calificó las afirmaciones presidenciales de delirantes y antidemocráticas. El vicepresidente electo las llamó vergonzosas. El presidente del Senado rechazó cualquier llamado a desconocer la autoridad de un mandatario legítimo. Incluso dentro del gobierno saliente hubo distancia, con un desenlace revelador: el Ministro de Justicia dijo que no compartía el llamado a la desobediencia civil, y horas después Petro firmó su salida del cargo. Ese contraste importa. Cuando la disidencia surge también desde adentro y termina en una salida del gabinete, la señal es clara: esto no es un round más de la polarización habitual, sino un asunto de cimientos institucionales. Un presidente en ejercicio no habla con el peso de un ciudadano cualquiera ni con la libertad retórica de un senador de oposición. Sus palabras certifican o erosionan la credibilidad de las instituciones que representa. Han pasado cuatro años de gobierno y, en su tramo final, la oportunidad de cerrar con altura institucional parece perderse. En vez de desescalar, la respuesta ha sido reincidir en conjeturas sin sustento que, para una base movilizada, terminan operando como hechos consumados. Para inversionistas y calificadoras la señal también es relevante: la estabilidad institucional se construye con años y se erosiona con un trino. El Consejo Nacional Electoral ya entregó su credencial a Abelardo De La Espriella el 25 de junio. La Constitución no le reconoce a Gustavo Petro ninguna facultad para impedir la transición del poder el 7 de agosto, sin importar cuántos trinos o "pataletas de ahogao" se sigan escuchando. Colombia ya escogió. Como en El otoño del patriarca, de García Márquez, hay un poder que se resiste a aceptar que ya se fue, y no hará falta que él lo acepte.